Representantes de la Iglesia Católica y del gobierno de Guatemala continúan enfrentados por el caso del asesinato del obispo Juan Gerardi, por el que fue encarcelado un sacerdote con problemas de salud y al que la jerarquía eclesiática considera inocente.
Gerardi fue muerto el 26 de abril de 1997, 48 horas después de presentar un exhaustivo informe sobre violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en que responsabilizaban al ejército de la mayoría de los hechos denunciados.
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) aguardó el reemplazo del fiscal Otto Ardón, de cuya imparcialidad dudaba, para presentar ante el nuevo titular del Ministerio Público, Celvin Galindo, un testigo que podría ser clave para la investigación.
Se trata de un taxista que habría presenciado en la noche en que Gerardi fue asesinado lo que parecía ser un operativo policial en las inmediaciones de la iglesia de San Sebastián, escenario del asesinato.
Días más tarde, quien sustituyó al taxista como conductor del mismo automóvil fue asesinado. El cadáver presentaba un tiro de gracia y el hecho fue reportado así por la policía, que no se percató de la relación con el caso Gerardi. Después, otra persona que conducía el mismo taxi sufrió un atentado, informó el diario Siglo Veintiuno.
La Iglesia Católica y las organizaciones de derechos humanos exigieron que se investigara la posible participación del ejército en el asesinato.
Pero el Ministerio Público detuvo al sacerdote Mario Orantes, que compartía residencia con Gerardi y desestimó las sospechas de móvil político y de participación de militares.
Gerardi, de 75 años, fue golpeado con un objeto contundente que le destrozó cráneo y rostro. Orantes fue detenido hace cinco meses y permanece en prisión a pesar de sus problemas de hipertensión y en los aparatos digestivo y circulatorio.
El cuerpo diplomático acreditado en Guatemala pidió la semana última al gobierno que apresure las investigaciones para aclarar el asesinato, "sin dejar de explorar ninguna pista".
Las autoridades deben asegurarse de que "brille la verdad, se haga justicia y se acabe con la impunidad en el caso Gerardi", dijeron embajadores y delegados de organizaciones internacionales.
El nuncio apostólico, Ramiro Moliner Inglés, dijo que el esclarecimiento del crimen devolverá a los guatemaltecos la confianza en las instituciones del Estado.
En respuesta, el presidente Alvaro Arzú dijo que este caso, "está en las manos apropiadas: el Ministerio Público, que es un organismo independiente, y los tribunales de justicia, igualmente soberanos", por lo que el gobierno nada tiene que ver con la investigación.
Mientras, el canciller Eduardo Stein admitió que el diálogo del gobierno con el nuncio apostólico, representante del Vaticano, "está erosionado por las contradicciones y fricciones originadas en las investigaciones para esclarecer el crimen de Gerardi".
La abogada Karen Fischer, de la organización humanitaria Alianza Contra la Impunidad, dijo a IPS que tiene la esperanza de que el asesinato se aclare, pues "marca a Guatemala como símbolo de la impunidad, tanto a nivel nacional como internacional".
Fischer aseguró que "hubo manipulación de la prueba desde un inicio y la investigación ha dejado mucho que desear". (FIN/IPS/cz/ff/ip hd/99
