El nuevo gobierno de Venezuela se quedó sin luna de miel, ante la beligerante reacción de sus opositores contra la convotoria a una Asamblea Constituyente, las críticas en sus propias filas y la batalla abierta con los sindicatos.
Pasada la primera semana de Hugo Chávez en la presidencia, la población es, según varios sondeos, el único sector que mantiene intacto su fervor mayoritario por la carismática figura que barrió de la conducción del país a los políticos tradicionales.
Pero la sintonia popular está amenazada por la decepción ante lo pequeño del aumento salarial anunciado por Chávez, de 20 por ciento, y el impacto en el depauperado ingreso de los venezolanos de los proyectados nuevos impuestos, con que el gobierno buscará enjugar el mayor deficit fiscal de la historia del país.
Los sindicatos, dominados por los partidos tradicionales actualmente en bancarrota y cuyos afiliados son en gran mayoría empleados públicos, han sido rechazados por Chávez como interlocutores por su alegada falta de representatividad.
La Central de Trabajadores de Venezuela decidió recurrir a la Organización Internacional del Trabajo, para que verifique la situación del movimiento sindical del país, tras la decisión de Chávez de excluirla de las discusiones para fijar el salario mínimo, en que sí participarán los dirigentes empresariales.
Además el presidente de la federación de empleados públicos, Carlos Borges, calificó como "un frustrante fraude" el aumento de 20 por ciento "que se lo consumirán los nuevos impuestos", y anticipó una estrategia de confrontación, aunque sin detallarla.
"Es un esperpento, una mamarrachada", setenció el político e historiador Jorge Olavarria, para definir el texto del decreto con que Chávez convocó, el día 2, al asumir la presidencia, a un referendo sobre si la población desea una Asamblea que este mismo año refunde políticamente el país.
Lo llamativo es que Olavarria no es un dirigente opositor, sino una de las figuras que respaldó a Chávez desde su lanzamiento a la política en 1994 y uno de los 11 integrantes de la Comisión Presidencial Constituyente, hasta su dimisión ahora.
Chávez, un teniente coronel que hace siete años fracasó en tomar el poder por las armas y pasó 26 meses preso, encabeza una alianza de casi toda la izquierda y antiguos militares golpistas, con la que obtuvo un rotundo triunfo electoral en diciembre.
La oposición a Chávez, que controla casi dos tercios del parlamento instalado en enero, asegura que con el decreto Chávez intenta ahora "un golpe de Estado en cámara lenta", según el diputado de Proyecto Venezuela Alberto Franceschi.
El origen de la bateria de críticas contra el decreto está en que la segunda de sus dos preguntas plantea el autorizar al presidente que fije las reglas electorales para la Asamblea, con el único requísito de oir antes a todos los sectores nacionales.
El partido que más veces ha gobernado Venezuela, Acción Democrática (AD), demandó el lunes a la Corte Suprema de Justicia la nulidad del decreto presidencial por inconstitucional. El máximo tribunal ya determinó en enero que era constitucional la consulta presidencial y la realización de la Asamblea.
El Consejo Nacional Electoral también estudia el introducir un recurso de interpretación ante la Corte, ante discrepancias internas sobre si el organismo debe reglamentar las dos preguntas establecidas en el decreto y fijar otras reglas del referendo.
Chávez respondió a sus críticos que está seguro de la legalidad del decreto y que lo que ha sido visto por la oposición como un gesto autoritario que preanuncia un gobierno autocrático, buscó, por el contrario, que las reglas para la Asamblea sean fruto de una consulta con todos los estamentos de la sociedad.
En Venezuela no existe antecedente alguno de referendos populares, y la nueva ley del sufragio donde se incluye ese mecanismo, sólo indica quienes pueden convocarlo, cada cuanto tiempo y algún otro aspecto muy genérico.
El presidente en Consejo de Ministros, el Congreso con el respaldo de dos tercios y una acción popular de 10 por ciento del electorado, son las tres vías para consultar a la población.
El presidente afirmó que una encuesta que acaba de conocer, y cuyos detalles no son públicos, indica que 90 por ciento de los consultados apoyan el referendo y la Asamblea, una iniciativa que constituyó su gran oferta electoral.
Chávez aseguró que con el capital popular que tiene pudo plantear a la población si quería que los partidos políticos participasen en la Asamblea, seguro que la mayoría absoluta hubiese respondido que no, o proponer sus propias condiciones.
"Pero eso hubiese sido abusar de mi poder", comentó, para insistir en que el diálogo ya abierto con los actores sociales y con la población mediante asambleas populares, muestra que su initención no es arbitraria ni autoritaria.
Justamente, la tesis de Olavarria es que debió precisarse al último detalle la agenda, lapsos de trabajo, límites, número de los asambleistas y forma de elegirlos, aparte de criticar que la comisión presidencial no fuese consultada sobre el texto del decreto, que Chávez decidió lanzar por sorpresa al juramentarse.
El Congreso se mantiene, en tanto, atrapado desde el día 3 en la telaraña de una sesión permanente bicameral -lo que impide discutir otros temas- sobre el decreto presidencial y la Constituyente, que podría disolverlo al iniciar o culminar su tarea, según algunas tesis.
El Polo Patriótico, la alianza oficial encabezada por el chavista partido Movimiento Quinta República, fracasó en una adhesión parlamentaria al decreto presidencial, mientras sus oradores plantean un voto de confianza a Chávez para que pruebe la intención participativa de su decreto.
Mientras, dirigentes del Movimiento Al Socialismo y Patria Para Todos, dos fuerzas del Polo, admiten que el texto del decreto tiene el vicio del apresuramiento y la improvisación, lo que impidió no sólo la luna de miel habitual con que cuenta cada nuevo gobierno, sino las posibilidades de tregua postelectoral.
"Sabiamos que la oposición, sobre todo los arrinconados partidos tradicionales, condenaría cada paso hacia la Asamblea, porque con ella perderá definitivamente el poder. Pero el decreto le dio demasiadas municiones", admitió un senador socialista bajo anonimato.
Tulio Alvárez, miembro de la Comisión Presidencial Constituyente que se mantiene leal a Chávez, afirmó que "el debate del Congreso es estéril y lo que el pueblo espera es que se ponga a hacer su trabajo de legislar". (Fin/IPS/eg/ip la/99
