Especialistas de América Latina coincidieron la semana que concluye en Uruguay en que la explotación sexual de niños y adolescentes es un fenómeno creciente en la región sobre el que no se han tomado suficientes medidas de análisis y prevención.
Covocados por el Instituto Interamericano del Nino (IIN), especialistas de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Jamaica, Mexico, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay, analizaron la situación y llamaron a buscar soluciones.
En un seminario impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también participaron representantes de Interpol, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Los asistentes expresaron su preocupación por la situación pero coincidieron en que en existe un cúmulo de obstáculos para desarrollar un plan de acción que permita combatir ese fenómeno.
Uno de ellos es la falta de suficiente investigación y de debate público sobre la cuestión, aunque coincieron en que la pobreza y la violencia intrafamiliar son dos de los factores que permiten desarrollar esa explotación.
Las acción que el INN lleva adelante surge del mandato que la organización interamericana recibió en 1996 durante el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños celebrado en Estocolmo.
Los estudios discutidos en Montevideo el jueves y viernes pasados serán la base que utilizará el BID para promover el desarrollo de estrategias y planes de acción orientados a prevenir esa explotación.
Guillermo Dávalos, de Bolivia, dijo que en su país hay pocos análisis sobre el tema.
Precisó que aun cuando existen avances en la investigación de la violencia intrafamiliar dirigida a niños y mujeres, los problemas de la explotación sexual de niños y adolescentes se tratan como hechos aislados.
El Estado boliviano carece de estrategias para prevenir esta situación y por lo tanto tampoco tiene respuestas institucionales "en el sentido riguroso de este concepto", afirmó.
Para María Lucía Pinto Leal, de Brasil, en su país la explotación sexual comercial tiene dimensiones diversas, según la región y sus variantes socioeconómicas.
Relató que por ese camino se produce explotación en prostíbulos cerrados, en el norte, violencia contra esos grupos, en todos los centros urbanos, turismo sexual en las regiones del litoral y en las áreas portuarias y de fronteras.
En Brasil existen 40 programas de combate contra el abuso y la explotación sexual comercial de niños y adolescentes, 70 por ciento de los cuales se ejecutan en la región del nordeste.
Pinto Leal consideró necesario y urgente construir "paradigmas valorativos, éticos y jurídicos que tengan como eje central los derechos humanos y una política de protección integral e integrada de los niños y los adolescentes".
En Colombia se identifican dos modalidades básicas de explotación, la abierta o callejera y la encubierta, dijo la consultora Sonia Sánchez Sosa.
En la primera los niños o adolescentes son inducidos u obligados a ejercer la prostitución bajo la protección de proxenetas, mientras que la encubierta se realiza en casas de citas, prostíbulos o salones de masaje, entre otros lugares, agregó.
Pese a que en ese país no se dispone de cifras concretas sobre el número de niños y adolescentes explotados, Sanchéz Sosa dijo que datos policiales y de fundaciones privadas dan cuenta de 35.000 menores de edad vinculados a la prostitución.
En Chile, señaló el consultor Osvaldo Torres, la explotación debe analizarse dentro del marco de hechos sociales y culturales que deben ser considerados para la elaboración de políticas y objetivos específicos.
"En la actualidad hay un proceso cultural de mercantilización de las relaciones sociales que está impactando globalmente a casi todas las sociedades, de manera diferenciada pero con un patrón común", añadió.
Torres identificó como factores que inciden en la debilidad con que se asume el tema en Chile la ausencia de autoridades que se ocupen de la cuestión, vacíos legales que impiden reprimir con eficacia las redes de explotación, carencia de recursos para la actividad represiva y falta de coordinación entre organismos.
También destacó "el clima cultural conservador que impide abrir una discusión pública" sobre el tema, que incolucra cuestiones sensibles a las creencias religiosas y morales de los chilenos.
En Nicaragua existen problemas similares que impiden implementar acciones eficaces, dijo el consultor de ese país Danilo Medrano.
El especialista propuso trabajar desde la edad escolar en tres líneas de acción dirigidas a prevenir el maltrato, capacitar y sensibilizar, tanto a los niños como a sus familias.
Mariana González, de Uruguay, también reseñó múltiples dificultades para diseñar estrategias que permitan combatir ese flagelo.
"La escasez de estudios anteriores y de materiales nacionales que se refieran al tema es de por sí un indicador del nivel de ocultamiento relativo a la temática", destacó.
La única encuesta sobre el tema realizada en Uruguay, de octubre de 1998, indicó que 22 por ciento de los consultados expresó que los problemas económicos son el factor más relevante en esta problemática.
González afirmó que en Uruguay no existen "respuestas de tipo preventivo" para combatir ese tipo de explotación sexual. (FIN/IPS/rr/dg/pr-hd/99
