El conflicto desatado por el caso Pinochet en la coalición gobernante en Chile, entre los partidos Demócrata Cristiano (PDC) y Socialista (PS), podría quedar superado este jueves, cuando la directiva del socialismo se reúna con el presidente Eduardo Frei.
Fue el propio PS el que planteó la intervención del mandatario, militante del PDC, colectividad que ratificó el martes su decisión de marginarse de las reuniones semanales de la oficialista Concertación por la Democracia.
El conflicto radica esencialmente en que el PDC exige a sus aliados socialistas un apoyo irrestricto a la posición del gobierno ante el arresto en Londres y probable extradición a España del ex dictador y actual senador vitalicio Augusto Pinochet.
Pese a que el principal ejecutor de la política oficial es un socialista, el canciller José Miguel Insulza, el PS no suscribe los reclamos ante España y Gran Bretaña en el sentido de que la detención y enjuiciamiento del ex dictador lesiona la soberanía de Chile.
Los socialistas tampoco respaldan la tesis de la territorialidad de la justicia, que sustentan Frei e Insulza, y coinciden con las organizaciones de derechos humanos en que los crímenes contra la humanidad pueden ser juzgados en cualquier país.
La Concertación por la Democracia, que gobierna el país desde 1990 -primero con Patricio Aylwin (1990-94) y con Frei hasta el año 2000- est á integrada también por los partidos Por la Democracia (PPD) y Radical Socialdemócrata (PRSD).
En el trasfondo de la disputa entre el PDC y el PS está la disyuntiva que se plantean gran parte de los chilenos ante el caso Pinochet, en términos de si deben predominar los propósitos de defensa de la estabilidad política y económica o la búsqueda de la justicia.
Los democristianos, encabezados por el diputado Enrique Krauss, no se pronuncian sin embargo en esos términos, sino que levantan como elemento fundamental la adhesión a las tesis de la estrategia gubernamental y acusan de "desleal" al PS por no hacer otro tanto.
El PPD y el PRSD mantienen una posición intermedia, de respaldo al gobierno y al mismo tiempo de fuerte condena a Pinochet y a la derecha, que en esta crisis se ha negado a facilitar acuerdos para profundizar la democratización del país.
El gobierno y el PDC rechazan condicionar la defensa internacional del ex dictador, pero también advierten la necesidad de generar acuerdos en pro de la democracia y de la solución de los conflictos pendientes por violaciones de los derechos humanos.
Algunos diputados del ala denominada progresista del PDC, así como connotados juristas de ese partido, como Roberto Garretón y Hernán Montealegre, están distanciados también de la posición oficial y aceptan el juzgamiento internacional del ex dictador.
Pinochet gobernó el país entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, período en que se produjeron 3.190 crímenes represivos, entre asesinatos y ejecuciones sumarias de opositores al régimen militar y desapariciones forzadas.
El juez español Baltasar Garzón, quien instruye un proceso por delitos de torturas, genocidio, secuestros y terrorismo internacional contra las antiguas dictaduras de Argentina (1976-83) y Chile, pidió en octubre la detención de Pinochet a las autoridades británicas.
El ex dictador se encontraba en el Reino Unido desde el 22 de septiembre y a comienzos de octubre se internó para operarse de una hernia discal en el centro médico London Clinic, donde fue arrestado en la medianoche del 16 de ese mes por agentes de Scotland Yard.
El 15 de noviembre, en coincidencia con el cumpleaños número 83 del general retirado, la sala penal de la Cámara de los Lores dictaminó que Pinochet carecía de impunidad, lo que abrió cauce al pedido de extradición a España.
La solicitud española fue acogida a trámite hace una semana por el ministro del Interior británico, Jack Straw, pero ahora la defensa del ex dictador busca anular el fallo de los lores, aduciendo una supuesta parcialidad de uno de los jueces, lord Leonard Hoffmann.
El viernes último, luego de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), en el cual participan los comandantes de las Fuerzas Armadas y la policía de Carabineros, Insulza anunció 13 medidas de presión hacia Gran Bretaña y España que el PS no respaldó.
Trascendió que la directiva del PS, reunida con Insulza y los otros dos ministros socialistas del gobierno, criticó el protagonismo del Cosena, convocado ya tres veces durante esta crisis, que se ha convertido en una suerte de "gabinete político" de Frei, según se dijo.
El senador Ricardo Núñez, presidente del PS, se entrevistó con el ministro del Interior, Raúl Troncoso, quien ejerce las funciones de Vicepresidente de la República y encabeza el gobierno en ausencia de Frei, quien regresaba este miércoles de una visita a Argentina.
En una señal positiva para la unidad de la coalición oficialista, todos sus partidos se negaron a apoyar este martes una moción de la derecha, de condena al gobierno español de José María Aznar por haber dado curso al pedido de extradición de Pinochet.
El PDC advirtió que el acuerdo propuesto por la derecha perjudicaría las gestiones en favor de Pinochet que inició en España y Suiza el presidente del Senado y precandidato presidencial democristiano Andrés Zaldívar, quien llegaba este miércoles a Madrid para reunirse con Aznar.
Zaldívar disputa la candidatura de la coalición oficialista para los comicios de diciembre de 1999 con el ex ministro Ricardo Lagos, apoyado por el PS, el PPD y el PRSD.
La pugna presidencial está cruzada también por el caso Pinochet, en tanto la derecha insiste en que el ex dictador es víctima de una "conjura del socialismo internacional" y llama a impedir que Lagos, favorito en las encuestas, llegue al gobierno. (FIN/IPS/ggr/ip/98)
