La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Etiopía incrementaron su guerra de palabras por la expulsión del país africano de 38 funcionarios del foro mundial.
Etiopía acusó a los 38 funcionarios, procedentes de Eritrea, de ser espías de ese país vecino, con el que mantiene una disputa fronteriza.
Al personal y sus familias se les pidió que vendieran sus pertenencias y abandonaran el país en el plazo de un mes, indicó Ralph Zacklin, secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU.
Funcionarios de la cancillería etíope dijeron a los empleados que eran expulsados porque "su presencia en Etiopía se consideraba incompatible con intereses de seguridad nacional".
La secretaría de la ONU rechazó las acusaciones y aseguró que la expulsión no tiene justificación y se basa solamente en la nacionalidad de los 38 empleados.
"Etiopía no puede tomar medidas unilaterales sin dar a la secretaría la oportunidad de investigar las acusaciones", dijo Zacklin ante una reunión en Nueva York del Comité Administrativo y Presupuestal de la ONU.
La tensión política entre Etiopía y Eritrea existe desde que esta se independizó en mayo de 1993, lo que dejó al territorio etíope sin salida al mar. Eritrea era una provincia de Etiopía y luchó por su independencia durante más de 30 años.
Ahora la Oficina Jurídica de la ONU se sumó a este último enfrentamiento y acusó al gobierno etíope de violar la carta del foro mundial y de no respetar los privilegios e inmunidades correspondientes a sus empleados.
"El caso representó una carga administrativa y financiera para la ONU y creó una tragedia humana al desarraigar personal y profesionalmente" a los empleados, dijo Zacklin.
Etiopía declaró "personas no gratas" a los 38 funcionarios, aunque esa medida, utilizada mayormente contra diplomáticos, no se aplica contra la ONU o sus empleados, precisó.
Los funcionarios no pueden ser expulsados de un país anfitrión sin dar a la ONU la oportunidad de investigar las acusaciones y decidir si hubo violación alguna a sus privilegios e inmunidades.
Azanaw Abreha, diplomático de la misión etíope ante la ONU, se manifestó asombrado de que la Oficina Jurídica del foro mundial haya acusado a su gobierno de violar los derechos de los empleados y sus obligaciones internacionales.
"Eso no tiene fundamento, en especial cuando hay en juego asuntos de seguridad nacional", declaró.
"La secretaría de la ONU no opera en un vacío político. Las declaraciones del secretario general adjunto carecen de la neutralidad y el profesionalismo esperado de un órgano o departamento de la ONU sobre cuestiones relacionadas con un conflicto entre dos estados miembros", agregó.
Para Abreha, el problema no se limita a un malentendido entre Adis Abeba y la ONU. "Es un problema de seguridad nacional originado en la agresión no provocada de Eritrea y las actividades ilegales de algunos integrantes del personal de ese país", sostuvo.
Los 38 empleados de la ONU "eran miembros activos de la gran red clandestina creada para desestabilizar a Etiopía", aseguró.
Abreha también recordó que existen acuerdos internacionales que exigen al personal de la ONU abstenerse de realizar actividades que puedan interferir con sus cargos como funcionarios internacionales.
Los privilegios e inmunidades se otorgan en interés de la ONU y sus organismos, y no para los individuos en sí, señaló.
El código de conducta del personal de la ONU establece, entre otras cosas, que las actividades políticas, e incluso la aceptación o la solicitud de aportes financieros, deben considerarse como un acto de conducta inadecuada para un funcionario internacional.
La sede de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa, uno de los principales organismos regionales del foro mundial, se encuentra en Adis Abeba, que también alberga a uno de los mayores centros de conferencias del organismo en Africa.
Los 39 empleados expulsados trabajaban para la Comisión Económica y otros organismos como la Organización Internacional del Trabajo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa Mundial de Alimentos.
La ONU informó que las acusaciones del gobierno etíope se formularon en términos generales y sin la información detallada que permita realizar una investigación.
"La ONU rechaza toda acusación sin fundamentos", dijo Zacklin.(FIN/IPS/tra-en/td/mk/aq/ip/98
