La justicia británica inició hoy el procedimiento de extradición a España del ex dictador chileno Augusto Pinochet, quién probó por primera vez en su vida el banquillo de los acusados.
El general retirado fue escoltado por un nutrido contingente policial desde la lujosa mansión de Surrey en que habita hasta la corte de Belmarsh, al sureste de Londres, donde lo esperaban los jueces y centenares de manifestantes.
La comitiva entró a la corte sin detenerse ante los manifestantes, divididos en dos bandos. Pinochet viajaba a bordo de un auto Ford Galaxy verde con las ventanas tapadas.
"Asesino, asesino", gritaba un grupo, meintras al otro lado de la calle se escuchaban vítores.
Unos 250 partidarios de Pinochet viajaron especialmente desde Chile para acompañarlo en una instancia que fue "una humillación, según la calificó la esposa del ex dictador, Lucía Hiriart, en un acto celebrado en un hotel de Londres.
Jorge Cauas, un ex ministro de Pinochet, dijo a la televisión local que el ex general de 83 años está "físicamente disminuído y decepcionado" por su situación.
La justicia británica deberá decidir una solictud de extradición presentada por el juez español Baltasar Garzón, quien procesó este este jueves a Pinochet, acusándolo de ordenar personalmente la muerte de un centenar de personas.
El proceso de extradición puede durar meses y hasta más de un año, según fuentes juduciales.
El expediente presentado por Garzón dice que Pinochet es culpable de genocidio, terrorismo y torturas, incluída la "desaparición selectiva" de unas 3.000 personas.
El auto también relata el golpe de Estado de 1973 y las órdenes de Pinochet de ofrecer un avión al presidente constitucional derrocado, Salvador Allende, para después asesinarlo en vuelo, basado en la grabación de comunicaciones radiales militares.
Garzón ordenó el arresto del ex dictador y el embargo de sus cuentas en Suiza y Luxemburgo.
La esposa de Pinochet, quien cumplió 77 años este jueves, reflejó el estado de ánimo de los opositores y exiliados del régimen, cuando dijo a sus partidarios que "van a lograr algo que han deseado todo este tiempo y que se habría podido evitar: humillar a mi marido y llevarlo a una corte" de justicia.
Pinochet fue detenido el 16 de octubre por la policía británica, en cumplimiento de una orden de captura internacional emitida por el juez español.
Días después, el Tribunal Superior de Londres decidió que su arresto era ilegal, pues disfrutaba de inmunidad en su calidad de ex jefe de Estado. Pero esa decisión fue anulada después por el máximo órgano judicial británico, la Comisión de Apelaciones de la Cámara de los Lores.
Este miércoles, el ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, autorizó la continuación del procedimiento judicial de extradición. Mientras, la defensa de Pinochet apeló la decisión de los lores, argumentando parcialidad de uno de ellos, lord Hoffman, por sus vínculos con la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
La decisión de Straw gatilló de inmediato una dura reacción de los militares chilenos, en particular del Ejército y la Armada, que se distanciaron del gobierno de Eduardo Frei y reivindicaron las acciones de la dictadura, que rigió el país de 1973 a 1990.
La Armada fue más lejos, cuando destacó en un comunicado su "absoluto compromiso" con el régimen de Pinochet, que habría rescatado a Chile del caos "luego del fracasado experimento marxista" encabezado por Allende.
Las declaraciones de los militares han producido divisiones en la coalición gobernante chilena, en la que participa el Partido Socialista (de Allende), y muchos de cuyos integrantes fueron persguidos por la dictadura, incluido el canciller, José Miguel Insulza, quien es uno de los más destacados defensores de Pinochet en esta ocasión. (FIN/IPS/ws/ff/ip hd/98
