La persistente oposición de Estados Unidos podría impedir la instalación de un Tribunal Penal Internacional (TPI), advirtieron activistas de derechos humanos.
Estados Unidos fue uno de los siete gobiernos, incluyendo Iraq y Libia, que votó en contra de la creación del TPI durante una conferencia realizada en julio en Roma.
Otras 120 naciones estuvieron en favor de instalar un tribunal para juzgar crímenes de guerra, genocidio, y crímenes contra la humanidad.
No obstante, Estados Unidos presentó propuestas definiendo qué crímenes deben ser juzgados por el TPI ante una comisión preparatoria que está funcionando en Washington, pero algunos activistas dijeron que eran tan restrictivas que el tribunal no podría funcionar jamás en forma apropiada.
Jelena Pejic, coordinadora de programas del Comité de Abogados para los Derechos Humanos, señaló que la propuesta estadounidense cuestiona el método para probar crímenes como el genocidio.
Ese delito requeriría, para Washington, que "un grupo de personas sea asesinado o perjudicado en cumplimiento conciente de una continua y sistemática política o método dirigido a eliminarlo".
Esa definición "haría prácticamente imposible probar que el genocidio fue perpetrado", arguyó Pejic.
Las definiciones previas de genocidio tendían a probar sólo el intento de "destruir", total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado.
Estados Unidos "ha creado un delito que no es legalmente comprobable", dijo por su lado Mona Rishmawi, directora del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados, con sede en Ginebra.
Asimismo restringe de tal modo algunas definiciones de crímenes de guerra que activistas humanitarios han estimado que, de aprobarse, significarían un retroceso en las normas internacionmales vigentes.
Tampoco incluiría Washington entre los crímenes de guerra las experimentaciones biológicas en prisioneros que cuenten con consentimiento previo de los detenidos, así como el asesinato de presos prófugos.
Durante la conferencia de Roma de 1998, los diplomáticos estadounidenses habían tratado infructuosamente que el TPI sólo pudiera actuar después de haber recibido referencias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del cual Washington es miembro permanente.
Tras su fracaso en limitar los poderes del TPI, David Scheffer, jefe de la delegación estadounidense en Roma, advirtió que la Casa Blanca podría oponerse "activamente" a la creación del tribunal.
William Pace, de la Coalición para un Tribunal Penal Internacional, señaló que en realidad hay una oposición interna en Estados Unidos respecto al TPI.
Mientras el Departamento de Estado apoya su creación, el Pentágono (Ministerio de Defensa) se opone a él, señaló.
El propio presidente Bill Clinton manifestó años atrás su respaldo a la instauración del tribunal, recordó.
Las dudas estadounidenses sobre el TPI, acicateadas por la tenaz oposición de los republicanos en el Congreso a la creación de cualquier organismo jurídico internacional con peso, se deben al temor de que pueda transferir el liderazgo sobre el tema a otros países.
Decenas de naciones de Europa, América Latina y Africa coincidieron el año pasado, en el marco de un grupo que impulsó el estatuto del TPI, en cuestionar la actitud de Estados Unidos.
Suiza y Hungría presentaron propuestas que contrastan abiertamente con las de Washington, como la prohibición de la experimentación biológica en prisioneros y la inclusión de la destrucción masiva de propiedades, sin necesidad militar, como crimen de guerra.
Estados Unidos ha obtenido hasta ahora el respado apenas de Israel y, parcialmente, de Gran Bretaña.
En última instancia, los gobiernos podrían combinar las distintas posiciones, mientras se especula con que Gran Bretaña haga de puente para zanjar la grieta entre ambos extremos.
La discusión continuará en la próxima sesión de la comisión preparatoria, prevista para julio.
La comisión debe preparar y concluir el borrador de los elementos jurídicos del TPI sobre crímenes de guerra para el 30 de junio del 2000.
Al mismo tiempo, los gobiernos están tratando de que al menos 60 países ratifiquen su apoyo al TPI, de manera que el organismo pueda entrar en vigor.
Unas 75 naciones ya firmaron en favor de la instauración del tribunal, pero sólo uno (Senegal) lo ratificó, mientras otras 15 lo harían próximamente. (FIN/IPS/tra-en/fh/kb/ego/dg/hd-ip/99)
