El persistente alto desempleo en Panamá sigue siendo una piedra en el zapato para el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, quien en su campaña electoral en 1994 prometió reducir en tres años el número de desocupados.
Pese a que los ministros de Trabajo y Desarrollo Social, Reinaldo Rivera, y de Planificación y Política Económica, Guillermo Chapman, han asegurado que el desempleo está en retroceso, una encuesta de la Contraloría General de Panamá revela que en el último año no hubo gran progreso.
Según una encuesta de hogares realizada en agosto y publicada este mes por la Contraloría General, el desempleo abierto se mantuvo en 13,4 por ciento, el mismo porcentaje que en igual mes de 1997.
Cuando Pérez Balladares asumió el cargo el 1 de septiembre de 1994, el desempleo era de 13,9 por ciento.
Otra investigación hecha por el Instituto de Estudios Nacionales de la estatal Universidad de Panamá reveló que, además de ese 13,4 por ciento, existe en condición de subempleados otro 22 por ciento de la población economicamente activa, de 1.095.328 personas.
El economista Juan Jované, director del Instituto de Estudios Nacionales, precisó que existe el subdesempleado visible, que no trabaja una jornada de ocho horas, y el invisible, que puede trabajar una jornada normal "pero sus ingresos son menores al salario mínimo".
Esa es una de las causas de que casi 38 por ciento de la población panameña, de 2,7 millones de habitantes, viva por debajo de la línea de pobreza, añadió.
Al referirse a la causas que a su juicio impiden resolver el problema del desempleo, Jované señaló que "el modelo de desarrollo neoliberal" que lleva a cabo Pérez Balladares no está generando los empleos que se esperaban porque no ha estimulado la producción nacional.
A ello se suma un sistema educativo insuficiente y la falta de programas para capacitar a las personas que buscan trabajo. Según investigaciones del Instituto de Estudios Nacionales, 33 por ciento de las personas que cuentan con un empleo fijo carecen de habilidades para incrementar su productividad.
El problema es mucho más grave si se toma en cuenta que 15,8 por ciento de los desempleados reside en la región metropolitana, donde el costo de la vida es más alto. En el resto del país el desempleo abierto se ubica en 9,5 por ciento.
Panamá ocupa actualmente el primer lugar de la región en materia de desempleo urbano, con 15,8 por ciento, superando incluso a Argentina, con 15 por ciento, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
Zuleika Plazaola, directora del no gubernamental Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (Cospae), coincidió con Jované en que existe una deficiencia educativa a todos los niveles.
Además del alto índice se estudiantes universitarios que abandonan la carrera en los primeros años de estudios, hay una desarticulación entre la oferta educativa y las necesidades reales del mercado laboral, indicó.
La experta propuso el establecimiento de un vínculo formal entre el sistema de educación y las empresas para impulsar una formación académica "que responda a las necesidades del sector empresarial, que demanda un recurso humano calificado en determinadas áreas".
Los sindicatos culpan de los males del país al "programa de modernización" económica impulsado por Pérez Balladares, basado en la privatización de empresas públicas, la reducción de aranceles de importación y una reforma del código laboral.
Mariano Mena, secretario general de la Confederación General de Trabajadores, dijo que "al gobierno no le interesa resolver el tema del desempleo y la pobreza porque sus prioridades son otras".
Pero, el gobierno espera resolver, o al menos atenuar ese problema, con los multimillonarios bienes que recibirá de Estados Unidos el 31 de diciembre de 1999, cuando ese país transfiera el canal y sus actuales bases militares a la jurisdicción de Panamá, según lo establecido en los tratados canaleros de 1977.
Se estima que esos bienes tienen un valor superior a los 30.000 millones de dólares.
Omar Zambrano, funcionario del Ministerio de Planificación y Política Económica, indicó que "el gobierno está pensando en el gran potencial que ofrecen las áreas revertidas" para buscar una solución al desempleo y aseguró que en uno o dos años el desempleo podría bajar a 10 por ciento.
El administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), Nicolas Ardito Barletta, estimó que los bienes que recibirá Panamá dentro de 14 meses tienen un potencial para generar alrededor de 150.000 nuevos empleos e ingresos para el país por más de 1.500 millones de dólares a mediano plazo.
ARI es una entidad autónoma del Estado encargada actualmente de administrar los bienes canaleros que ya ha recibido Panamá de Estados Unidos en virtud de los tratados de 1977. (FIN/IPS/sh/ag/if/98
