Costa Rica fue uno de los primeros países de América Latina en emprender una reforma penitenciaria para la reinserción social de los presos, pero hoy, 19 años después de lanzado, el proyecto está ahogado por la sobrepoblación de las cárceles y la falta de recursos.
"La prisión por sí sola no rehabilita a nadie y cuando hay tantas personas, detenidas, hacinadas y en malas condiciones sería una utopía hablar de rehabilitación", explicó en entrevista con IPS la ministra de Justicia, Mónica Nágel.
El desborde de la crisis penitenciaria costarricense, similar a la de otros países del continente, ha empezado a mostrar síntomas preocupantes.
El tráfico de drogas, las riñas internas y las fugas son parte del violento paisaje que ha puesto a las autoridades carcelarias en emergencia.
Para Nágel, la falta de policías y la corrupción entre los guardias son parte de esa bomba social. Y el hacinamiento, la gran dinamita del problema.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia y la Dirección de Adaptación Social, sólo la Unidad de Admisión de San Sebastián -una de las principales cárceles del país, ubicada en plena capital- tiene una capacidad máxima para 450 presos, pero tiene 1.047 reclusos.
En las 14 cárceles del país hay registrados 7.410 presos, 2.000 más de los que podrían caber en condiciones normales en esos establecimientos.
"Tenemos que albergar a 350 presos peligrosos en celdas de máxima seguridad y, sin embargo, en estos momentos sólo hay espacio para 44", indicó la ministra.
Entre mayo de 1998 y este mes la población carcelaria aumentó en 2.000 personas.
Este crecimiento, según el abogado Luis Sáenz, podría deberse a que el nuevo Código Procesal Penal, vigente desde el 1 de enero de 1998, es más restrictivo en materia de prisión preventiva.
El anterior contemplaba ese recurso como una excepción, pero en el actual es mucho más común.
Paralelo a esto en los últimos años el país ha registrado un alza en sus índices delictivos.
De acuerdo con el informe 'El estado de la nación", que elaboran organizaciones no gubernamentales con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los delitos contra la propiedad y contra la vida han crecido paulatinamente en Costa Rica.
Mientras en 1980 hubo 101 casos de homicidios dolosos, en 1996 se registraron 189.
A pesar de que el fenómeno de la sobrepoblación en las cárceles es evidente, Nágel explica que su presupuesto, que en su mayoría se ocupa en la alimentación de los reos y en los salarios de funcionarios, no ha aumentado proporcionalmente.
"En un país subdesarrollado donde tenemos necesidades de más aulas, hospitales y carreteras es muy difícil que se destinen fondos al sistema penitenciario", lamentó la funcionaria.
La atención de cada recluso cuesta al Estado costarricense, en promedio, 15 dólares diarios y esta cifra, de acuerdo con la ministra, se ha vuelto "muy cara para los pocos recursos que se tienen".
La consecuencia de las limitaciones para contar con más personal y mayor seguridad quedó en evidencia el día 7, cuando, durante la hora de visita, un comando armado entró y liberó a cinco reos de San Sebastián.
El 2 de diciembre de 1998 también hubo disturbios en otra de las principales cárceles del país, el centro penitenciario La Reforma.
En esa ocasión el incidente que disparó la inestabilidad en el reclusorio fue un intento de fuga que dejó como resultado un reo muerto y tres heridos.
Días después de este hecho, 450 policías realizaron un operativo de búsqueda de armas entre los presos de ese centro y entre los artículos decomisados hubo variedad de armas blancas, como punzones, puñales, cuchillos artesanales y hasta un machete de poda.
"Por increíble que parezca, en ninguna de las cárceles del país hay detectores de metales", señaló Nágel, quien decidió sacar los aparatos que estaban en su propio ministerio para reubicarlos a la entrada de la cárcel capitalina.
Hay quienes opinan que la inseguridad en las cárceles costarricenses no es sólo para los reclusos, sino también para las comunidades en las que se ubican y para los funcionarios que trabajan en ellas.
"La cantidad de agentes de seguridad que hay en 1999 es la mismo que hace 15 años", reveló a IPS Guillermo Arroyo, director de Adaptación Social.
Se calcula que en algunas cárceles un agente de seguridad tiene a su cargo la vigilancia de 200 y hasta 300 presos.
Nágel sostiene que este rompecabezas social no se podrá solucionar a corto plazo, pero que en un lapso de cuatro años tiene como meta reducir al máximo los problemas que conllevan la sobrepoblación y el hacinamiento.
Una de las opciones planteadas es la de privatizar las cárceles, pero la ministra no es optimista en ese sentido.
"En caso de que privaticemos nuestras cárceles es muy poco probable que haya empresas interesadas, pues cuantitativamente nuestra población de reos es pequeña en comparación con otros países", indicó.
Sin embargo, subrayó que lo que sí se privatizará es la concesión de construcción de una nueva cárcel en el sector de Guápiles, 50 kilómetros al este de San José, que se planea iniciar en los próximos meses.
Los disturbios y las riñas internas en las cárceles suponen otro dolor de cabeza para las autoridades.
Entre las soluciones que se han puesto en práctica destaca un novedoso programa de trabajo para internos.
A los reclusos se les ofrece un oficio dentro de las celdas que les permite un salario mínimo remunerado.
"El trabajo dignifica y hace sentirse bien a las personas", comentó Nágel.
Gracias a este convenio con empresas privadas, los reos producen diariamente 200 pupitres para escuelas, 400 metros cuadrados de terrazo y 2.000 unidades de bloques para la construcción de viviendas. (FIN/IPS/nms/dg/pr-ip/99
