Las comunidades afectadas por los proyectos del Banco Mundial pueden ver severamente restringida su posibilidad de presentar quejas al Panel de Inspección de ese organismo multilateral a partir de febrero.
El Panel de Inspección se instaló en 1994, debido a presiones de organizaciones no gubernamentales (ONG) y del Congreso estadounidense, que insistieron en que la responsabilidad pública del Banco Mundial no sería efectiva si no existía una unidad capaz de investigar las protestas de las comunidades.
"Personas afectadas por proyectos" pueden presentar reclamos al Panel si fueron perjudicadas, o piensan que lo serán, por acciones que violen las políticas del Banco en materia social, ambiental, financiera o de supervisión de préstamos, pero sólo si antes no lograron respuestas satisfactorias del propio banco.
En cada caso, el Panel solicita a la gerencia de la institución multilateral que responda por escrito a los cargos, evalúa los alegatos de ambas partes y, si considera que es necesaria una investigación más profunda, pide permiso para proceder al Consejo Directivo del Banco.
Desde 1994 se presentó una docena de reclamos, provenientes de lugares tan distintos como los montes del Himalaya, Nepal, la selva amazónica de Brasil y las planicies centrales de India.
Entre quienes buscaron justicia en el Panel hubo campesinos y pescadores, obligados a abandonar aldeas y fuentes de sustento para que se construyeran represas, carreteras y puentes, así como accionistas de molinos de yute, que se quejaron de que el Banco Mundial los aconsejó mal y sus inversiones perdieron valor.
No obstante, la experiencia indicó que la unidad de inspección "es un buen instrumento en teoría, pero en la práctica se transforma en algo muy polémico", declaró a IPS el presidente del Panel, Alvaro Umana, cuando asumió el cargo en 1997.
El Consejo Directivo del Banco Mundial, de 24 miembros, se dispone a votar el 9 de febrero una propuesta para restringir el tipo de problemas por los cuales es posible presentar reclamos al Panel, y limitar la capacidad de la unidad para llevar a cabo inspecciones en el lugar de los hechos.
Encabezan la ofensiva para poner límites a la acción del Panel Brasil e India, junto a otros grandes deudores del Banco, según fuentes del propio Consejo, de otras áreas de la agencia financiera multilateral y de varias ONG.
En el campo opuesto figuran Estados Unidos, otros importantes accionistas del Banco Mundial y el presidente de la institucion, James Wolfensohn, descrito por dos ex presidentes del Panel como "el único amigo" que tuvo la unidad de inspección durante 1998.
En 1994, el Congreso estadounidense planteó que la formación del Panel era una condición indispensable para renovar su apoyo a la Agencia Internacional de Desarrollo, el canal del Banco Mundial para otorgar créditos blandos a países pobres.
Estados Unidos no sólo se opone ahora a las restricciones propuestas sino que desea instalar unidades de inspección similares al Panel en dos instituciones que integran el grupo del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y la Agencia de Garantía para Inversiones Multilaterales.
Queda por verse qué fuerza tendrá la defensa del Panel por parte del representante de Estados Unidos en el Consejo Directivo del Banco.
"Las inspecciones no deben hacerse de modo que los deudores sientan que están bajo el microscopio, y que son ellos, no el Banco Mundial, los investigados", declararon representantes de los países que impulsan las propuestas de restricción.
Agregaron que a menudo el Panel actuó como un intruso en las operaciones de sus gobiernos.
Los propios gerentes del Banco Mundial han aumentado el descontento por las acciones del Panel.
En no menos de cuatro inspecciones desde 1996, la respuesta gerencial a las quejas comunitarias fue que los problemas se debían a las leyes locales y al mal desempeño de las instituciones y gobiernos que recibieron préstamos.
Fuentes al tanto de las propuestas de restricción, que aún no han sido precisadas, previeron que el Consejo Directivo insistirá en que las responsabilidades se repartan entre el Banco y los deudores, en vez de abandonar el énfasis en la búsqueda de culpables y ponerlo en la solución de los problemas.
Las fuentes también pronosticaron que se prohibirá al Panel la investigación de presuntas violaciones de las normas del Banco Mundial por parte de los gobiernos deudores.
"Sería irónico que los gobiernos deudores institucionalicen esa prohibición, que en realidad señalaría sus responsabilidades, si no fuera por el hecho de que así anularían, en los hechos, la supervisión de proyectos por parte del Banco", dijo una fuente de una ONG que busca hacer público el debate sobre el Panel.
"Lo que los gobiernos deudores están diciendo es: 'Si es culpa nuestra, no hay investigación. La cosa queda ahí"', agregó.
Los países que impulsan las restricciones podrían estar tratando también de ahorrar un poco de dinero.
A fin de apaciguar a quienes presentan reclamos, el Banco Mundial ofrece a menudo "planes de acción" para solucionar los problemas denunciados, cuya realización implica préstamos multimillonarios adicionales.
El Consejo ha aprobado este tipo de soluciones, aun cuando el Panel las consideró insuficientes, en casos de traslados forzosos en Brasil, India y la segunda ciudad de Paraguay, Encarnación.
Fuentes enteradas de las propuestas de restricción informaron que se prohibiría al Panel realizar inspecciones en el lugar de los hechos denunciados, permitiéndole efectuar sólo "revisiones de escritorio" desde sus oficinas en la sede de la agencia multilateral.
Un precedente en la materia fue establecido en 1997, cuando directores ejecutivos del Banco Mundial evitaron que miembros del Panel continuaran una investigación que habían iniciado en India, tras la denuncia de violaciones a las normas de la institución sobre preservación del ambiente y reubicación de poblaciones.
Esa investigación involucraba a plantas de energía accionadas por carbón en la región india de Singrauli.
La oposición más enérgica surgió del gobierno de India, debida en parte a teorías conspirativas. Funcionarios de la Corporación Nacional de Energía Térmica dijeron a IPS, en ese entonces, que temían que el Panel actuara al servicio de intereses políticos y comerciales que pretendían privatizar ese organismo estatal.
La corporación opera tres grandes plantas en Singrauli, una región conocida como la "capital energética" de India. Las reservas de carbón en el lugar son suficientes para generar un tercio del consumo actual de electricidad del país durante los próximos 130 años, informó un documento del Banco Mundial.
El Panel recomendó investigaciones en gran escala en sólo cinco casos de la docena que se le presentaron desde 1994. Los directores ejecutivos del Banco anularon o limitaron las investigaciones en cada una de esas cinco ocasiones.
No obstante, las acciones de la unidad de inspección obligaron a la institución a revisar numerosos proyectos, y, en el caso de la represa Arun III, en Nepal, a retirarse para no contribuir a un desastre social y ecológico, cuya contrapartida en términos de utilidad económica era discutible.
"El Consejo decide si el Panel puede o no investigar una denuncia. Esto significa que la unidad de inspección carece, en última instancia, de independencia", dijo Lori Udall, abogada ambientalista y ex directora de International Rivers Network, una ONG de Washington.
En contraste, como señaló Udall en su reciente libro "La lucha por la responsabilidad", el Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial, que también está subordinado al Consejo, es libre de elegir qué proyectos examina.
De todos modos, el Panel observa proyectos planeados o en marcha, mientras el Departamento de Evaluaciones interviene "post mortem", examinando proyectos cuya ejecución ya concluyó. (FIN/IPS/tra-en/aa/kb/ego/mp-dg/dv-if/99)
