Las cárceles de Brasil conforman un sistema en crisis permanente, de violencia institucionalizada y superpoblación creciente, advirtió hoy organización internacional Human Rights Watch (HRW).
Tres masacres, que costaron la vida a 23 reclusos, encabezan la lista de abusos presentada en el informe "El Brasil detrás de las rejas", publicado por HRW en forma de libro, y que se distribuirá a las autoridades y personas interesadas en el asunto, según se informó el martes.
Todos esos casos ocurrieron en el nordeste, la región más pobre del país. Ocho reclusos fueron muertos en el Presidio de Roger, en el estado de Paraiba, en julio de 1997.
Otros ocho murieron tras una rebelión y fuga del Instituto Penal Paulo Sarasate, cerca de Fortaleza, capital del estado de Ceará, el 24 y 25 de diciembre de 1997. Por lo menos dos cadáveres presentaban claros indicios de ejecución sumaria.
En febrero de este año, fueron asesinados siete fugitivos de la Penitenciaría Joao Chaves, en Natal, capital del estado de Rio Grande do Norte. Seis recibieron numerosos disparos por la espalda y el otro fue ejecutado a quemarropa.
Ninguno de los policías involucrados en esas matanzas fue castigado, destacó James Cavallaro, director de HRW en Brasil. La impunidad de los carceleros y agentes que practican torturas y cometen arbitrariedades contra los presos, además de hechos de corrupción, es uno de los problemas del sistema, añadió.
El libro de HRW, producto de un año y medio de investigación hasta abril de este año, con visitas a cárceles de ocho de los 27 estados brasileños y más de 300 entrevistas, principalmente con presos, señala las llagas del sistema carcelario y recomienda algunas reformas.
Entre esas recomendaciones indica la necesidad de intensificar los mecanismos de control de la "brutalidad" de los policías y agentes penitenciarios, reducir la superpoblación y prevenir la violencia entre los detenidos.
Además, HRW sugiere una mayor aplicación de penas alternativas, facilidad de contacto de los convictos con familares y amigos, actividades productivas para su rehabilitación, y el mejoramiento de condiciones básicas en las cárceles, como la entrega de cama y colchones y asistencia médica y social.
La violencia contra los presos es rutinaria y generalizada, como instrumento a veces único para imponer disciplina, aseguró Cavallaro, que basó su afirmación en los testimonios obtenidos y en la identificación de salas de tortura.
La población carcelaria brasileña, de 170.000 personas, supera 2,3 veces la capacidad total de las prisiones. El hacinamiento se agrava por la permanencia durante años de condenados en las comisarías policiales, que están destinadas sólo a detenidos aún sin proceso judicial.
Varios motines fueron protagonizados por convictos que exigían su traslado a alguna penitenciaría, como lo señala la ley, para escapar al hacinamiento. Hasta seis detenidos deben compartir el espacio reservado originalmente sólo para uno, advirtió Cavallaro.
Pero la falta de establecimientos penales no es la única causa del hacinamiento. Ochenta y dos por ciento de la población carcelaria del suroriental estado de Minas Gerais se halla en comisarías, mientras hay capacidad ociosa en los presidios, señaló el representante de HRW.
Esa situación contradictoria puede ser producto de la corrupción, observó. Es que policías de Minas Gerais exigen un pago de 500 a 1.000 reales (entre 416 y 832 dólares) para trasladar al recluso a la penitenciaría, explicó.
En Sao Paulo se construyen más de 20 nuevos centros de reclusión. Se trata de "una medida alentadora, pero insuficiente", si no se continúa con otras obras, dijo Cavallaro, porque la población carcelaria crece rápidamente en Brasil, donde aumentó en 20.000 personas desde 1995 .
También es necesario realizar cambios en todo el sistema, impedir los abusos, conceder mayor participación a la sociedad civil en la cuestión, y financiar gastos de educación y trabajo para los presos, concluyó.
Cavallaro reconoció los esfuerzos de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, cuyo titular, José Gregori, señaló como prioridad para los próximos años la ampliación y mejoramiento del sistema carcelario.
La seguridad pública y las penitenciarías son competencia de los gobiernos estaduales y las soluciones dependen de acuerdos políticos. Y promover la protección de los presos no aumenta la popularidad de nadie, sino lo contrario, admitieron Cavallaro y Gregori.
"El Brasil detrás de las rejas" fue lanzado el martes en la Asamblea Legislativa de Sao Paulo, que en 1996 investigó la situación en las cárceles del estado. (FIN/IPS/mo/ff/hd/98
