Una polémica aparentemente técnica entre las autoridades municipales de la capital y el gobierno y las Fuerzas Armadas estaría confirmando la existencia de cementerios clandestinos en predios militares en Uruguay.
La polémica estalló en razón de que las obras de saneamiento que se propone emprender la municipalidad de Montevideo en la zona norte de la ciudad incluyen excavaciones en el Batallón de Infantería Blindados número 13.
Denuncias de ex presos políticos y de ex soldados afirman que en ese cuartel del ejército fueron enterrados opositores secuestrados, torturados y asesinados durante la última dictadura militar (1973-1985).
El comandante del ejército, Fernán Armado, solicitó que se desvíe el trazado del colector, en una carta dirigida al jefe del gobierno municipal de Montevideo, Mariano Arana, del izquierdista Frente Amplio. Este pedido fue respaldado por el ministro de Defensa, Juan Luis Storace.
Según esgrimen ambos, en las cercanías de ese predio se encuentran almacenados armas y material bélico, y existen terrenos donde se arrojan desechos explosivos.
Amado solicitó en su carta, fechada en noviembre pasado pero que Arana recibió a mediados de diciembre, que las obras que deban ser realizadas al interior del Batallón de Infantería Blindados número 13 sean llevadas a cabo por el personal del Cuerpo de Ingenieros del ejército.
El director de Saneamiento de la municipalidad de Montevideo, Eduardo Ríos, manifestó el miércoles su "extremo escepticismo" en cuanto a que se pueda modificar el trazado del colector de aguas servidas.
Para ello arguyó también razones técnicas, como que para obras de este tipo "se toma en cuenta la cota de ingreso y salida al predio a efecto que las aguas circulen por gravedad", lo cual determina que el plan decidido, y comunicado a la empresa privada adjudicatoria de los trabajos, es el "más adecuado".
No obstante, Arana y Storace acordaron que la municipalidad capitalina y los jefes militares mantengan reuniones próximamente para evaluar el problema.
Pero tras este diferendo subyace el tema de los desaparecidos durante la dictadura militar.
Una fuente militar citada este miércoles por el diario La República dijo que "esta inusitada pretensión" del ejército y del Ministerio de Defensa busca "evitar que los operarios descubran parte de los restos de los desaparecidos que fueron enterrados precisamente por donde pasa el trazado del colector".
Ya en 1985, apenas recuperada la democracia en Uruguay, el ex soldado Ariel López Silva admitió haber participado en el entierro, en el predio del Batallón de Infantería Blindados número 13, de cuatro o cinco cuerpos de opositores ejecutados en los años 70.
Entre ellos podría estar el de la maestra Elena Quinteros, secuestrada en junio de 1976 cuando intentaba refugiarse en la embajada de Venezuela en Montevideo.
Según López Silva, uno de los cuerpos que transportó en bolsas y enterró "podría pertenecer al de una mujer, en razón de que era bastante más liviano que los otros".
También en 1985, diversos presos políticos que afirmaron haber compartido cautiverio con Quinteros dijeron que la maestra fue fusilada poco menos de un mes después de su secuestro y enterrada en el Batallón de Infantería Blindados número 13.
En 1997, el general retirado Alberto Ballestrino confirmó al senador Rafael Michelini que ese predio militar había servido de "enterradero" clandestino de desaparecidos.
Y en diciembre pasado el ex soldado Sergio Pintado se presentó ante la Suprema Corte de Justicia para testimoniar sobre la existencia de cementerios clandestinos en varios lugares del país, entre ellos el Batallón de Infantería Blindados número 13.
El ejército siempre negó veracidad a esas versiones.
Unos 160 uruguayos fueron secuestrados por razones políticas, la mayor parte de ellos, cerca de 130, desaparecieron en Argentina en operativos conjuntos de represión llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de los países del Cono Sur de América Latina, y otros 30 fueron secuestrados en Uruguay.
Una ley aprobada en 1986 y ratificada tres años después en un plebiscito impide el castigo penal a los militares implicados en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, pero determina que se investiguen las circunstancias en que se produjeron las desapariciones.
El Estado jamás llevó a cabo investigación alguna al respecto. (FIN/IPS/dg/ag/ip-hd/99
