La represión contra los parlamentarios crece y se vuelve más refinada en todo el mundo, a pesar de que en forma simultánea se registra también una apertura política, evaluaron miembros de un organismo especializado.
El comité de derechos humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP) anunció que se ocupa en la actualidad de los casos de 311 legisladores sometidos a violaciones en 31 países.
Los abusos se verifican en una relación de uno por cada cinco parlamentos que existen en el mundo. "Se trata de la proporción más alta observada desde que el comité comenzó a trabajar hace 20 años", dijo el secretario general de la UIP, el sueco Anders Johnsson.
Una de las razones del mayor número de infracciones se relaciona con la expansión del pluripartidismo en los parlamentos del mundo. Antes había menos denuncias porque predominaban los parlamentos con partido único y sin oposición, arguyó Johnsson.
Las principales figuras delictivas denunciadas en el pasado por los parlamentarios consistían principalmente en asesinatos, desapariciones, ejecuciones o encarcelamientos.
En cambio, en la actualidad recrudece la represión de los gobiernos contra la libertad de expresión, mencionó el camerunense Hilarion Etong, vicepresidente del comité.
Algunos países han modificado sus legislaciones nacionales para disponer de normas que les permiten detener e imponer duras condenas por expresiones vertidas por diputados y senadores en ejercicio de sus mandatos.
Esa es la tendencia que surge de los casos más recientes que hemos evaluado, precisó Etong. "Es un resultado impresionante", dijo.
Johnsson lamentó que a veces la alternancia en el poder de los partidos políticos no modifica el cuadro represivo. "Los nuevos que llegan hacen lo mismo", comentó.
En algunas circunstancias, el trasfondo de las violaciones de los derechos humanos de los parlamentarios se vinculan con cuestiones económicas.
El comité envió en noviembre pasado una misión a Chad para interesarse por la situación del legislador Ngarlejy Yorongar condenado a tres años de prisión por supuesta difamación del presidente del país africano, Idriss Déby.
Yorongar había criticado la concesión de un proyecto petrolero a un consorcio integrado por las transnacionales francesa Elf, estadounidense Esso y anglo-holandesa Shell. El mismo legislador había denunciado que el grupo Elf financió en 1996 la campaña electoral que llevó a Déby a la presidencia.
La misión de la UIP a Chad entrevistó al detenido y obtuvo satisfacciones de las autoridades, aseguró Etong.
Por el contrario, una delegación enviada por el comité a Malasia "no pudo reunirse en condiciones aceptables" con Lim Guan Eng, miembro de la Cámara de Representantes del país, que cumple una condena de 18 meses.
Los enviados del comité tampoco tuvieron contactos "aceptables" con las autoridades y recibieron versiones diferentes sobre el verdadero estado de salud de Lim.
En los dos casos, el comité reclamó la liberación de los parlamentarios encarcelados.
El comité de la UIP se interesó también por la situación de senadores electos en Argentina impedidos de asumir sus funciones.
En el caso del senador por la provincia de Catamarca, Ramón Eduardo Saadi, el organismo pidió informes de su situación al presidente del Senado Nacional de Argentina, informó el chileno Juan Pablo Letelier, uno de los miembros del comité de la UIP.
Letelier confirmó que habían recibido también una denuncia similar de senadores elegidos en la provincia argentina de Chaco, pero ese caso, dijo, se tramita por el momento dentro de estricta confidencialidad según las normas de la UIP.
El presidente de la UIP, el español Miguel Angel Martínez, dijo a IPS que había leído "con cierta perplejidad" el expediente sobre la denuncia de los senadores de la provincia argentina de Chaco.
"Me ha sorprendido porque se trata de un país de cuyo funcionamiento democrático tenemos una opinión muy favorable", observó.
La denuncia de la situación irregular en el Senado argentino será tratada de manera confidencial hasta la próxima reunión del consejo de la entidad, en abril próximo, precisó Martínez.
La UIP, creada en 1889, tiene la adhesión de 136 de los 179 parlamentos que existen en el mundo. (FIN/IPS/pc/ag/ip-hd/99
