El primer juicio por prácticas monopólicas desde que Panamá se insertó en el proceso de globalización comenzó hoy contra cuatro compañías importadoras y distribuidoras de harina que al parecer se repartieron el mercado de este país.
Las acusadas son las compañías Gold Mills, Harinas de Panamá, Oro del Norte y Harinas del Istmo, dedicadas a la importación, molienda y distribución de harina de trigo para uso industrial y doméstico.
La demanda contra las cuatro procesadoras de harina fue iniciada el 22 de noviembre de 1997 por la estatal Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (Clicac), pero las autoridades judiciales suspendieron dos veces la audiencia preliminar ante recursos legales de los poderosos acusados.
Una de las compañías pertenece a la familia del ex presidente de Panamá, Guillermo Endara. Otra de ellas es de propiedad de las acaudalada familia Eleta Almarán, que hasta hace pocos meses regenteaba el principal canal de televisión del país y la poderosa cadena radial RPC.
El presidente de Clicac, Gustavo Paredes, indicó que el propósito de los acusados en demorar el inicio del proceso es porque "todos los hechos que se acepten en la audiencia preliminar no tendrán que ser probados en el resto del proceso, sino que se darán como ciertos".
La Clicac presentó la acusación contra la compañías harineras tras una investigación y decomiso de pruebas realizada en octubre de 1997 en los archivos de la Gold Mills.
En esa ocasión los inspectores de la Clicac incautaron documentos, incluido un archivo del correo electrónico, donde, según Paredes, se detectó un intercambio de mensajes en que constaba el acuerdo de reparto del mercado y el establecimiento de precios uniformes entre las cuatro compañías acusadas.
La ley de libre competencia y defensa del consumidor vigente desde 1996 prohíbe las prácticas monopólicas, el "dumping" y otras modalidades de comercio que atenten contra la libre competencia o distorsionen el mercado.
La ley integró un paquete de instrumentos de control establecidos por el gobierno en el marco del programa de ajustes económicos iniciado a fines de 1994 con miras a insertar al país en el proceso de globalización.
Ese programa incluyó reformas de leyes laborales, al código tributario, la privatización de empresas públicas y la rebaja de los aranceles de importación hasta un techo de 15 por ciento para ponerse a tono con exigencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a la cual Panamá se afilió hace tres años.
Paredes afirmó que en los documentos decomisados existen "pruebas concluyentes" de que las cuatro compañías incurrieron "en prácticas monopolísticas absolutas, debido a que fijaban precios uniformes y se distribuían el mercado entre sí".
A pesar de las pruebas que aduce Paredes, el gerente de Harinas del Istmo y presidente de la Asociación de Molineros, Roberto Lombana, dijo que la acusación de Clicac es parte de "una constante campaña de desprestigio" que sufre ese sector.
Lombana, también presidente de la junta de delegados electorales del Tribunal Electoral de Panamá, afirmó que los acusados están seguros de que serán absueltos "porque la Clicac no tiene pruebas que confirmen las supuestas prácticas monopolísticas".
Además de reclamar la nulidad de los supuestos actos ilícitos que desarrollan las cuatro compañías acusadas, la Clicac demandó una indemnización de 4,7 millones de dólares.
Pero las presuntas prácticas monopólicas cometidas por las procesadoras de harina aparentemente no son las únicas que ocurren en el país en esta era de globalización y libre oferta y demanda en la comercialización de productos de primera necesidad.
El presidente de la no gubernamental Unión Nacional de Consumidores de Panamá, Secundino Rujano, denunció el miércoles que en la distribución y venta de medicamentos también existe un monopolio.
Según Rujano, unos pocos empresarios controlan la importación, la distribución y la venta minorista de todas las medicinas que se comercializan en Panamá.
Explicó que los distribuidores cargan a las medicinas importadas 63 por ciento sobre su valor de introducción, del cual se reparte 30 por ciento para ellos y 33 por ciento para las farmacias.
En el Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que se celebra en Montevideo hasta este sábado, el subcontralor general de Chile, Jorge Reyes Vivero, advirtió que esa es "una lacra de carácter mundial" que llegó de la mano "del modernismo y la globalización". (FIN/IPS/sh/mj/if/98
