La Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) sobre irregularidades y corrupción en el Poder Judicial que el Senado debe instalar la semana próxima somete a Brasil a nuevas turbulencias, ahora en el campo institucional.
"La CPI es inconstitucional y amenaza a la democracia", afirmó el presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Reginaldo de Castro, que prometió acciones legales para trabar al organismo.
El propio reglamento interno del Senado impide su instalación, al "prohibir explícitamente la investigación parlamentaria sobre atribuciones del Poder Judicial", sostuvo a su vez Wagner Pimenta, presidente del Tribunal Superior del Trabajo.
La controversia que opone a los poderes legislativo y judicial fue desatada por el presidente del Congreso Nacional, Antonio Carlos Magalhaes, que obtuvo, el miércoles pasado, apoyo de la amplia mayoría de sus colegas senadores para aprobar la CPI.
Para ello denunció que jueces y tribunales fueron culpables de 103 casos de corrupción, nepotismo, despilfarro de recursos públicos, favorecimiento de particulares, fallos absurdos, exagerada lentitud de funcionamiento y discriminación contra los más pobres.
Las comisiones de investigaciones parlamentarias ganaron gran fuerza moral en Brasil desde 1992, cuando una de ellas llevó al derrocamiento del ex presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción.
El único objetivo de Magalhaes es suprimir la justicia laboral, fundamental para la protección de los trabajadores, acusó Leonel Brizola, líder del Partido Democrático Laborista, recordando que el senador defendió siempre intereses del capital y apoyaba al régimen militar (1964-1985).
Magalhaes, en realidad, propone hace un mes la eliminaciñon de los tribunales laborales y también de los militares, atacándolos como "inútiles".
"La Justicia del Trabajo es una excrecencia del Estado fascista, un anacronismo", dijo en el discurso en el que justificó la creación de la CPI, refiriéndose al hecho de que la legislación brasileña se inspiró en la italiana del fascismo.
Su inutilidad será ratificada, según Magalhaes, si el Tribunal Superior del Trabajo, instancia máxima de esa rama judicial, emite un fallo indexando los salarios, es decir imponiendo la corrección salarial de acuerdo con la inflación pasada.
El movimiento sindical volvío a presionar por aumentos salariales que compensen las pérdidas de poder de compra, ahora que la inflacinó volvi a elevarse, producto de la devaluación de la moneda nacional, que alcanza 45 por ciento desde el 13 de enero.
Una reforma del Poder Judicial es una necesidad reconocida por sus sus propios miembros, incluso por su autoridad máxima, el presidente del Superior Tribunal Federal, Celso de Mello.
Pero la iniciativa del Senado provocó fuertes reacciones. Adems de manifestaciones de jueces, fiscales, abogados y políticos, que advirtieron sobre los riesgos institucionales de ral medida, se produjeron resistencias políticas.
El Partido del Movimiento Democrático Brasileo (PDMB), mayoritario en el Senado (controla 26 de los 81 escaños), exige la instalació de otra CPI para investigar el sistema financiero, en contrapartida a su apoyo a la pretendida por Magalhaes.
Los adversarios de Magalhaes temen a su vez que la batalla contra el Poder Judicial sea el trampolín para la candidatura del líder del Partido del Frente Liberal (PFL) a la presidencia del país en el 2002.
El objetivo del senador sería ganar popularidad nacional atacando una justicia reconocidamente ineficiente y a los jueces que contratan familiares y gastan millones en la construcción de edificios lujosos cuando el país se esfuerza por equilibrar las cuentas públicas.
"Si vamos a investigar al Poder Judicial, tenemos que hacerlo también en relación a los bancos", argumentó el presidente del PMDB, el senador Jader Barbalho, recordando las decenas de miles de millones de dólares destinados en los últimos años a salvar algunas instituciones de la quiebra.
Esa lucha (contra el sistema financiero) también es muy popular, especialmente después de la divulgación de informaciones sobre las abultadas ganancias de los bancos con la devaluación del real en enero, un caso en el que tampoco el Banco Central sale bien parado.
Los senadores pusieron así al país ante un dilema, entre la necesidad reconocida de "limpiar" su Poder Judicial y el trauma de una CPI, que puede agravar el descrédito en la justicia, con consecuencias imprevisibles. (FIN/IPS/mo/dg/if-ip/99
