Los mayores peligros que enfrenta Sudáfrica no son militares sino sociales y económicos, señalaron organizaciones no gubernamentales (ONG) que criticaron fuertemente la decisión del gobierno de destinar 5.000 millones de dólares a la compra de armamento.
Unos 50 ONG y grupos religiosos reunidos en la capital del país afirmaron que ese dinero debería ser invertido en necesidades más urgentes, como vivienda, salud y educación.
"Decisiones de este tipo muestran que el gobierno no está interesado en los pobres", sostuvo Bheki Gumbi, de la OING Imphofana.
El anuncio del proyecto de compra de armas se dio en momentos en que el gobierno afirmó que no puede pagar los 87 millones de dólares que debe a las víctimas del sistema de segregación racial del apartheid que rigió en Sudáfrica durante décadas.
El proyecto del gobierno consiste en comprar submarinos, aviones, barcos de guerra y helicópteros a compañías europeas tales como Saab y British Aerospace.
Ese equipamiento contribuiría, según el Ejecutivo, al desarrollo de las fuerzas de mantenimiento de paz de la región, en especial en la República Democrática de Congo.
También generaría 17.000 millones de dólares en inversiones extranjeras y 65.000 empleos a través de la participación industrial y acuerdos de compensación que comprometen al país vendedor a invertir en el país comprador.
El Ministerio de Defensa espera un retorno de cuatro rands (la moneda nacional) en inversión extranjera directa o exportaciones por cada rand invertido en armamento.
Las ONG, que mantuvieron el sábado una reunión en Johanesburgo, lanzaron una campaña para impedir que la compra de armas, ya decidida por el Parlamento, obtenga aprobación presupuestaria por el Ministerio de Finanzas.
También partidos de oposición y grupos de la sociedad civil sostuvieron que el dinero que se piensa invertir en el rubro bélico podría destinarse a desarrollar una estrategia autónoma de creación de empleos independiente de la industria armamentista.
En su encuentro del sábado, las ONG analizaron igualmente casos de acuerdos de compensación plasmados anteriormente.
Un ejemplo reciente fue el celebrado entre el Consorcio Alemán de la Corbeta y el fabricante de armas sudafricano Denel, por el cual la firma europea adquiere implementos que equiparán las corbetas que luego venderá a Johanesburgo, según dijo Peter Batchelor, del Centro para Resolución de Conflictos de Ciudad del Cabo.
Gripen, compañía de aviones de Suecia que venderá 24 unidades a Sudáfrica, está aún negociando su paquete de contrapartidas, dijo Linden Birns, un portavoz de la firma.
El paquete sueco incluye planes de compra de sistemas aéreos, sistemas electrónicos de aplicación militar y equipos de comunicaciones a la firma sudafricana Grintek Electronics, y adquisición de componentes a Denel.
Kenneth MacQuene, un analista del Instituto de Investigación de Políticas Económicas de Ciudad del Cabo que investigó el éxito de los acuerdos de compensación en Australia, Indonesia y Bélgica, observó que a menudo no se producen los resultados esperados.
Francia, Alemania, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos, prometieron a Australia 1.500 millones de dólares australianos en beneficios industriales pero le entregaron menos de la mitad. (Un dólar estadounidense equivale a 2,3 dólares australianos)
Aunque los acuerdos de compensación produzcan inversiones extranjeras, no necesariamente contribuyen a crear nuevos empleos, señaló Batchelor.
El desempleo es uno de los problemas sociales más acuciantes de Sudáfrica, al alcanzar a 50 por ciento de la población activa, según cálculos extraoficiales.
Batchelor sostuvo que muchas de las previsiones del Ministerio de Defensa son absolutamente irreales, como la estimación de que la adquisicón de cuatro corbetas y tres submarinos a Alemania implicará la creación de 26.404 puestos de trabajo.
La industria de la defensa emplea actualmente a menos de 25.000 personas.
Sudáfrica no tiene experiencia en la fabricación de submarinos, por lo cual mal podría ayudar a hacerlos, adujo Batchelor.
Los acuerdos de compensación contien una cláusula de peanalización, que obliga en principio a pagar cinco por ciento del valor total del monto negociado a la compañía que no cumpla con lo prometido.
Kenneth MacQuene indicó sin embargo que ni siquiera las cláusulas penalizadoras más duras consiguen que las empresas cumplan con los compromisos adquiridos. (FIN/IPS/tra-en/ms/gm/mn/ceb-dg/99
