Las Fuerzas Armadas de Honduras serían acusadas de terrorismo por posesión ilegal de armas, luego que un juez incautara un cargamento de fusiles, ametralladoras y municiones propiedad de un traficante cubano-estadounidense, según declaró hoy una alta fuente de la Fiscalía del Estado.
Los militares "han incurrido en delitos que van desde abuso de poder y violación a la Constitución, bajo lo cual pueden ser acusados del delito de terrorismo contra el Estado porque tenían esas armas ocultas, sin estar registradas en sus inventarios", dijo Dagoberto Mejía, coordinador de la Fiscalía del Estado.
En su opinión, las armas encontradas en una unidad militar en el norteño municipio de Naco "evidencian una serie de irregularidades y violaciones constitucionales porque los militares no están autorizados para cuidar y proteger armas de ningún traficante".
El armamento encontrado, propiedad del cubano-estadounidense Mario Delamico, estaba en poder de los militares desde hace 11 años y "legalmente no existe ningún acuerdo legal que avale el resguardo en los batallones de ese arsenal, con el cual se pueden equipar los ejércitos de América Central", señaló Mejía.
Miembros de la Fiscalía con asiento en la norteña ciudad de San Pedro Sula y el juez Nelson Baudilio López decomisaron el cargamento de armas en el batallón de Naco, luego de una denuncia presentada por un ex asesor de la policía.
Las armas, que estaban allí desde febrero de 1988, estarían destinadas a la desaparecida "Contra" nicaraguense y se dijo que hace tres años, estas armas intentaron ser vendidas a otro ejército centroamericano.
El jefe de las Fuerzas Armadas, general Mario Hung Pacheco, dijo que el cargamento bajo "resguardo castrense" obedecía a un acuerdo suscrito entre el gobierno de José Azcona (1985-88) y Delamico, a quien se señala como colaborador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
"Ese convenio fue parte de los acuerdos de la guerra fría y por eso nosotros tenemos guardadas las armas, no veo cual es el problema", dijo Hung en diciembre pasado. No obstante, Azcona dijo que desconocía la existencia de ese arsenal y aseguró que no firmó "ningún convenio con nadie".
"Delamico, tengo entendido, es gran amigo de los militares y en la guerra fría, ellos mandaban en este país", afirmó el ex presidente hondureño.
Entre las armas encontradas en dos bodegas del batallón militar de Naco se encuentran fusiles FAL Ak-47, ametralladoras antiáreas y cañones, así como una millonaria cantidad de municiones y gran cantidad de pólvora.
El fiscal Clovis Morales, a cargo del caso, dijo que las armas, nuevas en buen estado, constituyen "un equipo completo para armar un ejército".
Los oficiales encargados del batallón "dicen que no sabían su existencia, pero eso es ilógico, nosotros los vamos a investigar a ellos y sus antecesores", porque "poseían armas en forma ilegal y tendrán que rendir cuentas ante los tribunales", declaró el fiscal.
El portavoz militar Mario Villanueva dijo que los fiscales están haciendo un alboroto de algo que fue normal en la década pasada. "Hay un convenio que nos ampara y lo lógico es buscar al dueño, entregar las armas y ahí muere el asunto", afirmó.
Los militares "creen que las cosas se van a quedar así", pero "Honduras ya no es la misma de los años 80 y vamos hacer que se respete la ley y el estado de derecho", replicó Mejía.
El coordinador de la Fiscalía subrayó que los militares se negaron a verificar la existencia del armamento hasta que se consiguió una orden juidicial.
El general Hung se comprometió a abrir una investigación cuando salió a luz la denuncia sobre la existencia de las armas, pero "a la fecha ese informe no estó y tuvimos que actuar por nuestra propia cuenta", señaló Mejía.
Además, el caso es más grave, según el alto funcionario de la Fiscalía, porque Delamico fue señalado como uno de los responsables del atentado cometido hace cuatro años contra el ex presidente Carlos Reina, (1994-98), según informes proporcionados por la prensa estadounidense.
Los grupos de defensa de los derechos humanos pidieron a la Fiscalía que abriera juicio al general Hung Pacheco por la posesión ilegal de esas armas, al tiempo que investigara los vínculos de la CIA y Delamico con la guerra de baja intensidad desatada una década antes en América Central.
Los milittares pretendieron vender las armas encontradas en Naco a la nueva policía civil, pero una junta de notables rechazó la propuesta. (FIN/IPS/tm/ag/ip/99
