La Corte Suprema de Filipinas suspendió la ejecución de un condenado a muerte por violación y agregó así un elemento más al debate sobre la ley de pena capital que se aprobó en 1993, pero aún no se aplicó en este país del sudeste asiático.
El lunes pasado, tres horas antes de la ejecución prevista para las 15:00 horas, la Corte Suprema votó ocho contra cinco para suspender la aplicación de la pena de muerte contra Leo Echegaray, condenado en 1994 por violar a su hija de 10 años.
La Corte concedió al Congreso, algunos de cuyos legisladores expresaron sus dudas sobre la ley de 1993 que restauró la pena capital, lapso hasta el 15 de junio para anular la norma. Si el legislativo no lo hace, no se permitirán suspensiones ulteriores de la ejecución de Echegaray.
Para los opositores a la pena de muerte, la orden de la Corte fue un paso positivo para proteger los derechos humanos. Después de todo, sostienen, Filipinas reimpuso la pena capital cuando la mayor parte del mundo deja de aplicar este tipo de castigo.
"El debate que se aproxima brinda la oportunidad para que Filipinas pruebe su compromiso con la protección de los derechos humanos, y especialmente con el derecho a la vida", declaró la organización Amnistía Internacional.
"Es un gran día para el sistema judicial. La Corte Suprema está diciendo que será una corte activista", opinó Sen Raúl Roco, a favor de la anulación de la pena de muerte y por la conmutación de la pena capital a prisión perpetua.
Pero para los partidarios de la pena de muerte, la orden de la Corte fue un símbolo de las dudas que tienen las autoridades para aplicar la ley.
"Uno no tiene que ser partidario de la pena capital para considerar sorprendentes e incluso preocupantes los acontecimientos del lunes. Porque el mensaje no fue el de un estado humanitario, sino el de un estado que duda en su decisión de aplicar la ley", comentó el martes el diario Manila Times.
"La ley no es una banda elástica, que se estira y se moldea según la opinión del público. Es un mecanismo para proteger a la sociedad del mal", agregó el periódico Manila Standard.
"La ley es la ley. ¿Cómo vamos a dar el ejemplo a los demás?", se preguntó un enojado empresario retirado el martes.
Echegaray, pintor de 38 años que niega haber cometido la violación, hubiera sido el primer filipino ejecutado desde 1976, cuando un narcotraficante murió en la silla eléctrica. La hija de Echegaray ahora tiene 15 años.
Mientras el acusado gozará ahora de una suspensión de la pena de al menos seis meses, los legisladores se preparan para mantener enconados debates sobre la revocación de la ley, incluso antes de que se haya aplicado.
La ley se aprobó a raíz de una serie de crímenes atroces que recibieron la atención de los medios de comunicación a principios de esta década. Desde entonces, unas 840 personas, muchas de ellos procesados por violación, fueron condenados a muerte.
El Congreso discutirá si la pena de muerte constituye un castigo cruel, si se aplica más contra los pobres, sobre las formas de asegurar que no haya condenas y sentencias erróneas, y si es una forma de disuasión del delito.
La prensa citó una encuesta de 70 presidentes y ex presidentes de tres organizaciones profesionales de criminología de Estados Unidos. Esta reveló que más de 80 por ciento de los expertos consideran que no hay pruebas suficientes para demostrar que la pena de muerte tiene un efecto disuasivo.
Los defensores de la pena de muerte sostienen que la ley tiene suficientes garantías, ya que incluye la revisión automática de las condenas a muerte por la Corte Suprema.
La propia Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la ley y en noviembre autorizó a un tribunal inferior que fijara fecha para la ejecución de Echegaray.
Los políticos esperan que haya un enfrentamiento en el Congreso, porque el Senado parece inclinado a revocar la ley mientras la Cámara de Representantes cree que la revisión sólo se debe realizar una vez que se aplique la norma.
"Discutimos por la ley durante más de seis años. ¿Ahora vamos a cambiarla sobre la base de quién habla más fuerte?", se preguntó el senador Rodolfo Biazon.
En todo caso, el presidente Joseph Estrada, a quien irritó la orden de la Corte Suprema, promete vetar todo proyecto de ley aprobado por el Congreso que revoque la pena capital.
El lunes fue un "día triste para la aplicación de la ley y el imperio de la ley", declaró Estrada. La orden de la Corte fue un acto político ya que esta previamente había revisado y confirmado la condena de Echegaray, agregó.
Estrada también criticó a la iglesia católica, que en reiteradas ocasiones le pidió que aplazara la ejecución.
Canales de televisión habían planificado una cobertura especial de la ejecución de Echegaray y de sus "momentos finales". Una vigilia nocturna, con la asistencia de grupos católicos, también se realizó fuera de la prisión. (FIN/IPS/tra-en/js/aq/hd/99
