Familiares de 56 presos políticos chilenos que habrían sido torturados por la policía afirmaron hoy que el gobierno de Eduardo Frei mantiene las mismas prácticas represivas que la última dictadura militar.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco, constató este viernes huellas de golpes y signos de maltrato en los cuerpos de los detenidos, que habrían sido producidas en el momento de su traslado desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago a otro pena, la semana pasada.
Los 56 presos políticos "presentan golpes en los muslos, otros en el estómago, otros con pintas rojas que, según me señaló un médico, son consecuencias de quemaduras de cigarros", dijo.
Tras su traslado desde la CAS, un centro de reclusión reservado a acusados de actos "terroristas" construido hace cinco años, hacia la cárcel de Colina 2, los detenidos iniciaron una huelga de hambre.
Según dijo Castillo, los presos fueron esposados por policías, que luego "les metieron la cabeza al agua y a otros se las pisaron".
"Fueron pisoteados con las botas y golpeados en la cabeza y en el cuerpo con culatas, bastones y mangueras y les tiraron gas lacrimógeno contra sus ojos y sus heridas", denunciaron también sus familiares en ocasión de una marcha de protesta organizada este sábado.
El gobierno niega en cambio que los detenidos hayan sido objeto de violencias.
La Corte de Apelaciones de Santiago decidió nombrar un fiscal para constatar la situación de los detenidos y verificar las denuncias.
Para el viceministro del Interior, Belisario Velasco, los reos no pueden arrogarse la calidad de presos políticos porque cometieron acciones delictivas tipificadas en el código penal.
"Es un descaro del gobierno decir que los detenidos de la CAS son criminales y al mismo tiempo defender en Londres al peor criminal", señaló Paula Rosa, representante de los familiares de los presos de la CAS, aludiendo al ex dictador (1973-1990) Augusto Pinochet, detenido en Gran Bretaña desde octubre. (FIN/IPS/as/dg/ip-hd/99
