La reducción de los subsidios a las familias que han recibido tierras del Estado es el cambio más polémico a la reforma agraria que se está discutiendo en Brasil.
El ministro de Política Agraria, Raul Jungmann, aseguró que el gobierno seguirá asentando entre 80.000 y 85.000 familias por año, pero en base a créditos menos generosos y a una "emancipación" más rápida de los beneficiados.
El Estado no dispone de recursos suficientes para entregar a esa cantidad de familias dentro del modelo anterior, argumentó el ministro, ante la oposición de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales que lo acusan de imponer reglas de mercado en un programa de carácter social.
Además de las limitaciones fiscales, más agudas ahora que el gobierno debe reducir dramáticamente sus gastos para evitar el colapso financiero, la revisión de la reforma agraria responde también a conclusiones de una intensa investigación y discusión desarrollada desde el año pasado.
Más de 100 profesores de 20 universidades particparon en 18 estudios sobre distintos aspectos de esta problemática, señaló Jungmann.
Los cambios son también un "efecto del éxito", definió Ademar Romeiro, investigador de la Universidad de Campinas, que intervino en una serie de informes llevados a cabo para el Ministerio de Política Agraria en convenio con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La aceleración de la distribución de tierras "desnudó las fallas del proceso", antes ocultadas por la pequeña escala, explicó el economista.
En los cuatro últimos años unas 287.000 familias recibieron tierras de parte del Estado, contra un promedio de apenas 7.000 por año en el período anterior, según datos del gobierno.
Un problema es la relación paternalista del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), el órgano ejecutor del proyecto, cuyas subvenciones hacen que los beneficiados tiendan a permanecer indefinidamente bajo su dependencia, destacó Romeiro.
Los subsidios al crédito son "un caso único en el mundo", ya que la mitad del préstamo es condonada, y aun así la insolvencia alcanza entre 17 y 25 por ciento, añadió Carlos Guanziroli, consultor de FAO que coordinó siete estudios de evaluación de los asentamientos realizados.
El descuento lleva a que numerosos campesinos consideren esos créditos como una donación y "no aprovechen bien el regalo", explicó Guanziroli.
La solución, según los técnicos, no es caer en el extremo opuesto y suprimir esos préstamos sino formalizar la mitad como subvención de hecho y sobre la otra imponer intereses reales, aunque inferiores a los de mercado.
Otro problema identificado es el alto costo de la tierra en Brasil, dos veces superior al de Argentina, pese a la caída registrada en los cinco últimos años debido a la estabilidad montetaria y a nuevas leyes que amenazan las grandes propiedades, indicó Romeiro.
Su valor suele elevarse más aún en las expropiaciones. Los propietarios siempre recurren a la justicia y a mitad de camino de los procesos obtienen fallos judiciales que aumentan las indemnizaciones en hasta nueve veces, se quejó el ministro.
Por esa razón se incrementará la obtención de tierras por mecanismos de mercado, como remates y financiamiento a largo plazo, para que los campesinos adquieran directamente una parcela.
Sin embargo, "la expropiación seguirá siendo el principal instrumento' ', dijo Jungmann.
El Impuesto Territorial Rural, cuyo aumento grava las tierras improductivas en hasta 20 por ciento al año, frustró las esperanzas de que por sí solo abaratara las tierras y promoviera una amplia redistribución de tierras en el país.
Esa tasa "abrió las puertas" a la evasión. Los grandes propietarios ampliaron las áreas declaradas exentas, por ser improductivas o constituir una reserva forestal, explicó Romeiro.
Cerrar esas puertas depende de condiciones políticas y los hacendados mantienen un fuerte poder de presión, coincidieron el economista y Regina Landim Bruno, socióloga y profesora de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro, que también participó en los estudios coordinados por FAO.
Los subsidios no impiden que gran número de familias abandonen los asentamientos. El índice promedio alcanza cerca de 30 por ciento y se debe principalmente a la mala calidad de la tierra, observó Guanzirolli.
También la falta de carreteras y de servicios eléctricos, educativos y médicos, así como el retraso en el crédito y la escasez de lazos de solidaridad en el grupo de asentados son factores importantes de la evasión, subrayó Regina Bruno.
De todos modos, la ayuda financiera es fundamental. La evasión es más fuerte en los primeros momentos, tras la llegada de las familias sin recursos a las tierras que les son asignadas.
"El asentamiento recién se estabiliza cuando comienzan a fluir los créditos", advirtió la investigadora. (FIN/IPS/mo/dg/if-pr-dv/99
