El aumento del esfuerzo fiscal y de las tasas de interés, recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), condenan a Brasil a una brutal recesión económica este año, que podría generar resistencias políticas proporcionales.
El superávit fiscal primario de tres a 3,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), nueva meta acordada en la revisión del acuerdo con el FMI, tendrá que obtenerse a través de recortes adicionales de gastos, porque la sociedad y el Congreso ya no aceptan otro aumento de la carga tributaria.
"Habrá que modificar nuevamente el presupuesto", sentenció Arnaldo Madeira, líder parlamentario del oficialismo.
El acuerdo firmado con el FMI hace tres meses fijó como meta fiscal un resultado primario positivo de 2,6 por ciento del PIB en este año, de 2,8 en el 2000 y de tres por ciento l año siguiente.
Los costos de la devaluación cambiaria niciada el 13 de enero exigen un esfuerzo adicional de 0,4 a 0,9 por ciento, indicaron concluyeron técnicos del FMI y autoridades económicas brasileñas, que negocian desde el domingo una adaptación del acuerdo a las nuevas condiciones creadas por la libre flotación del real.
Para cumplir la meta inicial, aún falta que el Congreso Nacional apruebe dos impuestos, cuyos ingresos ya están previstos en el presupuesto. El primero grava en 0,38 por ciento los cheques y otros retiros bancarios y el segundo incide sobre el consumo de combustibles derivados del petróleo.
Se trata de medidas impopulares que pueden producir ingresos recién a partir de junio o julio, señaló el diputado Pauderney Avelino, relator del proyecto del impuesto sobre los cheques, una enmienda constitucional.
Añadirles otros tributos sería "insoportable" para el país, agregó.
Pero los efectos sociales más duros, como un fuerte aumento del desempleo, serán causados por la recesión que generarán los elevados intereses, ahora considerados como arma central contra un rebrote inflacionario.
Contener el alza de precios es "el" problema crítico" de Brasil, dijo Stanley Fischer, vicedirector gerente del FMI, que participó en las negociaciones desarrolladas entre martes y jueves en Brasilia.
Los intereses deben ser reducidos sólo después que la inflación sea controlada, comentó.
La tasa de interés fijada por el Banco Central ya se elevó de 29 a 39 por ciento desde el inicio de la devaluación del real, manteniendo a Brasil como el país de mayor costo financiero en el mundo.
Críticos de la política del FMI, como el economista estadounidense Jeffrey Sachs y el inversionista internacional George Soros, señalan que la receta de altos intereses para defender la moneda es el principal factor que explica las crisis financieras que agobian al mundo.
En el caso de Brasil, se hace un gran esfuerzo por equilibrar las cuentas del gobierno mientras por otro lado se alimenta el déficit fiscal por los elevados intereses que encarecen y agravan la deuda pública, consideró Sachs.
Además se desacelera la actividad económica, reduciendo los ingresos fiscales y agravando la desocupación. El índice de desempleo abierto pasará a 12 o 13 por ciento en los próximos meses, prevén investigadores universitarios.
Contra esa política fue que se rebelaron siete gobernadores de la oposición, que se reunieron por segunda vez este viernes en Porto Alegre, en el sur de Brasil, para reclamar el fin del "modelo económico injusto" que hizo del país un "rehén de los especuladores internacionales".
El ajuste fiscal, prometido por el gobierno central para reconquistar la confianza de los mercados, incluye un importante aporte de los estados y municipios, cuya resistencia puede dificultar la meta fiscal acordada con el FMI.
Los opositores constituyen una minoría entre los 27 gobernadores estaduales de Brasil, pero su rebelión representa una amenaza a la credibilidad del programa fiscal.
La moratoria decretada hace un mes por uno de ellos' el ex presidente Itamar Franco, fue la última gota que condujo a la devaluación cambiaria.
En la reunión de este viernes, los siete coincidieron en reclamar "un plazo de gracia" para el pago de sus deudas al gobierno central y afirmaron que sólo pueden destinar 5 por ciento de sus ingresos fiscales a ese fin, contra 11 a 15 por ciento fijados en los acuerdos firmados por sus antecesores.
La situación financiera heredada en sus estados es de insolvencia y exige una renegociación de sus deudas, argumentan los gobernadores "rebeldes". Muchos de sus colegas aliados del gobierno central enfrentan una coyuntura similar.
La perspectiva de una fuerte recesión, con intereses elevados, aumento de impuestos y reducción de las inversiones públicas, además de la inflación, que superaría 10 por ciento este año, tiende a estimular resistencias a un gobierno debilitado por la pérdida de su principal bandera, la estabilidad monetaria. (FIN/IPS/mo/dg/if-ip/99
