El ex dictador chileno Augusto Pinochet fue el principal inspirador de la Operación Cóndor, coordinación represiva entre las dictaduras militares del Cono Sur de América, y era identificado como "Cóndor Uno".
La Operación Cóndor, en la cual participaron las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, comenzó a gestarse en Santiago en octubre de 1975, aunque existían antecedentes de acciones represivas conjuntas.
En esa fecha se reunieron en la capital chilena, invitados por el general Manuel Contreras, entonces a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía política de la dictadura de Pinochet), los jefes de inteligencia de esos seis países.
Contreras comenzó a purgar en octubre de 1995 una condena a siete años de cárcel por su participación en el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier y de la secretaria estadounidense de éste, cometido en Washington en 1976.
Los jefes de inteligencia reunidos en Santiago organizaron una suerte de "mercado común represivo", un espacio transnacional en el cual los militares de los países implicados no conocieron límite alguno para actuar.
La creación de un banco de datos común a los seis países permitió la localización, el seguimiento, el secuestro, la tortura y el asesinato de centenares de opositores argentinos, brasileños, chilenos, paraguayos y uruguayos, con independencia del país en que residieran.
La Operación Cóndor no sólo actuó en territorio de los seis países que participaron en ella, sino también en otras naciones.
Las acciones represivas conjuntas incluyeron también el saqueo del domicilio de los detenidos, pedidos de rescate por los secuestrados, apropiación ilegal de hijos de desaparecidos y su entrega "en adopción" a militares.
A Pinochet se le atribuyó la frase "en Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa", y los jueces españoles Baltasar Garzón y Manuel García Castellón, a cuyas actuaciones se debió la detención en Londres del ex dictador el 16 de octubre, suponen que éste tiene mucho que decir sobre la Operación Cóndor.
Argentina, donde se concentraron a principios de los años 70 la gran mayoría de los exiliados de los otros cinco países participantes en la Operación Cóndor, fue la base principal de ese plan.
Fue allí que desaparecieron, entre 1976 y 1981, 94 españoles o chilenos de ascendencia española huidos de Chile, cuyo secuestro y presunto asesinato es uno de los capítulos de la acusación por genocidio y terrorismo internacional contra el ex dictador y hoy general vitalicio chileno presentada por España.
Pinochet es el primer chileno detenido por orden del juez español Garzón.
Previamente, Garzón había ordenado la detención en España del ex marino argentino Adolfo Scilingo, que admitió haber participado em la ejecución de algunos de los 4.400 desaparecidos arrojados a aguas del Río de la Plata en los primeros años de la última dictadura en su país (1976-1983).
A raíz de las declaraciones de Scilingo, la lista de represores argentinos que el juez español reclama en el marco de su investigación sobre la Operación Cóndor llegó a incluir cerca de 160 nombres.
Garzón se ha declarado decidido a llegar "al corazón del Cóndor", que tenía sus principales bases de operaciones en Buenos Aires y Santiago.
En las fundamentaciones de la causa que emprendió, el juez dice que en Chile y Argentina existió "una organización armada" que "aprovechó la estructura militar y la usurpación del poder para, con impunidad, institucionalizar un régimen terrorista".
También para "desarrollar con eficacia el plan de desaparición y eliminación sistemática de miembros de grupos nacionales, imponiéndoles desplazamientos forzosos, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, aprovechando la ayuda y coordinación con otros países".
El juez no sólo acusó a militares argentinos y chilenos, sino también a siete uruguayos que operaron en 1976 y 1977 en Buenos Aires.
Contra ellos Garzón no ha dictado aún orden de prisión internacional, pero lo hará pronto, según informó en febrero, tras prestar declaraciones en Madrid ante el juez, el periodista uruguayo Samuel Blixen, autor de un libro sobre la Operación Cóndor que fue incorporado al expediente de la causa.
Cientos de militantes de oposición chilenos, paraguayos y uruguayos desaparecieron en diferentes puntos de Argentina como consecuencia de las operaciones conjuntas de los mandos militares del Cono Sur.
También fueron secuestrados argentinos en Uruguay, y argentinos, chilenos y uruguayos en Paraguay y Brasil.
La coordinación represiva comenzó a ser puesta en evidencia mediante testimonios concordantes de víctimas de la represión que escaparon al exterminio.
El juicio a los integrantes de las juntas militares que gobernaron en Argentina entre 1976 y 1983, desarrollado en Buenos Aires en 1984, permitió la salida a luz de miles de documentos en los que aparecían datos concluyentes sobre la intervención directa de servicios de inteligencia extranjeros en ese país.
Lo mismo sucedió tras el descubrimiento, en 1992, del "archivo del terror", como se conoce a la documentación de la policía de la dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner (1954- 1989) relativa a la detención y destino de opositores políticos y exiliados sudamericanos.
Entre los casos más resonantes de colaboración represiva transnacional figura el asesinato en Buenos Aires de los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en mayo de 1976.
Antes de que comenzara formalmente la Operación Cóndor, ya había habido numerosos casos de colaboración entre servicios represivos del Cono Sur.
A esa cooperación se debieron, por ejemplo, el asesinato en 1974 en Buenos Aires del ex jefe del ejército chileno Carlos Prats y del ex presidente de Bolivia Juan José Torres.
En varios puntos del territorio de Argentina funcionaron en los años 70 centros clandestinos de detención en los que se recluía, torturaba y asesinaba a argentinos y extranjeros.
Uno de esos centros clandestinos fue "Automotores Orletti", donde se mantuvo en cautiverio a decenas de uruguayos y algunos chilenos secuestrados en Buenos Aires tras operativos en los que participaron militares argentinos y de los países de los que procedían las víctimas.
La difusión de los archivos de la Dirección de Inteligencia de Paraguay no sólo dejó al descubierto el accionar de la policía política de ese país durante la dictadura de Stroessner, sino también la coordinación represiva en el Cono Sur.
En esos archivos aparece una carta, fechada en diciembre de 1975, del chileno Contreras a sus pares de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en la cual se habla por primera vez de la Operación Cóndor y de la necesidad de constituir un banco de datos común como paso previo a toda actuación conjunta.
En las cuatro toneladas de documentos contenidos en los archivos policiales e incautados por la justicia paraguaya se registran igualmente, con precisión, operaciones secretas en las que participaron militares de varios países del área.
Una de ellas tuvo que ver con el traslado clandestino a Buenos Aires, en 1978, de tres opositores argentinos y dos uruguayos que habían sido secuestrados en Asunción el año anterior.
Poco después, el 28 de junio de 1978, el coronel paraguayo Benito Guanes y su par argentino Juan Félix Porcel firmaron un acuerdo que autorizó "el trabajo conjunto en los interrogatorios" a secuestrados en uno u otro país y el "intercambio de detenidos encubiertos".
También se detallaron en ese documento "las condiciones de los traspasos".
Militares uruguayos y chilenos fueron acusados del secuestro en 1992, cuando ya no había dictaduras en el Cono Sur, del ex agente de la DINA Eugenio Berríos, cometido en una zona cercana a Montevideo. Todo indica que esta cooperación se desarrolló a partir de los vínculos establecidos durante la Operación Cóndor.
Berríos, cuyo cadáver apareció posteriormente en Uruguay, podía exponer "trapos sucios" de la dictadura chilena, y especialmente sobre el asesinato de Letelier, que había sido ministro del gobierno socialista de Salvador Allende, derrocado por Pinochet en 1973.
La mayoría de estos delitos no podrán ser incorporados al eventual juicio a Pinochet en España, ya que fueron expresamente excluidos por el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña.
Por mayoría de sus integrantes, el comité sólo admitió este miércoles la posibilidad de extradición de Pinochet a España por delitos de tortura y conspiración para torturar posteriores a diciembre de 1988, la fecha en que entró en vigor en Gran Bretaña la Convención Internacional contra la Tortura. (FIN/IPS/dg/mp/ip hd/99
