Las naciones sedientas del mundo pagarían mucho dinero por el agua de Canadá, cuyo gobierno promueve una moratoria a la exportación del líquido.
Activistas ambientalistas se muestran preocupados por el hecho que Ottawa ya haya cedido el control de este recurso por ser miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).
Gran parte de la reserva de agua de Canadá está concentrada en pequeños lagos en tradicionales áreas de caza y pesca de los aborígenes de la región ártica y subártica.
Quienes se oponen a las exportaciones del líquido temen que el sensible ecosistema del norte pueda ser destruido por la extracción de agua de sus lagos y ríos.
Sin embargo, hay presión en Canadá para enviar agua a Estados Unidos y Asia, porque las compañías ven ganancias fáciles en la construcción de cañerías.
La escasez de agua se volvió algo común en el sur de California y otras regiones secas de Estados Unidos.
Las Grandes Llanuras dependen de la irrigación de agua bombeada desde el acuífero de Oglala, una piscina de agua subterránea que se extiende hacia Canadá y que se formó con el derretimiento de los glaciares continentales hace 8.000 años.
El acuífero se redujo a 25 por ciento de su tamaño original.
El gobierno de Canadá se opuso durante mucho tiempo a la desviación de ríos hacia Estados Unidos.
En los años 80 los inversores desarrollaron un plan para cambiar la corriente de grandes ríos en Canadá central y tener una reserva de agua potable en la Bahía de Hudson, al sur. Ese plan se descartó cuando el gobierno canadiense aprobó nuevas leyes ambientales.
Sunbelt Ltd., una compañía estadounidense, presentó una demanda contra el gobierno canadiense a fines de 1998 alegando que negar el permiso para el envío de agua fresca desde un río de Columbia Británica a Estados Unidos iba contra las reglas del TLC.
La compañía pretende 220 millones de dólares por supuesta pérdida de ganancias.
El agua habría provenido de corrientes situadas en áreas reclamadas como territorio aborigen. La región es una de las más importantes áreas de desove del salmón de la costa del Pacífico.
Ottawa respondió la semana pasada pidiendo a 10 provincias de Canadá que declararan una moratoria de las exportaciones de agua y trabajaran en un acuerdo nacional.
"Llegó el momento de actualizar la política de aguas de Canadá, e incluir toda la gama de temas que amenazan nuestra cuenca, uno de los cuales es la extracción en grandes cantidades", dijo la ministra de Medio Ambiente Christine Stewart.
"La extracción de grandes cantidades de agua podría modificar el ambiente, alterando los hábitat de especies nativas y posiblemente introduciendo especies nuevas, exóticas, que no se encuentran normalmente en el ecosistema", dijo.
"Estos cambios en el ecosistema también tendrían consecuencias en la forma de vida y trabajo de las personas", agregó.
Muchos ambientalistas temen que la solicitud federal haya llegado demasiado tarde.
En 1998, una compañía de Ontario llamada Nova Group fue autorizada para exportar a Asia 600 millones de litros de agua por año del Lago Superior, el mayor lago de agua fresca del mundo.
La compañía tiene el apoyo del gobierno de la provincia de Ontario, pero puede ser detenida por la Comisión Conjunta Internacional, la agencia canadiense-estadounidense que administra las aguas limítrofes.
Otra compañía, McCurdy Group, pretende exportar 52 millones de litros de agua por año del lago Gisborne, en Newfoundland, una de las regiones más pobres de Canadá. El gobierno de Newfoundland no decidió todavía si otorgará el permiso de exportación.
Maude Barlow, presidenta del Consejo de Canadienses, un grupo de organizaciones que se opone a la globalización, dijo que puede ser muy tarde para detener a las compañías estadounidenses y evitar que tengan libre acceso a los recursos hídricos de Canadá.
El gobierno canadiense debe hacer que las reservas de agua se incluyan en el tratado de integración norteamericano, opinó. El TLC une a Canadá, Estados Unidos y México en una región de libre comercio.
"La solicitud federal de prohibiciones a las exportaciones de agua no es obligatoria para las provincias. Si una provincia decide que no adherirá al estándar federal y aprobará uno propio, pone a todas en peligro porque el TLC fue firmado por el gobierno federal", explicó.
"Es responsabilidad del gobierno federal tener esta clase de jurisdicción. Cuando cualquier provincia permite la exportación de agua para fines comerciales, todas las prohibiciones provinciales del país están en riesgo, porque sólo la legislación federal relacionada con el TLC puede tratar este asunto", dijo.
Barlow indicó que sólo se necesita que un país del TLC comience a exportar agua a los otros dos para que sus recursos estén abiertos a la explotación.
"No creo que el gobierno canadiense haya entendido lo que implica el hecho de que una compañía canadiense tenga un contrato para exportar 18.000 millones de galones de agua de Alaska cada año. Eso está firmado y sellado y comenzarán las exportaciones dentro de un año", destacó.
"Uno de los tres países del TLC abrió la exportación comercial de agua, lo que significa que el TLC fue disparado en términos de recursos hídricos en los tres países", agregó.
"Esto abre los derechos estatales de inversión, la disposición en virtud de la cual Ethyl demandó a Canadá por prohibir el MMT (aditivo del combustible) y nos obligó a revertir esa decisión", admitió Barlow.
"Es la misma disposición bajo la cual Sunbelt demanda al gobierno de Canadá", concluyó. (FIN/IPS/tra-en/mb/mk/at-dg/en/99
