¿El cargo diplomático de un ciudadano al servicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puede brindarle a él o ella absoluta inmunidad en su propio pais?
El gobierno de Malasia cree que no y objeta parte del trabajo y las declaraciones formuladas por uno de sus ciudadanos, el distinguido jurista Param Cumaraswamy, ex titular del Consejo de Abogados del país asiático, que ahora trabaja para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Cumaraswamy, redactor especial de la comisión sobre la Independencia de Jueces y Abogados, está siendo demandado ante los tribunales malasios por cuatro diferentes cargos.
Todos alegan que Cumaraswamy, cuyo mandato de tres años en la ONU acaba de ser renovado, difamó su carácter por comentarios publicados en 1995 durante una entrevista a la revista de Litigios Comerciales Internacionales con sede en Gran Bretaña.
El gobierno malasio dijo que los denunciados comentarios, contenidos en un artículo titulado "Justicia malasia bajo proceso", y publicado en noviembre de 1995, no goza de "absoluta inmunidad personal y legal". Kuala Lumpur exige 112 millones de dólares en concepto de daños.
Los defensores de Cumaraswamy dijeron que el propósito de Malasia es amordazar a los funcionarios de la ONU que cuestionan sus antecedentes en derechos humanos.
Malasia adujo ante el Tribunal Internacional de Justicia que sesionó en diciembre último en La Haya, que los redactores de derechos humanos deberían actuar de acuerdo con un "código de conducta" establecido.
Kuala Lumpur acusó a la ONU de emplear métodos "subdesarrollados" en su celo para hacer que las naciones del mundo acaten normas humanitarias globales.
Los esfuerzos de la ONU sobre derechos humanos dependen principalmente de la labor de redactores especiales como Cumaraswamy. Actualmente, la comisión tiene en actividad a 16 que escrutan la situación humanitaria en diversos países.
Otros 14 trabajan en los llamados "mandatos temáticos", como Curamaswamy, que investigan hechos como torturas, desapariciones, libertad de expresión y derecho al desarrollo.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo que Cumaraswamy habló en su caracter de redactor especial, y sostuvo que goza de inmunidad bajo los términos de la Convención de la ONU sobre Privilegios e Inmunidades de 1946, que fue firmada y ratificada por Malasia.
"Esto (el caso) es acerca de la independencia de los redactores especiales de la ONU que no deberían estar sujetos a ningún tipo de presiones politicas o legales", afirmó Theo van Boven, un profesor holandés de derecho internacional y ex funcionario de la ONU sobre derechos humanos.
Pero la fiscal general de Malasia, Heliliah Mohd Yusof, dijo en el tribunal internacional que parte del problema "está en el estado relativamente subdesarrollado de los procedimientos y medidas que la ONU emplea en su celo para lograr métodos que aseguren el cumplimiento de normas sobre derechos humanos".
Yusof expresó que los redactores no estaban suficientemente "guiados" respecto a los "limites aceptables de sus comentarios" sobre abusos humanitarios.
"Nos hacemos cargo de la preocupación del secretario general por un avance apropiado del sistema de derechos humanos de la ONU, y esto incluye el empleo de redactores especiales que observen cuestiones que causan malestar", dijo.
"Pero el eficaz funcionamiento del sistema de redactores especiales no requiere que estos sean puestos por encima de la ley o incluso fuera de ella", añadió.
Peter Baehr, director del Instituto Holandés de Derechos Humanos, sospecha los motivos malasios. El experto comparó el caso con el dictamen del tribunal internacional acerca del rumano Dumitru Mazilu, entonces redactor especial sobre derechos humanos y juventud.
El gobierno comunista rumano objetó las actividades de Mazilu y trató de amordazarlo.
"Bucarest le negó el permiso de viaje y cuestionó su inmunidad, pero (el tribunal) dictaminó que debía gozar de inmunidad como experto de la ONU en cumplimiento de su misión", dijo Baehr. "Creo que la opinión de la corte en el caso de Cumaraswamy tendrá todavía un mayor impacto".
El caso malayo se basa en el hecho de si Cumaraswamy tiene carta blanca en materia de inmunidad para todo lo que hace, o ese privilegio se aplica sólo cuando actúa en calidad de redactor especial.
Según Yusof, si la segunda alternativa es válida, entonces fue razonable para un tribunal malayo determinar primero si el acto delictivo no fue parte de sus tareas en la ONU y, según esa suposición, proceder a su enjuiciamiento.
No es así, adujo Hans Corell, subsecretario geberal de la ONU para asuntos legales en su presentación ante el tribunal internacional entre el 7 y el 11 de diciembre, en que también hicieron contribuciones legales Costa Rica, Alemania, Italia, Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos.
"Los expertos de la ONU están munidos de privilegios e inmunidades no como personas privadas sino como agentes de la organización sobre la base de la inmunidad funcional", dijo.
"Por lo tanto, corresponde sólo al secretario general y no a los tribunales nacionales decidir cual acción del experto de la ONU ha sido llevada a cabo en su carácter oficial".
No obstante, las potenciales implicancias que el caso impone a la ONU y su labor sobre derechos humanos, fue subrayada durante las audiencias por Elihu Lauterpacht, profesor honorario de derecho internacional en la Universidad de Cambridge.
En su defensa de Malasia, examinó el concepto legal de inmunidad en términos históricos y comparativos, y citó diversos casos anteriores que involucraron a diplomáticos, estados, cónsules y fuerzas armadas extranjeras.
Lauterpacht arguyó con firmeza que la convención de la ONU no daba a Cumaraswamy el derecho de no acatar a tribunales nacionales, los cuales estimaron que sus comentarios sobre la situación judicial malasia no gozaban de inmunidad bajo las convenciones internacionales.
"Malasia considera que el secretario general ratifica un derecho que no es acorde con esa convención, porque pretende decidir una cuestión que inicialmente cayó en la exclusiva jurisdicción de los tribunales malasios", expresó Lauterpacht al tribunal.
Sin embargo, Corey y otros dijeron que si se deja decidir a los tribunales nacionales cuándo y cómo debe ser aplicada la inmunidad de la ONU, tendrá efectos perjudiciales en la independencia de los expertos de la organización.
"Los expertos se verán obligados entonces a vacilar si deben hablar e informar de violaciones de normas internacionales sobre derechos humanos", afirmó.
"La posición de la ONU es muy firme y solida", replicó Van Dove. "La próxima opinión del tribunal tendrá gran impacto en el desarrollo de la legislación internacional".
Está previsto que el tribunal internacional de La Haya emita su dictamen sobre el caso entre abril y junio de este año. (FIN/IPS/tra-en/bm/rj/ego/ag/ip-hr/99
