La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala presentará este jueves su esperado informe "Memorias del Silencio", sobre las violaciones de los derechos humanos durante 36 años de conflicto armado interno en el país.
La guerra civil finalizó en diciembre de 1996, cuando se firmó un acuerdo de paz entre representantes del gobierno y de la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El conflicto causó más de 150.000 muertos, 50.000 desaparecidos, un millón de desplazados internos y 45.000 refugiados reconocidos.
El informe de la CEH, de unas 3.600 páginas, hará referencia a 8.000 casos de masacres, torturas, desapariciones, asesinatos y otros delitos, pero no incluirá nombres de los responsables que hayan sido identificados, ni podrá ser empleado para entablar demandas judiciales.
La decisión de crear la CEH se adoptó en el marco de un acuerdo para el esclarecimiento de las atrocidades cometidas durante la guerra civil, firmado el 23 de junio de 1994 en Oslo por el gobierno de Guatemala y la URNG.
La CEH, también conocida como Comisión de la Verdad, fue instalada a finales de julio de 1997.
El día 20 el gabinete del Secretario General de la ONU recibió la base de datos utilizados para elaborar el informe, así como los nombres de los testigos, sus declaraciones y otras informaciones.
Cipriano Fuentes, jefe de información de la CEH, informó que la ONU hará públicos estos datos dentro de 50 años, en cumplimiento de lo previsto en los acuerdos de Oslo, que obligan a la comisión a garantizar el secreto de las fuentes y la seguridad de sus testigos e informantes.
La CEH estuvo integrada por el alemán Christian Tomuschat, quién actuó como coordinador, el abogado Edgar Balsells, representante nombrado por las universidades, y la indígena Otilia Lux Cotí, quienes contaron con el apoyo de un equipo de técnicos y profesionales, y con 15 sedes en el interior del país.
En la investigación que se llevó a cabo para elaborar el informe participaron, entre otros, antropólogos, abogados y expertos militares de varios países.
Este equipo entrevistó a unas 9.000 víctimas del conflicto y la recopilación de datos duró más de un año, con un costo de 9,5 millones de dólares, financiado en su mayor parte con fondos externos.
Se espera que la CEH atribuya a ex oficiales del Ejército la mayor parte de las responsabilidades de genocidio, tortura y desapariciones forzadas.
El ministro de la Defensa, general Héctor Barrios Celada, dijo que "el Ejército está preparado para conocer el informe", pero agregó que éste no debe incluir sólo violaciones de los derechos humanos cometidas por militares y guerrilleros, sino también las de "otros actores que iniciaron el conflicto armado interno".
Barrios sostuvo que esos "otros actores" son conocidos por todos los guatemaltecos. "Yo no lo voy a decir, pues soy representante del Ejército, pero cuando termine mi gestión lo haré", aseguró.
"Esperamos que se den indicios del paradero de los desaparecidos, así como elementos sobre quiénes fueron los autores materiales e intelectuales" de las desapariciones, declaró a IPS, a su vez, Mario Polanco, dirigente de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
Polanco añadió que deben darse a conocer los móviles que impulsaron al Estado a actuar de manera ilegal a través de la contrainsurgencia, y cuál fue la participación de gobiernos extranjeros en las actividades contrainsurgentes.
El documento debe conducir "a una reflexión de carácter nacional, profunda, transformadora y clara sobre lo ocurrido. Aunque lamentablemente no diga nombres, que sí diga por qué ocurrieron las cosas y cuáles fueron las intenciones", dijo a IPS Carlos Aldana, de la Pastoral Social de la Iglesia Católica.
"Que se perciba que más que errores, lo que ocurrió fue que en aquellos aciagos años se pusieron en práctica políticas bien delineadas, de represión y violación de los derechos humanos, apoyadas, incluso, por intereses extranjeros", enfatizó.
Los activistas que defienden los derechos humanos coincidieron en que, si bien no se permitió a la CEH señalar responsabilidades individuales, el trabajo realizado será muy importante para conocer los abusos y crear una cultura tolerante y democrática, que contribuya a evitar que estos hechos se repitan.
Se espera que el informe sea un paso importante hacia la erradicación de la impunidad reinante en Guatemala, ya que hasta la fecha no se ha logrado enjuiciar a ningún alto oficial del ejército responsable de violaciones a los derechos humanos.
Polanco opinó que el informe abrirá la posibilidad de iniciar procesos judiciales contra los autores materiales e intelectuales de los delitos, aunque esta posibilidad haya sido formalmente descartada.
"Hemos tenido cuatro gobiernos civiles y los militares continúan siendo intocables", dijo Helen Mack, quien ha librado una ardua batalla para enjuiciar a los miembros del Ejército acusados de asesinar en 1990 a su hermana Myrna, una antropóloga que investigaba a comunidades desplazadas por el conflicto. (FIN/IPS/cz/mp/hd/99
