Las Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos de Argentina expresaron su satisfacción por la decisión del ministro de Interior del Reino Unido, Jack Straw, de dar curso a la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet a España.
"Es la prueba más contundente de que la lucha sirve", dijo a IPS Mercedes Meroño, de la Madres de Plaza de Mayo, organización que nuclea a madres de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura en Argentina (1976-1983).
"Estamos muy contentas, aunque entendemos que es un principio. Lo importante es que internacionalmente están reconociendo a los genocidas como los asesinos que son", sostuvo Meroño.
"Es una gran felicidad por la que tuvimos que esperar años, pero finalmente la justicia avanza", dijo a IPS Juan De Wandelaer, integrante del Equipo Buenos Aires del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), cuyo principal dirigente, Adolfo Pérez Esquivel, obtuvo en 1980 el premio Nobel de la Paz.
De Wandelaer consideró que "es una lástima que se tenga que pedir justicia en Europa" por los crímenes cometidos por las dictaduras latinoamericanas en los años 70 y 80.
"Hoy asistimos a un importante avance de la justicia internacional, aunque sabemos que la defensa (de Pinochet) va a apelar y que la resolución va a tardar. Lo fundamental es que le llegará el juicio y por eso la decisión del gobierno británico es una muy buena noticia", agregó.
El caso Pinochet tiene una repercusión especial en Argentina, ya que el juez español Baltasar Garzón, que solicitó a Londres la extradición del ex dictador chileno, también ha procesado a 153 militares argentinos por delitos de genocidio y torturas.
Garzón pidió la captura internacional de 11 altos oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas. Si esos militares salieran del territorio argentino serían detenidos de inmediato por la Policía Internacional (Interpol).
A las solicitudes de Garzón se sumó el pedido de detención internacional cursado por la jueza suiza Christine Junod para Videla, hoy bajo arresto domiciliario en Argentina tras ser imputado en la causa que investiga el secuestro y cambio de identidad de hijos de desaparecidos.
El presidente Carlos Menem volvió a rechazar la intervención de la justicia extranjera en el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura militar argentina y por otros regímenes dictatoriales latinoamericanos.
El gobierno argentino se solidarizó con la posición del chileno, que no reconocen a Gran Bretaña el derecho a decidir sobre el destino de Pinochet.
"Argentina quiere vivir en paz y está totalmente reconciliada, más allá de algunas expresiones que nada tienen que ver con nuestro pueblo y quienes lo representan", dijo Menem en la cena de camaradería de fin de año de las fuerzas armadas, que se celebró la noche del lunes.
En esa oportunidad, Menem afirmó que las Fuerzas Armadas son "uno de los sostenes de la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos".
El jefe del Ejército de Argentina, general Martín Balza, se negó a comentar la decisión de Straw, pues, dijo, se trata de una cuestión "política" sobre la que no le corresponde opinar.
Patricio Rice, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), dijo a IPS que esa entidad esperaba que la situación de Pinochet "sirva para que no se repitan" los crímenes contra la humanidad.
"Esta es la mejor forma de celebrar los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", indicó Rice, para quien las persecuciones penales deberían alcanzar también al ex dictador argentino Jorge Videla y Jean Claude Duvalier, de Haití. La celebración se cumple este jueves.
"La justicia debería llegar a todos los que causaron tanto dolor y parecía que quedarían impunes y que nunca los alcanzaría el derecho internacional, el cual demuestra ahora que tiene efecto", agregó.
"Ojalá que esta situación lleve a reflexionar a algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, porque esa terrible época de represión en América Latina fue en función de la aplicación de un determinado plan económico", dijo el dirigente del MEDH.
Según Rice, "es hora de que los economistas aprendan derechos humanos, porque fueron ellos los que recomendaron ayuda económica para las peores dictaduras que azotaron la región".
"La justicia internacional los están convirtiendo en presos en su propio país, aun cuando se les conceda el privilegio de permanecer en sus casas porque tienen más de 70 años", sostuvo Meroño, quien cuestionó ese privilegio que no abarca a los "presos sociales".
"Ya no pueden irse con total impunidad de vacaciones al exterior, a gastar el dinero que le robaron al país y a los desaparecidos, porque serían apresados de inmediato", agregó.
Meroño recordó la consigna de las Madres de Plaza de Mayo, según quienes "la única lucha que se pierde es la que se abandona". Situaciones como la que generó el pedido de extradición de Pinochet "demuestran que los pueblos ganan sus batallas en las calles". (FIN/IPS/va/mj/hd/98
