El gobierno de Chile reiteró hoy que no variará su estrategia de defensa del general Augusto Pinochet en el juicio que se le sigue en Londres, pese a que en 1988 el propio ex dictador aceptó la jurisdicción de tribunales internacionales en casos de tortura.
El antecedente fue aportado por la Fiscalía británica el miércoles durante los alegatos en la Cámara de los Lores acerca de la inmunidad de Pinochet, quien podría ser extraditado a España donde se le juzga por crímenes contra la humanidad.
El tratado que el entonces dictador suscribió en 1988 da preferencia a los tribunales internacionales para juzgar delitos de tortura y fue reafirmado por el actual gobierno del presidente Eduardo Frei en 1998 al suscribir en Roma el acta para la creación del Tribunal Penal Internacional.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, John Biehl, dijo que la firma y ratificación de la Convención Contra la Tortura "no significa que Chile haya entregado su soberanía", por lo que no considera válida la argumentación de la Fiscalía sobre el reconocimiento de la competencia de tribunales extranjeros.
El gobierno de Frei demanda la liberación de Pinochet argumentando que el general retirado y actual senador vitalicio goza de inmunidad diplomática y que los tribunales de otros países no tienen competencia para juzgar delitos cometidos en Chile.
El presidente de la comisión de jueces británicos, lord Nicholas Browne-Wilkinson, dijo que si Chile había firmado un acuerdo contra la tortura en el cual reconoce la competencia de los tribunales extranjeros, no entiende «por qué el gobierno (chileno) alega sobre este caso". Señaló, además, que «no cabría duda de que Gran Bretaña tiene jurisdicción» en los delitos que se atribuyen a Pinochet.
La Cámara de los Lores lleva a cabo un segundo juicio sobre la inmunidad de Pinochet, luego de que el 17 de diciembre se anulara el fallo del 25 de noviembre, que declaró procedente el arresto del ex dictador.
Los lores aceptaron entonces la recusación que se hizo de uno de los jueces, lord Leonard Hoffmann, por sus vínculos con la organización humanitaria Amnistía Internacional, que ahora es una de las partes intervinientes en este segundo proceso, al igual que el gobierno de Chile.
Los abogados del gobierno de Frei alegarán la próxima semana, después de la defensa del ex dictador, quien deberá esperar alrededor de 15 días para conocer la resolución de los siete jueces británicos sobre la validez de su inmunidad.
Pinochet, quien cumplió 83 años el 25 de noviembre, gobernó Chile desde el golpe del 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, período en que se produjeron 3.190 crímenes contra los derechos humanos entre asesinatos políticos y desapariciones forzadas.
La Fiscalía británica acusa a Pinochet de ser el principal gestor del golpe que derrocó a Salvedor Allende hace 25 años y se basa en palabras del propio general, quien en su libro "El día decisivo" se atribuye la dirección de las acciones del 11 de septiembre.
El ministro chileno de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, dijo que hasta el golpe de septiembre de 1973 sólo se puede acusar a Pinochet de sedición y subversión, pero que le parece discutible «que un Estado tenga derecho de juzgar a otro porque (el delito de conspiración) no aparece en ninguna convención internacional".
Insulza también repudió la publicación en Londres de un libro sobre Salvador Allende y Augusto Pinochet, distribuido por partidarios del ex dictador dentro de una campaña que pretende mejorar su imagen en Gran Bretaña.
El texto insiste en la existencia del Plan Zeta, una supuesta estrategia de autogolpe del gobierno de Allende, que a la postre fue una invención de la dictadura para justificar el cruento pronunciamiento militar.
"En Chile no hay ninguna discusión sobre la inexistencia del Plan Zeta", dijo Insulza, y manifestó que la difusión de textos como el aparecido en Londres "no ayudará a la defensa de Pinochet y es dañina para la convivencia nacional".
El Ejército chileno en tanto, «no estará tranquilo» hasta que Pinochet regrese al país, según señaló su comandante en jefe, general Ricardo Izurieta, quien se mostró más optimista que en otras ocasiones por el futuro de su antecesor, detenido en una clínica de Londres en octubre .
El Ejército ha sido cuestionado por declaraciones de la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, quien dio a entender que esta institución apoya económicamente los gastos de permanencia del ex dictador en Londres, quien reside en una lujosa mansión.
Izurieta dijo que Hiriart no fue interpretada correctamente y que el Ejército sólo le está proporcionando a su ex comandante apoyo y personal de seguridad. (FIN/IPS/as/ggr/hd ip/98
