Las leyes de adopción difieren en mucho en los diversos países de América Latina, como también se diferencia la situación de la propia niñez.
En la mayor parte de América Central, hay un vacío legal al respecto a bien una situación de extrema carencia de recursos de los organismos estatales encargados de tramitar las adopciones.
Ambas situaciones llevan a que a menudo niños susceptibles de ser adoptados sean "traficados" hacia países de Europa o hacia Estados Unidos, indica un estudio de asistentes sociales latinoamericanas difundido en un coloquio sobre el tema desarrollado en Montevideo.
En cambio, en Uruguay las leyes son tan restrictivas que los aspirantes a padres adoptivos deben esperar hasta tres años para ver satisfechas sus demandas.
En Argentina, mientras tanto, una modificación de la ley de adopciones ha liberalizado el régimen imperante, permitiendo por otra parte conocer su origen biológico a las personas adoptadas.
Los candidatos a padres adoptivos uruguayos se quejan de la lentitud del sistema estatal, y más de 200 de ellos permanecen anotados en las listas oficiales de espera.
No pocos, sin embargo, recurren a otras vías, a veces ilegales.
El Instituto Nacional del Menor (INAME), organismo estatal encargado de la tutela de niños y niñas en Uruguay, entrega en adopción unos 50 niños por año.
Sin embargo, la demanda es mucho mayor a esa cifra, como también lo es la oferta, que transita por canales ajenos al Estado.
Pese a que teóricamente el INAME tiene jurisdicción nacional, en la práctica fuera de la capital son jueces y médicos de hospitales públicos del Interior del país quienes deciden dónde van los niños abandonados.
Ana María Méndez, directora del Instituto de Legitimación Adoptiva y Adopción, dependiente del INAME, afirmó que esas autoridades "entregan a los niños sin evaluación técnica del Instituto".
"Sólo se guían por las tarjetas de recomendación que presentan los candidatos", señaló.
Por otra parte, Méndez indicó que una de las razones de las largas esperas a que son sometidas las parejas candidatas es que muchos padres sólo aceptan niños muy pequeños, de características étnicas similares a las suyas y sin ningún defecto físico, aunque se trate de pequeñas malformaciones fácilmente corregibles.
Otras fuentes indicaron a IPS que "en el Interior de Uruguay conseguir un niño es muy sencillo, sobre todo cerca de la frontera con Brasil".
"Es sólo cuestión de tener las influencias adecuadas, después pasar por el juzgado y averiguar si ya consiguieron el bebé", precisaron.
Iris Vega, abogada del ILAYA, explicó que la entrega de bebés sin intervención técnica es, además de un delito, una acción que puede tener consecuencias muy graves para el niño.
Cuando el ILAYA da en adopción un bebé, destacó, posteriormente hace un seguimiento de la pareja beneficiada durante un año. Recién al cabo de ese tiempo la adopción es firme.
Numerosos candidatos a obtener un niño en adopción se quejan no obstante de las excesivas condiciones que exige el INAME para satisfacer sus demandas.
"Nos piden prácticamente que seamos padres modelo, perfectos, como si eso pudiera existir. En realidad, no piensan en los niños, que si no obtienen un hogar adoptivo seguirán en los centros del INAME, donde vivirán en condiciones mucho peores que entre gente que los querrá", señaló uno de ellos al semanario Brecha.
En Argentina, mientras tanto, donde la situación de adoptantes y adoptados es similar a la de Uruguay, un nuevo régimen de adopciones permite que, a partir de los 18 años, cualquier persona adoptada que lo desee pueda conocer su lugar de nacimiento, cómo fue su parto y quién fue su madre biológica.
Una experiencia iniciada hace tres años en una oficina del Consejo Nacional del Menor y la Familia fue precursora de este nuevo derecho civil.
María Ester Benchuya, coordinadora de esa oficina, relató que hasta allí llegaron personas que tenían desde ocho hasta 73 años de edad queriendo conocer su origen.
"La demanda creció notoriamente en los últimos años con las campañas de búsqueda de niños apropiados por los militares durante la dictadura" (1976-1983), destacó.
"Muchos adolescentes adoptados por militares y policías se presentaban espontáneamente para saber si ellos habían sido secuestrados o legalmente adoptados", añadió.
Se estima que unos 500 hijos de desaparecidos, tanto argentinos como extranjeros, fueron apropiados a fines de los años por sus captores y entregados en adopción ilícita, en su gran mayoría a parejas estériles de militares.
De ellos, 62 han logrado recuperar su verdadera identidad y l mayor parte fueron entregados a su familia biológica o están en contacto regular con ella.
Los repetitivos guiones de las telenovelas, en los cuales aparecen personajes que descubren su verdadero origen en situaciones dramáticas, son también señalados como disparador de la curiosidad de personas adoptadas que manifiestan la voluntad de conocer su pasado.
"No todos los que se acercan por la oficina del Consejo quieren conocer el nombre y apellido de su verdadera madre", dijo la abogada Patricia Carricart, jefa del Departamento de Adopción de Buenos Aires.
"Recuerdo, por ejemplo, el caso de un señor que había tenido hijos con malformaciones y quería conocer su historia clínica para detectar factores hereditarios para esas anomalías", narró Carricart.
Benchuya comentó a su vez que "otros llegan porque tienen recuerdos de haber tenido hermanos que después de adoptados jamás volvieron a ver".
"Los reencuentros entre estas personas siempre son muy emotivos, pero el vínculo que se crea raramente es de fraternidad. A lo sumo establecen una sólida amistad", sostiene.
Carricart y Benchuya coincidieron en evaluar como un hecho positivo el nuevo derecho que se extiende ahora a todos los adoptados en Argentina.
Marcaron no obstante su preocupación acerca de que la ley no especifica que la información debe ser trasmitida al consultante por un técnico especializado.
"Si la persona recibe su expediente en la barra de cualquier juzgado, conocer detalles de su pasado puede causarle un serio shock", puntualizó Carricart.
"Muchos de los niños dados en adopción fueron antes maltratados, abusados, quemados con cigarrillos y hasta violados", observó.
Benchuga destacó a su vez que también existe el derecho de la madre que delegó legalmente su papel a una "sustituta" a preservarse de que algún día su hijo biológico "le toque a la puerta".
"Hay que proceder con criterios técnicos y extrema cautela", concluyó. (FIN/IPS/dg/ag/pr/99
