Muchos años después de ocurridos hechos de violencia política en varios países de América Latina, el conflicto social para familiares de las víctimas es más grave de lo que parece, señalaron expertos reunidos en esta capital.
Los expertos latinoamericanos expusieron las experiencias de sus respectivos países "por alcanzar verdad y justicia", título del encuentro organizado por la Federacion Internacional de Derechos Humanos y la Asociacion Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
"¿Quién puede comprender el dolor de una madre que perdió violentamente a su hijo?", se preguntó Fabio Serna, del proyecto Justicia y Paz de Colombia, en el Seminario Internacional "mecanismos de lucha contra la impunidad". "Nadie puede hablar ni perdonar en su nombre", aseguró.
Serna subrayó que los procesos de perdón y olvido son incompletos porque se promueve la reconciliación nacional pero con la condición de olvidar el pasado.
Precisamente el proyecto del cual forma parte busca "darle contexto a los crímenes", sean asesinatos políticos, desapariciones forzadas o torturas.
"Tenemos el gran desafío de encontrar la verdad, pero no desde la postura oficial sino desde las víctimas", afirmó tras revelar que la tendencia actual en Colombia es "clandestinizar" la violencia política.
"Todo tiende a hacerse clandestino, a ocultarse: ya no es el Estado el autor de los crímenes políticos, sino los grupos privados. Del mismo modo, las víctimas no son activistas sociales sino bandoleros, degradando así sus reivindicaciones que no siempre son las de los grupos armados", expresó.
Cerca de 17.000 personas son asesinadas al año por causas políticas, en ciertas zonas del país, como Cali, ser joven es un riesgo a la integridad física, y no existe información sobre 24.000 asesinatos políticos, 17.000 torturados y 2.500 desaparecidos.
"Hay cosas que nunca se dicen, por ejemplo, que en un año se asesina en Colombia a la misma cantidad de personas que el total de víctimas de la dictadura de (el general Augusto) Pinochet" en Chile, aseveró.
Ronald Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, precisó que en América Latina, y en América Central en particular, "se han hecho grandes esfuerzos por la reconstrucción material, pero poco o nada por la reconstrucción moral".
Ese fue precisamente uno de los objetivos del episcopado guatemalteco cuando en 1994 se propuso escuchar la voz de las víctimas y presentar un informe sobre la violación de los derechos humanos, lo que dio lugar a una gran movilización de catequistas católicos, no creyentes e incluso sacerdotes mayas.
"Se trataba de que la población rompiera el miedo y hablara sin temor de sus experiencias, era una experiencia liberadora que nos permitiría recomponer el tejido social a partir del reconocimiento de la culpa de cada sector en desencadenar la violencia", afirmó.
También la Iglesia Católica tuvo que reconocer críticamente el papel que cumplió en la polarización social.
Al final se reunieron 57.000 casos de violaciones de derechos humanos debidamente documentados y con información cruzada con organismos internacionales, incluido el Departamento de Estado de Estados Unidos, y más de 12.500 testimonios.
Una de las principales lecciones extraidas de este proceso, según Ochaeta, es la aceptación de la víctima para perdonar cuando el victimario reconoce su culpa. "Hemos aprendido que los conceptos de justicia y de perdón son más complejos de lo que se puede aprender en la universidad", indicó.
Este criterio es compartido por Alejandro Incháurregui, del Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyo trabajo consiste en identificar restos de personas desaparecidas a las que se pretendió borrar todo rastro y al que él califica como "excusa para reconstruir la historia que se pretendió ocultar".
"No se puede dar por muerto a quien no se vio morir. En el caso de un desaparecido ni siquiera hay una muerte administrativa. Es sólo eso, un desaparecido, de manera que la familia oscila entre la irrealidad de la muerte y la realidad de la desaparición", subrayó.
"La perversidad de las desapariciones forzadas radica en que 20 años después, los torturadores siguen haciendo su trabajo con el dolor de los familiares, porque para ellos, la incertidumbre es también una forma de tortura", añadió.
El comportamiento que la incertidumbre genera en los familiares ha sido explicado por los profesionales de salud mental y es también un motivo más que impulsa el trabajo de este equipo, que tiene una experiencia de búsqueda de rastros humanos en casi 30 países del mundo.
Pero además, "la documentación científica es importante para que en el futuro no se niegue o no se intente negar una verdad histórica", concluyó Incháurregui. (FIN/IPS/zp/ag/hd/98
