Las calles de China se vieron inundadas por una serie de protestas que abarcan desde temas fiscales a la corrupción, y que son producto de la fricción social que se desató como consecuencia de las reformas económicas.
Las manifestaciones de descontento, que ocurren en un país que ve con malos ojos el disenso público, están principalmente dirigidas contra las anomalías financieras y el creciente desempleo.
La excesiva recaudación de impuestos, agravada por la presencia de funcionarios locales corruptos, fue el eje de las violentas protestas que iniciaron los agricultores chinos.
El día 8 se produjo una manifestación en el distrito de Daolin, en la provincia de Hunan, que, según se informó, contó con la participación de miles de personas.
Se produjeron protestas similares en las provincias de Jiangsu y Shanxi.
Pese a que resulta difícil calcular las cifras exactas, los medios de comunicación oficiales chinos informaron de al menos cuatro protestas en Beijing en diciembre.
Asimismo se indicó que una o dos veces a la semana se producen pequeñas manifestaciones en las provincias chinas.
Hasta el momento, el gobierno parece dispuesto a tolerar las manifestaciones como una forma de liberar las tensiones sociales, aunque sin permitir nada que implique un desafío a su autoridad.
Consciente de las consecuencias que el descontento acarrea para la estabilidad social, el gobierno decidió prestar atención a algunas de las quejas.
Por ejemplo, fue aplazada hasta fines de año la fecha límite del primero de julio para abandonar los subsidios de gobierno en el sector vivienda.
También se modificaron las reformas en materia de granos para impulsar los precios y ayudar a los productores de bajos recursos.
Las alcaldías también recibieron órdenes de limitar "la tendencia generalizada a vender las pequeñas empresas estatales" que, según Beijing, "ejercían un impacto negativo" sobre el desarrollo económico local y la estabilidad social, y la reubicación de los empleados despedidos.
El desempleo constituye una fuente de preocupación para el gobierno.
Se calcula que para fines de 1999 se habrá despedido a 11,5 millones de trabajadores urbanos, de los cuales dos tercios son antiguos empleados públicos, como consecuencia de las reestructuras que condujeron a cierres de empresas y despidos.
Las estadísticas oficiales demuestran que solamente en Beijing fueron despedidos 169.600 empleados públicos el año pasado.
Mientras que el proceso de apertura y reformas de mercado apunta a modernizar el país, en muchos aspectos deja al gobierno chino con un menor poder estatal para controlar las consecuencias del mismo.
Entre tales consecuencias se encuentran los cierres de algunas empresas y la venta de las estatales deficitarias, o los abusos de poder dentro del proceso de reformas.
Por ejemplo, la decisión del gobierno de vender las empresas estatales deficitarias por debajo de los precios de mercado dio a los funcionarios de gobierno una oportunidad inmejorable para explotar el poder de que disponían. Anteriores gerentes y otros directivos de esas firmas fueron quienes las compraron.
Muchos de ellos aprovechan la ausencia de normas estrictas que regulen las ventas de las estatales y la connivencia de funcionarios corruptos.
Los casos de corrupción desencadenaron otra serie de protestas en distintas partes del país.
Tal fue el caso de la venta de la planta de cemento de Yuanmei en el condado de Chuxiong, al suroeste, que fue anulada cuando los empleados presentaron un recurso.
Este es un caso sin precedentes que enfrenta a las autoridades y los empleados, algo que hubiera sido insólito en la China del pasado.
Con activos fijos por valor de 5,5 millones de dólares y 550 empleados, la fábrica tenía una capacidad para producir hasta 130.000 toneladas de cemento por año.
En marzo de 1998, en línea con una política implementada a nivel nacional, se estableció un comité para decidir la transformación de la planta en una compañía con participación accionaria.
El subgerente de la planta, que presidía el comité, elaboró un informe en el que hacía constar que la empresa contaba con un patrimonio de 829.000 dólares, y propuso la venta a ese precio.
Luego de una serie de formalidades con el gobierno del condado, fue el propio presidente del comité quien compró la fábrica.
El nuevo propietario despidió a casi 70 por ciento de los trabajadores y canceló los beneficios de la compañía por concepto de vivienda, salud y seguros, y luego exigió una enorme suma a los empleados para el "fondo de seguro contra todo riesgo".
Posteriormente, los trabajadores realizaron una fuerte protesta, el gobierno del condado anuló la venta y estableció un nuevo comité para estudiar la posterior enajenación de la planta.
Este es uno de los obstáculos a las reformas: una omnipresente atmósfera de corrupción asociada a una actitud destructiva y que fomenta los mecanismos de enriquecimiento acelerado.
Todo ello condujo a la venta de las empresas públicas por parte de grupos que no muestran interés por los empleados despedidos o la capacidad de producción.
Estos incidentes exhiben a las claras los tropiezos que surgen dentro del proceso de reformas mientras China celebra el vigésimo aniversario de sus políticas de apertura y reformas de mercado.
El actual gobierno ha proseguido las políticas fijadas por Deng Xiaoping para modernizar la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología.
Pero está pagando el precio de las propias premisas del legendario líder, que preconizaba "lograr primero la riqueza y luego preocuparse de las consecuencias".
La corrupción y sus efectos negativos se agregan al ya pesado costo social que produce la razionalización del sector estatal chino.
El gobierno anunció que la tasa de desempleo registrada en 1998 en las áreas urbanas fue de 0,66 por ciento, cumpliéndose así la meta de mantener la tasa por debajo de uno por ciento.
También se abrieron más de 900 centros de servicios de colocación laboral para ayudar a reubicar a los trabajadores que habían sido cesados.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, más de 60 por ciento de los 169.600 empleados despedidos de las empresas estatales de Beijing el año pasado ya fueron ubicados en nuevos puestos de trabajo.
Pero el gobierno se enfrentará a una creciente presión por desempleo este año, cuando ingresen 11 millones de jóvenes al mercado laboral.
"Las autoridades locales han mal utilizado su poder y sembrado el descontento entre la población", expresó un funcionario del Partido Comunista en Beijing que permaneció en el anonimato.
"Más allá de si se trata de un caso en el pueblo de Gouyuan, provincia de Jiangsu, donde los aldeanos protestaron contra los impuestos, o en el condado Zizhou, provincia de Shanxi, donde los agricultores demandaron a las autoridades que intentaron recaudar demasiados impuestos, todo ello va a llamar la atención del gobierno", agregó.
"En años anteriores, nunca se había informado de casos similares. Los funcionarios corruptos ahora gozan del beneficio de la duda", expresó.
Mientras el gobierno promueve reducir los impuestos de los agricultores, las autoridades locales les exigen que paguen más, por lo que los agricultores no tienen otra salida que recurrir a las protestas.
El presidente chino Jiang Zemin, quien también es secretario general del Partido Comunista, reconoce la existencia de la corrupción.
"Algunos miembros y funcionarios del partido se apartaron de la disciplina partidaria en las nuevas circunstancias que estamos viviendo", señaló en una reunión del comité central.
"La falta de disciplina se ha convertido en un gran problema para algunas organizaciones del partido", concluyó. (FIN/IPS/tra- en/ap-ip-hd/pa/js/mvf-dg/if-ip/99
