El gobierno de Jamaica provocó la ira de activistas cuando anunció que dejaría de reconocer la autoridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si el organismo no se limita al plazo de seis meses que tiene para revisar los casos de condenados a muerte.
"Mientras (el jueves) celebramos el (50) aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en que nos comprometimos a participar en un sistema internacional para respetar esos derechos, nos retiramos de una parte de ese sistema y ahora amenacemos con retirarnos de la otra", dijo el presidente del Consejo Independiente de Jamaica para los Derechos Humanos, Lloyd Barnett.
En enero, Jamaica fue el primer país que dejó de observar el Protocolo Opcional sobre la pena de muerte de la Convención de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que el Comité de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, decidió en octubre de 1997 aplazar la ejecución de varios presos.
El primer ministro Percival Patterson defendió la medida porque la Comisión Interamericana no cumplió con su palabra de fallar en esos casos, lo que es "inaceptable", según declaraciones suyas.
Actualmente, la Comisión Interamericana tiene la revisión pendiente de seis casos de jamaiquinos condenados a muerte, sobre los que tenía que fallar en julio, pero ahora indicó que quizá no tome una decisión antes del año próximo.
La Comisión Interamericana revisa los casos de asesinato, luego de que fueron procesados por el Comité Judicial del Consejo Privado del Reino, organismo del gobierno británico que actúa como máxima corte de apelaciones para casi toda la Comunidad Británica.
Los procesados por asesinato, luego de haber agotado las vías de apelación en sus países, suelen recurrir a estos organismos internacionales para que revisen sus casos.
Cuando Jamaica dejó de regirse por el Protocolo Opcional, el gobierno argumentó que estas situaciones provocaban el retraso de la ejecución de los condenados, lo que causaba un número excesivo de este tipo de presos.
En la actualidad hay 40 presos que esperan ser ejecutados en este país caribeño.
Activistas de derechos humanos sostienen que la demora no es razón suficiente para dejar de reconocer a la Comisión Interamericana, que abarca temas de derechos humanos más amplios que los casos de pena de muerte, como el derecho a la intimidad, la libertad de prensa, la libertad de expresión, entre otros.
La posición de Patterson pone todo en la misma bolsa, opinó el abogado Donald Gittens. La presión pública debe obligar al gobierno a cambiar su posición, agregó.
Si Jamaica deja de reconocer a la Comisión Interamericana, entonces estaría facultada para continuar con las ejecuciones. El último colgamiento de un preso en este país se realizó en 1988.
El Comité Judicial del Consejo Privado del Reino falló en 1994 en el caso de Pratt y Morgan que los prisioneros condenados a muerte no deben pasar más de cinco años en la cárcel antes de que se lleve a cabo su ejecución, porque eso sería un "castigo cruel e inhumano".
Earl Pratt e Ivan Morgan son dos jamaiquinos condenados a muerte que pasaron 14 años en la cárcel esperando su ejecución. El Consejo Privado del Reino conmutó sus penas a prisión perpetua.
El director del Consejo Independiente de Jamaica para los Derechos Humanos, Hilaire Sobers, afirma que la tendencia actual se inclina por el escrutinio internacional de los derechos humanos.
"El que Jamaica se aleje de este tipo de escrutinio internacional representaría uno de los pasos más retrógrados en la historia de este país", sostuvo. (FIN/IPS/tra-en/md/cb/aq/hd/98
