El ex dictador Augusto Pinochet, detenido en Londres y con pedido de extradición pendiente desde España, no gozará de inmunidad diplomática y deberá afrontar los gastos de su defensa, dijo hoy el canciller de Chile, José Miguel Insulza.
Pinochet "no goza ni gozará de ninguna inmunidad diplomática", sino de un fuero especial en su carácter de senador, explicó Insulza. Por ello, la justicia española es la que, llegado el caso, debe decidir si lo juzga o no.
Insulza se reunió este martes en Madrid durante 45 minutos con el canciller español, Abel Matutes, luego de la cual ambos ofrecieron una conferencia de prensa conjunta.
Pinochet está detenido en Londres, donde había sido sometido a una operación de hernia discal, desde el 16 de octubre, en respuesta al pedido de prisión planteado por el juez español Baltasar Garzón, quien lo acusa de genocidio, torturas y secuestro.
El ex dictador ocupa una banca vitalicia en el Senado de Chile desde marzo, como lo dispuso, por su carácter de ex presidente, la Constitución que él mismo promulgó en 1989, en las postrimerías de su dictadura (1973-1990).
El canciller chileno negó categóricamente que su gobierno vaya a designar abogados defensores para Pinochet y hacerse cargo de su defensa en caso de que prospere la extradición del ex dictador a España.
"Los acusados deben asumir su defensa y los gastos que conlleve. Al gobierno le compete la defensa de los derechos soberanos de Chile, no de personas", expresó.
También negó que Pinochet pueda alojarse en la embajada de Chile en Gran Bretaña, o en la de España si se produjera la extradición, o en viviendas alquiladas por la cancillería, pues el ex dictador "no goza ni gozará de ninguna inmunidad diplomática".
Insulza dijo ante un centenar de periodistas que su visita a España no incluye entre sus objetivos ninguna petición ni demanda, sino que en lo esencial se dedicó a informar a sus interlocutores.
El ministro expuso la forma en que el proceso contra Pinochet afecta a Chile y la convivencia entre sus ciudadanos. "La democracia no peligra", subrayó.
El asunto provocó en Chile una polarización entre los ciudadanos y una ruptura del diálogo, lo que, según Insulza, no es saludable para la democracia.
Añadió que no existen motivos para dudar de la solidez del estado de Derecho en Chile y de la capacidad de su país para resolver sus problemas, por lo que pidió respeto a sus propias decisiones.
"Así como nosotros respetamos la democracia y la justicia españolas, planteamos que se respete nuestra democracia y nuestra justicia", añadió, para justificar la posición de su gobierno, que reclama el regreso de Pinochet a su país.
Insulza manifestó que nadie le dijo en Londres, oficial ni extraoficialmente, que Pinochet pudiera ser liberado, y sostuvo que en Gran Bretaña su misión también fue informativa, sin intención de ejercer presiones.
Asimismo informó que su gobierno estudia la posibilidad de presentarse como parte en las querellas contra Pinochet iniciadas en su país.
Insulza y Matutes destacaron en la conferencia de prensa el respeto que caracteriza el vínculo entre Chile y España, así como la constatación de que las relaciones son buenas "y lo seguirán siendo" en todos los aspectos.
El gobierno chileno no piensa suspender ni romper relaciones con ningún país "y menos con España", con la que mantiene excelentes relaciones, sostuvo Insulza.
El ministro chileno tampoco encontró razones para que se suspenda el contrato para la fabricación en España y Francia de dos submarinos destinados a la Armada de su país, "una eventual suspensión que, además, sería muy costosa por las indemnizaciones previstas". (FIN/IPS/td/mj/ip hd/98