Todo indica que será necesaria al menos una muerte para destrabar la situación de los siete secuestradores extranjeros y uno brasileño que hace 43 días realizan en Sao Paulo una huelga de hambre sin precedentes en Brasil.
Los ocho presos, condenados por el secuestro del empresario Abilio Diniz en 1989, decidieron suspender también la ingestión de agua desde la víspera de Navidad, reafirmando su decisión de llevar la protesta hasta la muerte.
Los médicos del Hospital de Clínicas, donde están internados, les inyectan suero con medicamentos y nutrientes, respaldados por una decisión judicial. Mantienen a los presos con las manos atadas para evitar que se quiten las agujas, ya que se oponen al tratamiento.
Dos de ellos ya tuvieron desmayos y cualquier complicación puede provocarles la muerte, en la evaluación de los médicos, según Breno Altman, vocero de los presos.
Humberto Paz, argentino y líder del grupo, presentó síntomas de colitis y se teme por una fatal infección generalizada. El brasileño Raimundo Costa Freire tuvo diarrea, hipotermia y arritmia cardíaca, que también puede llevar a la muerte.
Solo la expulsión de los cinco chilenos y dos argentinos y el indulto a Costa Freire pondrá fin a la huelga de hambre, y eso depende únicamente del presidente Fernando Henrique Cardoso, dijo Altman.
Pero el presidente podría pagar un costo político, pues encauzó el proceso por un callejón que puede derivar en la muerte de uno o varios presos o por una marcha atrás en su decisión, reafirmada en varias oportunidades, de no conceder la expulsión ni el indulto.
Cardoso insiste en dejar la solución del problema al Poder Judicial o al Legislativo. Los tribunales podrían conceder a los reclusos libertad condicional y el Congreso aprobar el acuerdo de transferencia de presos con Argentina y Chile.
Otros dos miembros del grupo, una pareja canadiense, fueron transferidos a su país el mes pasado. Esa salida no se aplicó a los chilenos y argentinos, porque los acuerdos bilaterales de transferencia de presos dependen aún de aprobación parlamentaria.
El secretario de Derechos Humanos, José Gregori, reiteró el sábado la decisión gubernamental de aceptar sólo una solución a través de tratados bilaterales, incluidos entre los asuntos prioritarios de la convocatoria extraordinaria del Congreso a partir del 4 de enero.
Pero son alternativas que demandan tiempo. La transferencia, que ya se aplicó el mes pasado para los dos secuestradores canadienses depende también del parlamento de los otros dos países.
En el caso de Chile, no hay posibilidades de aprobación en un Senado dominado por la derecha, que no aceptará beneficiar a presos políticos de izquierda y que está más preocupada por la situación del general Augusto Pinochet, detenido en Gran Bretaña, según el diputado Jaime Naranjo.
Miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chile, Naranjo visitó a los presos en Sao Paulo el domingo y reiteró el pedido de expulsión e indulto, como única medida que se puede adoptar a tiempo para evitar un desenlace trágico.
El canciller chileno, José Miguel Insulza, declaró en Río de Janeiro, donde concurrió a una reunión del Mercosur a comienzos de mes, que esa sería una solución viable para los cinco chilenos presos.
Luiz Inacio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores y de la izquierda brasileña, se sumó a los pedidos por una solución urgente que no puede esperar trámites parlamentarios ni judiciales. El presidente Cardoso "podrá decidir sobre cadáveres", advirtió.
Los dos argentinos, dos canadienses, cinco chilenos y el brasileño secuestraron a Diniz, dueño de la mayor red de supermercados de Brasil, en diciembre de 1989.
La detención de uno de ellos permitió a la policía descubrir la casa en que mantenían al rehén y detener a todo el grupo tras una larga negociación.
Condenados a 26 y 28 años, las penas se redujeron a 15 y 18 años de prisións la semana pasada. Como ya cumplieron la mitad de la pena, tendrían derecho a la libertad condicional o al régimen de prisión semiabierta, que permite trabajar durante el día.
Pero la justicia ya les negó beneficios anteriormente, porque los extranjeros no tienen permiso de trabajo en el país y todos mantienen los lazos que caracterizan a una banda de delincuentes.
Los tribunales rechazaron la definición de presos políticos, aunque el objetivo del secuestro fue recaudar fondos para la guerrilla de El Salvador. El grupo estaba vinculado con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno. (FIN/IPS/mo/mj/hd/98
