La postergación de la consulta popular que debe avalar las reformas constitucionales pactadas en los acuerdos de paz en Guatemala, debido a la orden de la Corte de Constitucionalidad de que se formulen varias preguntas en lugar de una sola, causó descontento en amplios sectores de país.
La diputada Nineth Montenegro, del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, dijo a IPS que los diputados deberían declararse en rebeldía ante la decisión del tribunal, que pretende retrasar la desmilitarización del país.
La Asamblea de la Sociedad Civil y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas anunciaron que llevarán a cabo acciones de protesta contra la decisión.
El Congreso había resuelto realizar una sola pregunta a la población, que debía responder si aceptaba o no las reformas propuestas, pero la Corte declaró con lugar la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Centro de Defensa de la Constitución (Cedecon).
El tribunal indicó al parlamento que en la papeleta electoral se deben plantear seis preguntas, en las que se agrupen por temas las 50 reformas a la Constitución, "para garantizar al ciudadano que su pronunciamiento sea lo más transparente posible".
Las preguntas se dividirán en los siguientes temas: Nación guatemalteca y derechos sociales y políticos, Organismo Legislativo, Organismo Ejecutivo, Organismo Judicial, Sistemas de Consejos de Desarrollo y Ejército y fuerzas de seguridad civil.
El Acuerdo sobre Reformas Constitucionales suscrito en Estocolmo el 7 de diciembre de 1996 entre el gobierno y la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), establece la "modificación de la legislación ordinaria" para adecuarla a lo convenido por las partes en los Acuerdos de Paz.
El 29 de diciembre de ese año, el gobierno y la URNG firmaron la paz, poniendo fin a 36 años de conflicto armado interno, que dejó un saldo de 150.000 muertos.
Para entrar en vigencia, el acuerdo debe ser ratificado mediante una consulta popular, por lo que el dictamen de la Corte de Constitucionalidad generó protestas de sectores sociales que consideran que la decisión busca entorpecer el proceso de paz.
Jorge Soto, ex comandante guerrillero y actual dirigente de la URNG, calificó de nefasta la sentencia, que daña al proceso de paz y llamó a la "resistencia pacífica" en su contra.
En su opinión, se trata de un acto politico para evitar la aprobación de las reformas, porque los grupos que siempre han detentado el poder en Guatemala y se encuentran detrás de Cedecon "quieren impedir los cambios que el país necesita en esta nueva era".
La diputada Anabella De León, del gobernante Partido de Avanzada Nacional, reconoció que la decisión de la Corte de "formular varias preguntas pone en riesgo la ratificación de las reformas, pues las mismas no pueden sujetarse a una aprobación parcial".
El presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Víctor Hugo Martínez, expresó su respaldo a la consulta popular, "porque es necesario darle vida a los acuerdos de paz", pero dijo que si se incurrió en un error de procedimiento el mismo debe ser enmendado.
El miembro del Tribunal Supremo Electoral Mario Guerra indicó que ahora deben esperar el requerimiento del Congreso y una vez recibida la petición, se fijará la fecha de la consulta. (FIN/IPS/cz/ag/ip/99
