El gobierno y la oposición de Panamá se acusaron mutuamente hoy de apelar a la violencia y a la represión para desestabilizar el país y enturbiar el proceso electoral de 1999, a raíz del ingreso de policías a un recinto universitario.
Un grupo agentes de la policía violaron el miércoles la autonomía de la estatal Universidad de Panamá al entrar a sus predios disparando perdigones, bombas de gas lacrimógeno y balas de caucho contra estudiantes que habían organizado una protesta.
La manifestación, que incluyó el cierre de las calles adyacentes a la universidad, era contra la proyectada privatización de la companía de agua potable y contra un decreto que transfirió algunos feriados para los días lunes.
Entre ellos figuraba el día de la madre y la Inmaculada Concepción, que se celebraba por ley el 8 de diciembre.
El profesor universitario Miguel Antonio Bernal señaló que no ocurría un hecho de ese tipo desde hace 30 años, y que "ni siquiera bajo la dictadura (del despuesto general Manuel) Noriega" la fuerza pública entró a la universidad a reprimir una protesta.
Ese mismo día, otro grupo de policías ocuparon el colegio secundario Instituto Nacional y arrestaron a 38 estudiantes que en esos momentos realizaban una reunión en el edificio.
Durante los incidentes ocurridos en ambos centros educativos hubo 110 estudiantes detenidos, los cuales ya fueron liberados y unos 20 heridos entre los manifestantes.
Excepto el presidente Ernesto Pérez Balladares y su ministro de Educación, Pablo Thalassinos, hasta ahora ningún otro funcionario, sector o partido, incluido el gobernante Revolucionario Democrático (PRD), justificó el rigor con que actuó la policía y la violación de la autonomía universitaria.
Pérez Balladares indicó que no va a permanecer "con los brazos cruzados ante disturbios callejeros protagonizados por un grupo de supuestos líderes estudiantiles interesados únicamente en promover desórdenes y enfrentamientos".
Mientras, Thalassinos adujo que entre los que organizan las protestas "existen grupos que quieren crear en el país un ambiente de ingobernabilidad motivados por un trasfondo político".
Bernal, por su parte, acusó a "la cúpula gobernante de planear la desestabilización del país con el fin de justificar la convocatoria a una asamblea constituyente y prorrogar el mandato del presidente" hasta el 2001.
El opositor Partido Arnulfista adujo este jueves en un comunicado que "la desmedida represión" adoptada por el gobierno contra los estudiantes tiene la intención de "impedir el proceso electoral del 2 de mayo de 1999".
El comunicado advirtió que la represión de estudiantes y la violación de la autonomía universitaria repite "lo ocurrido el 11 de octubre de 1968 cuando se instauró una dictadura militar (comandada por el fallecido general Omar Torrijos), padre del partido que se encuentra actualmente en el gobierno".
Esta posición fue coincidente con la de Edwin Cabrera, dirigente del opositor Partido Demócrata Cristiano, para quien "la cúpula del gobierno" tiene la "intención de crear una crisis".
La represión del miércoles "es desproporcionada con relación al tamaño y la forma de la protesta", dijo Cabrera, quien subrayó que el modo de actuar de la policía es "parte de una acción desestabilizadora" destinada "a justificar" la postergación de las elecciones de mayo de 1999.
El 30 de agosto, 68 por ciento de los ciudadanos rechazaron una reforma constitucional proyectada para permitir la reelección de Pérez Balladares por un segundo mandato de cinco años a partir de 1999.
El sociólogo y analista independiente Marcos Gandásegui estimó que las protestas de estudiantes y trabajadores tienen un fondo real y muy concreto.
"Se protesta así porque no hay otra forma de expresión, ya que el parlamento, que debería actuar para impedir la privatización y derogar el decreto (sobre los feriados), es sordo al clamor de sus electores", dijo Gandásegui.
Otra protesta de trabajadores, estudiantes y religiosos que acudieron al parlamento a pedir su intervención contra la privatización del agua potable y el decreto sobre los feriados también fue violentamente reprimida por la policía el día 3.
El diputado del PRD Miguel Bush afirmó que la represión cometida el miércoles contra los universitarios "no se justifica", y la calificó de "inicio de un gobierno de rango fascista".
Mientras, el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, también atacado con gases lacrimógenos por los policías que entraron al recinto universitario, adelantó que demandará "a los responsables de la violación de la autonomía". (FIN/IPS/sh/mj/ip/98
