El último presidente de facto de Argentina, el general retirado Reynaldo Bignone, deberá declarar ante la justicia por el secuestro y cambio de identidad de más de 200 hijos de desaparecidos durante la dictadura militar (1976- 1983)
En tanto, la jueza María Servini concedió este viernes el beneficio de la detención domiciliaria al almirante retirado Emilio Massera, que representó a la Marina en la junta militar y que por razones de salud permanecerá en el Hospital Naval hasta el lunes.
Servini dispuso hace 10 días el arresto de Massera por considerarlo responsable de la sustracción de hijos menores de edad de desaparecidos. También el ex dictador Jorge Videla está detenido en su domicilio.
Bignone fue citado por el juez Adolfo Bagnasco, que conduce la investigación orientada a determinar si la dictadura militar implementó un plan sistemático de apropiación y cambio de identidad de los hijos de los desaparecidos.
Bagnasco imputó en la misma causa a Videla y a Massera, y a éste último lo interrogará el lunes, cuando abandone el hospital.
La detención de Videla y Massera se produjo también a instancias de otros jueces que investigan casos concretos de secuestro de menores nacidos en cárcelas clandestinas de la dictadura y cuyas madres aún continúan desaparecidas.
La ley argentina contempla la posibilidad de la detención domiciliaria de quienes tienen más de 70 años o son enfermos terminales. Massera tiene 73 años y tras su detención fue trasladado al Hospital Naval porque sufría de una arritmia cardiaca.
Además de Bignone, Bagnasco citó a los últimos jefes del Ejército y de la Armada durante la dictadura, el teniente general Cristino Nicolaides y el almirante Rubén Franco, respectivamente. Todos deberán declarar en el curso de este mes.
La causa que instruye Bagnasco fue iniciada por seis Abuelas de Plaza de Mayo. Los abogados de esa organización solicitaron al magistrado que cite a Bignone, quien durante su gestión decretó una amnistía para los responsables de la represión ilegal y declaró la muerte de todos los desaparecidos.
Bignone ocupó la presidencia de facto desde el 1 de julio de 1982, tras la salida de Leopoldo Galtieri, el general que inició la guerra con Gran Bretaña por las islas Malvinas, hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando asumió por el voto popular Raúl Alfonsín (1983-1989).
Durante su mandato, Bignone sancionó la Ley de Pacificación Nacional, una amnistía que favorecía a todos los agentes de la dictadura que hubieran cometido cualquier delito entre 1973 y 1983 "para poner fin a las acciones terroristas o subversivas", Esa ley fue derogada de inmediato por Alfonsín.
Mientras, Nicolaides y Franco fueron citados por su responsabilidad en la confección del "Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo", difundido en abril de 1983, en el que se daba por muertos a todos los desaparecidos, incluso los niños a los que aún buscan la Abuelas.
Bignone, Franco y Nicolaides no fueron procesados en 1985, cuando se llevaron a cabo los juicios contra las juntas militares de la dictadura.
Por otra parte, Bagnasco libró un oficio al Departamento de Estado de los Estados Unidos para solicitar copia de un documento del FBI (Oficina Federal de Investigaciones) sobre la Operación Cóndor, un mecanismo montado por las dictaduras del Cono Sur para coordinar acciones represivas ilegales.
Siete de los casos de sustracción y cambio de identidad de niños y niñas que Bagnasco investiga para establecer si fueron víctimas de un plan oficial se produjeron durante operaciones conjuntas de las fuerzas de seguridad de Argentina y de los países vecinos.
En momentos en que se multiplican los procesos judiciales para echar luz sobre el destino de los desaparecidos y sus hijos, también se agilizan las causas por otros crímenes de las dictaduras sudamericanas.
La jueza Servini, que investiga el asesinato en Buenos Aires del general chileno Carlos Prats y su esposa, pidió al magistrado español Baltasar Garzón los documentos que vinculan al ex dictador de Chile Augusto Pinochet con ese hecho.
Prats y su esposa fueron asesinados en 1974, cuando estaban exiliados en Argentina. Servini intenta determinar si los servicios de inteligencia chilenos estuvieron relacionados con ese crimen.
Garzón, quien solicitó la detención de Pinochet en Londres, investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras sudamericanas y las acciones llevadas a cabo en el marco de la Operación Cóndor. (FIN/IPS/mv/ff/hd/98
