En Venezuela todos están entusiastas o resignados a la realización este año de una Asamblea Nacional Constituyente, la bisagra articuladora de la promesa de refundar políticamente el país del nuevo presidente, Hugo Chávez.
Pero aún antes de que Chávez asuma el poder el 2 de febrero, por un periodo que definirá esa asamblea, las formas de convocarla y los poderes que tendrá, centran una batalla para la que uno y otro bando afilan las armas.
Ricardo Combellas, secretario ejecutivo de la nueva Comisión Presidencial Constituyente presidida por Chávez, explicó a IPS que no se trata sólo de redactar una nueva Carta Magna, sino de abrir un proceso participativo, donde la gente se identifique y se sienta parte de una etapa de construcción nacional.
Combellas, quien los últimos cinco años dirigió una comisión para la reforma del Estado ahora eliminada, aseguró en una entrevista que se desea que el proceso dure sólo este año y la nueva constitución opere desde comienzos del 2000.
Pero subrayó que no habrá vacio jurídico alguno, porque la constituyente no surge de una revolución o de un golpe de Estado, sino del resonante triunfo de quien prometió su convocatoria, por lo que los poderes y reglas constituidas mantendrán su vigor hasta que pasen a funcionar las nuevas.
Chávez, un carismático teniente coronel retirado de 44 años, obtuvó 56 por ciento de los votos en los comicios de diciembre y saltó a la escena pública cuando el 4 de febrero de 1992 fracasó en tratar de tomar el poder por las armas, en la primera de las dos cruentas asonadas de ese año.
Siete años menos dos días después de aquel fracaso logrará su objetivo, con los votos de un país cuya empobrecida población soporta lo que los expertos definen como "una crisis de crisis", bajo la promesa de enterrar la corrupta partidocracia local mediante "una revolución pacífica y democrática".
El esfuerzo de lo que Combellas califica como el rediseño institucional del país, va a servir además para sentar las bases de "un proyecto nacional, que nos permita reflexionar sobre de donde venimos, donde estamos y a donde vamos en un nuevo siglo".
Precisó que no será cualquier tipo de asamblea, sino una con poder originario, lo que significa que tendrá una gran libertad para definir su agenda, no estará constreñida por pactos que la limiten y la constitución de 1961 se revisará integralmente.
Esa falta de pactos previos y de agenda predeterminada sería la gran diferencia con otros procesos constituyentes que han salpicado América Latina esta década, más circunscritos a modernizar la legalidad y la gobernabilidad internas.
"Queremos todo un debate, que recoja, analice y condense la asamblea, sin estar atada a condicinoamientos previos ni del poder constituido ni de los partidos que lo dominan", explicó.
"Nadie será excluido pero el viejo regimen no va a imponer cómo será el nuevo", aseguró Combellas, antes de indicar que los integrantes de la comisión, quienes vienen de diferentes ámbitos, sienten como un desafío común que se elabore "oyendo mucho a todos los sectores de la sociedad".
"En Venezuela, la tradición constitucional ha sido restrictiva y elitista. Ahora es otro tiempo histórico y la nueva constitución debe estar a la altura de ese tiempo", comentó.
La que ya se ha etiquetado como la constitución del 2000 hará el número 26 del total de las que han regido Venezuela desde su independencia en 1811, y la octava en promover grandes cambios. La actual, de 1961, consagró un sistema de democracia representativa tras ser derricada la última dictadura en 1958.
Todos los caminos planteados para su convocatoria pasan por un referendo, pero la lucha es sobre quien, como y con qué contenido llamar a ese referendo, ya que la constitución de 1961 establece sólo ese instrumento para ratificar una reforma, que se intenta desde hace 15 años y que los partidos nunca dejaron prosperar.
En Venezuela nunca antes se convocó a un referendo, pero su figura, aunque con carácter sólo consultivo y para asuntos de trascendencia nacional, se logró implantar en la ley del sufragio de diciembre de 1997. Puede ser convocado por el Congreso, el presidente o la participación de 10 por ciento del electorado.
Chávez reitera que si el parlamento bicameral que se instalará el día 23 no convoca a un referendo antes del 15 de febrero, lo hará el mismo en esa fecha aniversaria del Congreso de Angostura, convocado por Simón Bolivar en 1819 para constituir la Gran Colombia, conformada por las ahora Colombia, Ecuador y Venezuela.
También citó como fecha para el referendo otro hito patrio, el 19 de abril, cuando en 1911 el cabildo venezolano dió un virtual golpe de Estado al último representante de la corona española, mediante el único antecedente de consulta popular, hecho mediante una pregunta en plena plaza pública a los presentes.
Combellas usó una frase del estadista Charles De Gaulle, el impulsor de la V republica francesa, para insistir que "los procedimientos deben tener una flexibilidad considerable, cuando se está de acuerdo en el fondo y los acontecimientos hablan claro", como lo hizo el electorado en diciembre.
Afirmó que la discusión jurídica puede ser muy rica, pero el derecho debe ser flexible y atender a los valores y a la realidad social para interpretar el momento político. Un sondeo de este mes mostró que 72 por ciento apoya la constituyente.
Criticó a los que calificó de "profesionales de la astucia" que ponen las formas por encima del fondo para condicionar el referendo y la propia constituyente, después que desde el Congreso han paralizado la reforma política por 15 años.
"En el Congreso operan los profesionales de la astucia. No nos engañemos, hay muchos privilegios de un sistema que esta muriendo, pero no está muerto y quisiera sobrevivir con sus privilegios", afirmó.
Ese sistema se agotó, explicó Cobellas, porque se basó en la presencia excesiva de algunos partidos, en particular el socialdemócrata Acción Democrática y el socialcristiano Copei, que no lograron en diciembre sino 10 por ciento de votos, pero tendrán 35 por ciento del nuevo y posiblemente efímero Congreso.
La partidocracia venezolana se diferenció de otras, adujo, en su control casi monopólico de la vida política y en su carácter cupular, con esquemas de centralismo democrático, comportamientos estalinistas y fórmulas inquisitoriales.
El modelo generó un estado populista basado en la riqueza petrolera, profundamente ineficaz y burocrático, por su conformación clientelar, de cuotas partidistas, que se deslegitimó al cerrar los diques de participación.
En lugar de promover una sociedad más igualitaria, la democracia paradojícamente fue generando mayor pobreza, transformandose en una "democracia malthusiana", en que amplios sectores de la población iban perdiendo su ciudadania, generando un creciente ejército de excluidos sociales.
Su deslegitimación se completó por el enquistamiento de la corrupción, que prosperó sin que pudiera ser controlada por los resortes institucionales. (Fin/IPS/eg/ip la/98
