Jueces y fiscales del sistema judicial de México son cómplices de violar los derechos humanos, incluso de abusos graves como la tortura o la desaparición, denunció la organización Human Rights Watch (HRW).
El grupo estadounidense defensor de los derechos humanos divulgó el jueves simultáneamente en Ciudad de México y Washington un informe que sostiene que los fiscales, "por ignorancia premeditada o invención intencional", consiguen sus pruebas cometiendo graves abusos, como la tortura.
Simultáneamente, los jueces emplean leyes y precedentes cuestionables para condenar a los procesados mientras ignoran los abusos cometidos en su contra, según el informe "Injusticia sistémica: Tortura, 'desaparición' y ejecución extrajudicial en México".
"Es mucho más probable que el sistema judicial de México procese a una víctima de tortura, utilizando pruebas obtenidas mediante abusos, que envíe al torturador a la cárcel", destacó José Miguel Vivanco, director de HRW para América.
"Lejos de conducir a la justicia, (esta situación) crea injusticia", agregó.
El informe también responsabiliza al gobierno de Ernesto Zedillo que, a pesar de reconocer la existencia de graves violaciones de los derechos humanos y de abogar por su erradicación, hasta el momento no encaró el problema con seriedad.
"Enfrentado a violaciones generalizadas de los derechos humanos, el gobierno optó por tratarlos como un asunto a manejar políticamente, contrarrestarlos con estadísticas superficiales o encararlos con reformas o iniciativas insuficientes", asegura el informe de 33 páginas.
Una parte importante del problema es la reacción de las autoridades judiciales a las violaciones de los derechos. HRW señala que "es mucho más probable que (el sistema) cierre filas y niegue los abusos, y no que insista para juzgar a los violadores de derechos humanos".
Así mismo, el sistema fomenta que los fiscales utilicen pruebas obtenidas mediante abusos porque no reciben sanciones por hacerlo. "Sus jefes no los castigan y los jueces no rechazan los casos", agrega el informe.
El sistema judicial mexicano es ambiguo ante el uso de evidencias obtenidas como consecuencia de abusos a los derechos humanos, como el arresto o la búsqueda ilegal, la detención prolongada, las golpizas o la tortura.
La Constitución y las leyes permiten a los jueces descartar esas pruebas e incluso procesar a los funcionarios responsables, pero esas normas rara vez se aplican, explica HRW.
El informe se basa en investigaciones realizadas durante dos años y documenta casos de torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en cinco estados: Oaxaca en el sur, Morelos y Jalisco en el centro industrial, y Baja California y Tamaulipas al norte, junto a la frontera con Estados Unidos.
Los casos abarcan una serie de incidentes relacionados con operaciones de contrainsurgencia, drogas y delitos comunes. Los abusos a los derechos humanos, como la detención prolongada y la tortura, están generalizados en distintas partes del país, asegura HRW.
En un principio, el informe señala abusos cometidos por la policía o por soldados, y luego continúa detallando las acciones y reacciones del sistema judicial y los dirigentes políticos.
El informe alaba varias reformas adoptadas por el gobierno federal, comenzando por la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que en 1990 creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en 1991 promulgó una ley federal contra la tortura.
Así mismo apoya la creación, anunciada en diciembre, de un programa nacional para promover y reforzar los derechos humanos, y elogia la decisión del gobierno de reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
No obstante, el gobierno aún no enfrentó los casos de graves violaciones a los derechos humanos en que el sistema judicial es cómplice, sostiene HRW.
Un caso típico citado es el de Juan Lorenzo Rodríguez, quien según la organización, fue procesado y condenado erróneamente de asesinato por las autoridades de Tamaulipas. El informe aduce que Rodríguez, quien sigue en la cárcel, fue víctima de detención arbitraria y de torturas.
La juez estatal que sentenció a Rodríguez "excluyó evidencias que lo favorecían, mientras reconoció pruebas que lo incriminaban obtenidas bajo condiciones que violaron sus derechos humanos", puntualiza. Su condena se basó en gran parte en una declaración de un supuesto cómplice que luego se retractó.
Muchas de las violaciones en Oaxaca proceden de los esfuerzos contrainsurgentes del estado contra el Ejército Popular Revolucionario (EPR), e incluyen la detención ilegal, la tortura y la extracción de confesiones de personas que se presume apoyan al grupo rebelde.
Aunque algunos de los detenidos en forma errónea finalmente fueron liberados, "el panorama que surge es el del uso sin control de la fuerza contra el EPR, sumado a la falta de interés de los funcionarios de todo el sistema judicial", advierte HRW. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/hd/99
