La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó hoy a los países miembros de la OEA promover la jurisdicción universal en materia de combate al genocidio y a los crímenes contra la humanidad y de guerra.
La CIDH lanzó su recomendación en la víspera del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Su propuesta, aprobada por unanimidad, coincidió también con la decisión del ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, de reconocer facultades a los tribunales británicos para considerar el pedido de España de extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Pinochet está detenido desde el 16 de octubre en Gran Bretaña a solicitud del juez español Baltasar Garzón, que se propone abrirle proceso penal por algunos de los delitos mencionados en la declaración de la CIDH.
La Corte pidió a los países afiliados a la OEA (Organización de Estados Americanos) que adopten "las medidas legislativas y de otra naturaleza necesarias para invocar y ejercer la jurisdicción universal frente a los individuos acusados de genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad".
La CIDH, que dirigió su mensaje a todos los países de América con la sola excepción de Cuba, también recomendó a los estados "que no lo han hecho aún" que "suscriban y ratifiquen el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado por la Conferencia Diplomática de Roma el 17 de julio de 1998".
Algo más de 130 estados aprobaron en la conferencia de Roma el estatuto del TPI en el entendido de que los delitos de lesa humanidad "no pueden quedar impunes" y que es "deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal sobre los responsables de la comisión de crímenes internacionales".
Fue partiendo de la misma base que el juez Garzón comenzó a actuar en la causa iniciada en Madrid por organizaciones de derechos humanos contra Pinochet, cuya dictadura se prolongó de 1973 a 1990.
En función de diversos testimonios y documentos, Garzón pidió la captura internacional de Pinochet en su calidad de figura principal de la Operación Cóndor, plan que desde 1975 coordinó los aparatos represivos de las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
Así mismo, la CIDH recomendó a los países del hemisferio que hagan efectivo "el derecho de libre acceso a la informacion existente en los archivos y documentos en poder del Estado".
Ese libre acceso debe darse "particularmente en los casos de investigaciones tendentes al establecimiento de la responsabilidad por crímenes internacionales y graves violaciones de los derechos humanos", según la declaración.
La CIDH está integrada por 11 juristas de estados miembros de la OEA. (FIN/IPS/ff/hd/98
