Abogados y periodistas de Zimbabwe se manifestaron en las calles de Harare en protesta por la detención y las torturas que sufrieron dos periodistas a manos de los militares.
Ray Choto y Mark Chavunduka, ambos del semanario independiente Standard, fueron torturados mientras se encontraban detenidos en un cuartel militar por publicar un artículo el día 10 que aseguraba que 23 oficiales del ejército habían sido detenidos por planear un frustrado golpe de Estado.
Los manifestantes se reunieron el martes pasado fuera del Alto Tribunal de Harare antes de marchar hacia la sede del Parlamento, donde tenían previsto reunirse con legisladores para expresarles que "las cosas no están bien en Zimbabwe".
"Queríamos saber qué hará el Parlamento con respecto a la tortura de los dos periodistas", explicó Kevin Laue, presidente de la organización Abogados de Zimbabwe por los Derechos Humanos.
Pero el encuentro con los legisladores no se materializó porque policías antimotines impidieron el ingreso al Parlamento de los pacíficos manifestantes y les ordenaron que se dispersaran y que gestionaran "ante los legisladores de sus distritos y consultaran primero con el presidente" del poder legislativo.
Los manifestantes se sentaron fuera del Parlamento y cantaron el himno de protesta del movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos, "We Shall Overcome". "Todo el mundo nos está observando", gritaron.
David Chimhini, director ejecutivo de ZimRights, un grupo defensor de los derechos humanos, dijo que aunque no pudieron reunirse con los legisladores, "al menos el mensaje ya se envió".
El ministro de Defensa, Moven Mahachi, negó la veracidad de la versión periodística que denunciaba el frustrado golpe de Estado. Chavunduka y Choto fueron acusados por la ley de Mantenimiento de la Ley y el Orden de realizar declaraciones falsas que podrían causar el temor y la alarma del público.
Chavunduka dijo en conferencia de prensa la semana pasada que, durante su detención, los militares lo desnudaron y sumergieron su cabeza en agua mientras le aplicaban choques eléctricos por todo el cuerpo.
Choto afirmó que los golpes que le dieron en los oídos le perforaron un tímpano, y que también fue obligado a arrastrarse en un terreno con alambres de púas. Ambos periodistas aseguraron que se les amenazó de muerte, y agregaron que no se sentían protegidos por las leyes ni los tribunales.
En una entrevista con la emisora británica BBC, el ministro Mahachi negó que los periodistas hayan sido torturados y dijo que ambos mintieron, se infligieron heridas y luego responsabilizaron a los militares.
Las declaraciones irritaron a los activistas que exigen la renuncia de Mahachi.
La marcha del martes fue organizada por la Asamblea Nacional Constitucional, integrada por otros por Abogados de Zimbabwe por los Derechos Humanos y la Unión de Periodistas de Zimbabwe.
Laue informó que los abogados se reunirán con el Fiscal de la Nación Patrick Chinamasa el miércoles para saber si ordenará al "comisario de la policía (Augustine Chihuri) la investigación de la detención ilegal de los periodistas y los cargos de secuestro contra la policía".
También indagarán por qué se sigue aplicando la norma de Mantenimiento de la Ley y el Orden para detener a los ciudadanos si el Parlamento votó su derogación, agregó Laue.
En un documento divulgado en la marcha, los abogados recordaron la historia de la ley de Mantenimiento de la Ley y el Orden, promulgada en 1960. La norma fue el principal instrumento represivo del régimen racista de lo que entonces era Rhodesia.
El entonces ministro de Justicia, Robert Tredgold, advirtió que si se aprobaba la norma, "no quedarán dudas de que Rhodesia es un estado policíaco". Cuando la ley finalmente se promulgó, Tredgold renunció en protesta y la calificó de "salvaje, perversa y sucia".
Mientras se intensificaba la lucha contra el gobierno de la minoría blanca, la legislación se modificó varias veces para hacerla más represiva.
Sólo en 1997, mucho después de que terminaron las hostilidades, el gobierno electo decidió sustituir la ley por la Ley del Orden y Seguridad Pública.
Aunque el proyecto tiene las mismas características draconianas de la ley anterior y muchos activistas de derechos humanos se opusieron a la misma, la norma fue aprobada por el Parlamento a fines de 1998. Sólo falta que el presidente la promulgue.
Mientras ello no ocurra, se sigue aplicando la ley de Mantenimiento de la Ley y el Orden. (FIN/IPS/tra-en/lm/pm/aq/hd/99
