China continúa discriminando a las mujeres en su política de control de población, en vez de concentrarse en las metas trazadas en 1994 en la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo, denunciaron activistas de ese paíss.
En un documento presentado al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la Organización para los Derechos Humanos en China (HRIC) destacó que el control que Beijing ejerce sobre los medios impide que se difundan casos de discriminación hacia la mujer.
En China nadie informa acerca de los delitos de infanticidio, los abortos por selección de sexo y el abandono de los bebés de sexo femenino, lo que provocó la "desaparición" de decenas de millones de niñas, expresó Yu Piug de la HRIC, uno de los autores del informe.
Actualmente, la proporción entre ambos sexos en China, un país con más de mil millones de habitantes, es de 120 hombres por 100 mujeres.
En la mayoría de los países, las mujeres representan el porcentaje más alto de la población.
Piug también subrayó que China posee el cuarto mayor índice de suicidios de todos los países que integran la base de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las estadísticas de la OMS evidenciaron que China es el único país del mundo en el que se observa mayor cantidad de suicidios femeninos que masculinos.
En el país asiático vive 21 por ciento de la población femenina del mundo, pero allí se concentra 56 por ciento de los suicidios de mujeres que se producen el planeta.
Pese a que Piug alabó al gobierno de Beijing por aprobar la Ley para la Protección de los Derechos e Intereses de la Mujer, dijo que esta reglamentación no contiene una definición del término "discriminación".
El cumplimiento de sus metas demográficas Beijing pasó por alto las necesidades y los intereses de las mujeres y niñas chinas, y condujo a un abuso de la violencia física y a medidas coercitivas de parte de las autoridades, funcionarios públicos y asistentes médicos, afirma el documento del HRIC.
En 1979, el gobierno chino lanzó la política de "un niño por pareja", que estipulaba que las parejas debían solicitar "permisos de nacimiento" antes de que la mujer quedara embarazada.
En algunas zonas rurales, y en las de las poblaciones minoritarias, a las parejas se les permitía tener dos hijos, especialmente si el primero era una niña, pero tener tres hijos estaba prohibido.
Luego de haber dado a luz el número de hijos permitidos, las mujeres deben utilizar dispositivos anticonceptivos o someterse a una esterilización.
Todo embarazo que no haya sido previamente autorizado es interrumpido. Después de ese aborto inducido las mujeres son sometidas a un proceso de esterilización por haber concebido un hijo "fuera del plan".
A comienzos de los noventa, China implementó su política para el control de la población para poder cumplir los objetivos de cuotas de natalidad trazados para todo el país.
El incumplimiento de la "cuota" de nacimientos dentro de un número preestablecido provocaba una disminución o pérdida de bonificaciones, además del despido de sus puestos de trabajo, la confiscación de sus propiedades y la demolición de las viviendas de los "culpables".
Las niñas fueron quienes se vieron especialmente amenazadas por los abortos tendientes a seleccionar el sexo, el infanticidio y el abandono.
Las organizaciones de derechos humanos y disidentes instaron al gobierno a que designe una comisión independiente para investigar las causas de la desigual proporción de sexos, y que formule recomendaciones para implementar cambios en las políticas del Estado.
Sin embargo, el gobierno permaneció en silencio respecto de los abusos de los funcionarios públicos a la hora de implementar la "política de un solo niño" y las políticas de población en general.
Algunos integrantes del comité anti-discriminación de Naciones Unidas (ONU) reconocieron que las autoridades chinas se enfrentaban a una dura tarea en el control de la población debido a los desafíos que implicaba la transición económica y a las dimensiones de la población del país, que llega a 1.200 millones.
Tales desafíos eran el resultado de las reformas económicas y el impacto de éstas sobre las mujeres chinas, asociado al analfabetismo, el desempleo, el tráfico de mujeres y niñas y la enorme brecha de desarrollo entre las zonas rurales y urbanas.
La agencia de ONU citó el hecho de que las mujeres fueran los únicos objetivos de las medidas anticonceptivas y de abuso reproductivo "en nombre de la planificación familiar" como un problema muy grave.
También mencionaron que la participación del hombre debería ser parte central de los programas de planificación familiar.
Qin Huasun, representante permanente de China ante ONU, denunció que el abandono de los bebés de sexo femenino era un "legado histórico de la sociedad china" que aún existía "por muchas razones" en algunas zonas del país.
Pero agregó que el gobierno había implementado un sistema para inscribir los nacimientos y partos y mejorar las instituciones de asistencia a la infancia.
De esa forma, se haría todo lo posible para que las familias que cumplieran los requisitos básicos adoptaran las criaturas y se establecieran canales legales para la adopción.
La mexicana Aída González, presidenta del CEDAW, opinó que, aunque se habían logrado avances en el área de la salud materno- infantil, China había hecho muy poco por proteger la salud de la mujer más allá de sus funciones maternas.
González resaltó que el tema no era la protección de la mujer sino su potenciación, y sugirió que las autoridades de Beijing adoptaran un enfoque holístico, integral.
"Tal parece que las mujeres tienen que pagar un precio desproporcionadamente alto por el desarrollo del país", concluyó otro experto del comité. (FIN/IPS/tra-en/ib/mk/mvf-dg/pr-hd/99
