La crisis económica que atraviesan varias instituciones privadas de asistencia médica de Uruguay ha puesto en jaque a una modalidad de servicios de salud que beneficia a casi la mitad de los 3,3 millones de habitantes del país.
Reiteradas quejas y denuncias de los pacientes ante el Ministerio de Salud Pública (MSP), restricción en el suministro de medicamentos y exámenes médicos y otras carencias han generado un enfrentamiento entre las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) y el Poder Ejecutivo.
Las IAMC o "mutualistas" comenzaron como una combinación de seguros de salud y sociedades de socorros mutuos, en beneficio de colectividades de inmigrantes y otros grupos sociales, y se convirtieron en sistemas de medicina privada prepaga, con una cuota que asegura iguales derechos a todos los afiliados.
Actualmente asisten a casi 1,5 millones de personas que pagan entre 55 y 60 dólares por mes. Entre los beneficiarios del sistema se cuenta la mayoría de los empleados privados, cuya afiliación asegura el Estado mediante descuentos de sus salarios y recaudación de aportes de sus empleadores.
Todos los afiliados tienen derecho a intervenciones quirúgicas gratuitas y a la internación sin costo en sanatorios de las IAMC, pero pagan un tique por cada consulta a los médicos, y por cada medicamento recetado por éstos que reciben.
En la última década las mutualistas comenzaron a enfrentar serios problemas económicos, particularmente debido al incremento de gastos en tecnología de alta especialización, a la dura competencia entre ellas y con otros servicios privados de salud, y al alto porcentaje de su presupuesto que se destina a salarios.
A partir de la semana pasada comenzó en las IAMC la suspensión de empleados, al mismo tiempo que sus dirigentes presionaban al gobierno para que liberalizara la fijación del precio de la cuota mensual, hasta ahora regulada por medio del MSP.
Ante el riesgo de despidos en el sector, la Federación Uruguaya de la Salud, el sindicato que agrupa a los trabajadores del sistema privado, convocó a una huelga con movilizaciones para el día 9.
Según el sindicato, la Mutualista Israelita del Uruguay (MIDU) comunicó a sus trabajadores que debían optar entre una rebaja salarial de entre el 15 y el 20 por ciento y el cese de varios empleados.
"Pretendemos que el gobierno deje de fijar el precio de las cuotas y de los tiques de atención y medicamentos, para poder manejarnos en el juego de la oferta y la demanda del mercado", dijo a IPS Julio Pilón, presidente de la Unión de la Mutualidad del Uruguay, que agrupa a dirigentes empresariales de las IAMC.
Por otra parte, fuentes del Ministerio de Economía dijeron que el gobierno no está dispuesto a ceder a esa demanda.
El viceministro de Economía, Juan Moreira, dijo que el sistema de mutualistas ha sido uno de las razones de que Uruguay se destacara en el mundo.
"Uno de los problemas mayores en la actualidad es que más de dos tercios de los costos que se tienen en cuenta para ajustar el precio de las cuotas corresponden a salarios", dijo Moreira.
El viceministro destacó además que "mutualistas, en el verdadero sentido de la palabra, hay sólo tres, porque las demás son cooperativas médicas donde los dueños son los propios profesionales, que bien pueden obtener beneficios mediante sus salarios".
El gobierno propuso transformar el actual sistema de mutualistas en otro de seguros individuales de salud, cuyos servicios dependerían de la cuota pagada por cada afiliado.
Portavoces de las IAMC expresaron su rechazo a esta propuesta alegando que descarta la solidaridad, a la cual consideran uno de los aspectos básicos del sistema actual.
Pilón sostuvo además que "la crisis en la atención médica no es un fenómeno puramente uruguayo, pues los avances de la ciencia (que implican mayores gastos en tecnología médica) también han hecho mella en los países industrializados".
Según la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, la principal causa de las ineficiencias del sistema "es el exceso de regulación (por parte del Estado), que impide realizar un gestión de gerencia más eficiente".
En un comunicado a la opinión pública, la coordinadora declaró que "no promoverá ni avalará reformas que pongan en riesgo el sistema mutual, la continuidad de los servicios y el nivel de asistencia que brindan".
El ministro de Salud, Raúl Bustos, dijo que no existe una crisis en el mutualismo, sino algunas mutualistas con problemas económicos y financieros que las dejan "en una situación crítica y grave".
La expectativa de vida en Uruguay llega a casi 73 años y es una de las más altas de América Latina, cercana a la de los países desarrollados (donde oscila en torno a los 75 años).
Entre 1996 y 1998 la mortalidad infantil se redujo 20 por ciento, ubicándose en 16 por mil.
El mutualismo, otras instituciones privadas y los servicios públicos del MSP brindan a 100 por ciento de la población acceso a servicios de salud que incluyen actividades de prevención en salud bucal, ginecológica, mental, ocular y oncológica. (FIN/IPS/rr/mp/he/99)
