El proceso de paz entre el gobierno y la guerilla de izquierda de Colombia recibió nuevo impulso tras el inicio de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El diálogo se lleva a cabo desde este martes en Venezuela y es respaldado por numerosos sectores políticos y sociales colombianos.
El comienzo de las discusiones con el ELN, segundo grupo guerrillero en importancia en el país, es visto como un contrapeso parcial a la suspensión, hasta abril, de las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal organización armada.
En Caracas, los delegados del ELN acordarán con el consejero presidencial para la paz, Víctor Ricardo, detalles de la entrevista de la cúpula de la organización con el presidente Andrés Pastrana.
Previamente, otros representantes gubernamentales se habían reunido con dirigentes del ELN detenidos en Colombia.
No obstante, el encuentro de Venezuela "es de otro nivel", ya que en él participan miembros de la cúpula insurgente como Antonio García, Pablo Beltrán y Milton Hernández, dijo a IPS Luis Valencia, docente de la facultad de Ciencias Políticas de la privada Universidad de los Andes.
El grupo guerrillero ya había mantenido negociaciones con representantes de la sociedad civil, pero nunca con delegados del Ejecutivo.
Para el procurador (fiscal del Estado) Jaime Bernal, el encuentro directo entre las partes es necesario "porque el gobierno es el único que puede tomar decisiones sobre aspectos logísticos" del proceso de paz.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Alberto Giraldo, estimó que "todo intento de acercamiento entre las partes en conflicto es válido en la perspectiva del proceso de paz que ha iniciado el presidente de la república".
Hasta ahora el ELN consideraba que el esquema de diálogo directo guerrilla-gobierno "estaba agotado", y había optado por negociar con representantes de la sociedad civil, "la verdadera protagonista" del proceso de paz, según proclamaron.
En junio, en Maguncia, Alemania, fue suscrito un documento en el que se convoca la organización de una Convención Nacional en Colombia para aprobar los puntos de una agenda de negociación con el gobierno.
La Convención, a la que asistirían cerca de 250 representantes de la sociedad civil, estaba prevista para el próximo sábado, pero se aplazaría hasta después de la entrevista de Pastrana con la cúpula del ELN.
Para la realización del encuentro, el grupo insurgente plantearía al gobierno crear una zona desmilitarizada en el departamento de Santander, fronterizo con Venezuela.
El ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, respaldó este miércoles el inicio del diálogo directo entre el gobierno y el ELN pero expresó reservas en relación con la propuesta de despeje de una zona del territorio.
"Para las Fuerzas Armadas nunca es conveniente retirarse de alguna zona del territorio, pero esa es una decisión política" privativa del gobierno, señaló.
La zona a desmilitarizar elegida por el ELN no es la más adecuada porque se trata de un área fronteriza en la que hay además instalaciones estratégicas como plantas petroleras, dijo el ministro.
El área tiene una extensión de 18.000 kilómetros cuadrados, la tercera parte de la superficie desmilitarizada para el diálogo con las FARC.
Según analistas, esta zona es estratégica para el ELN, al establecer un corredor entre el norte y el sur del país que le permitiría recuperar el dominio de localidades de donde fue desplazado por paramilitares de derecha.
El despeje de ese territorio sería asegurado durante la Convención Nacional, cuya duración se estima en un año.
En las negociaciones con las FARC, el gobierno evacuó a las Fuerzas Armadas por 90 días, prorrogados por un otros 90 desde este lunes.
En otro intento por dinamizar el proceso de paz global, la Comisión de Paz del Senado pidió este miércoles al gobierno y las FARC reanudar el diálogo y se ofreció como mediadora ante el grupo guerrillero.
Las FARC decidieron congelar las negociaciones con el Ejecutivo hasta el 20 de abril, para dar tiempo a Pastrana de demostrar su voluntad de combatir a los grupos paramilitares de derecha.
En una escalada sin precedentes que llevaron a cabo entre el 7 y el 12 de enero, esos grupos asesinaron a 137 personas. (FIN/IPS/yf/dg/ip/99
