El gobierno de Pakistán, donde cada año mueren 200 personas en "enfrentamientos con la policía" o bajo custodia, ignora las acusaciones de tortura, desapariciones de detenidos y ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, el presidente Farooq Leghari destituyó hace un año a la primera ministra Benazir Bhutto con el argumento que su gobierno no había conseguido hacer respetar la ley y el orden "por medios legítimos".
La destitución de Bhutto fue respaldada por la Corte Suprema, pero lo cierto es que nunca se probaron las acusaciones de Leghari, según las cuales "miles de personas de Karachi y otras partes de Pakistán han sido privadas de su derecho a la vida… asesinadas en choques con la policía y también bajo custodia".
Pero el gobierno interino no ordenó ninguna investigación sobre esta violación de los derechos constitucionales, y tampoco lo hizo el sucesor de Bhutto, el primer ministro Nawaz Sharif.
Los gobiernos de Pakistán, que suelen ser acusados de violaciones a los derechos humanos por organizaciones nacionales y extranjeras, recuerdan a sus críticos que la Constitución nacional resguarda los derechos fundamentales en este país.
Sin embargo, esas mismas autoridades insisten en levantar cargos criminales contra quienes incomodan al gobierno, en particular dirigentes políticos y periodistas. Las acusaciones demoran años en comprobarse y permiten mantener a los opositores en silencio.
Uno de esos casos fue el de Rahim Solangi, miembro del pequeño partido regional Sindh Taraqi Pasand. En junio de 1996 fue detenido sin ninguna orden legal, y cuando el tribunal superior de Sindh preguntó por su paradero, la policía dijo que no sabía nada.
Pero los abogados de Solangi revelaron que él estaba confinado en una cárcel de la zona junto a otros 27 detenidos en forma ilegal, y la corte regional ordenó de inmediato la presencia del detenido ante el tribunal.
La policía evadió esa orden argumentando que había sido detenido tras una acusación en la cual no se nombraba al sospechoso, un método que se usa con frecuencia en Pakistán. La corte ordenó su libertad, pero la policía volvió a utilizar el mismo recurso.
Este juego del gato y el ratón duró siete meses hasta que en enero de 1997 Solangi salió libre bajo fianza. De hecho, tuvo suerte de haber escapado con vida en un país donde cada año hay más de 200 muertes como resultado de "choques con la policía" o bajo custodia.
En agosto de 1995, Javed Masih fue detenido por la policía de Hyderabad, en Sindh, acusado de robo. Los agentes le golpearon la cabeza en el momento del arresto, y perdió el conocimiento.
Según se informó, en la cárcel fue torturado con electricidad y mediante la introducción de ajíes y kerosene por el ano, hasta causarle la muerte. Pero la policía colgó su cuerpo en la celda y aseguró que había cometido suicidio.
Pese a la insistencia de activistas de derechos humanos, el caso nunca fue investigado.
La realidad es que en Pakistán la policía no es responsable de ese tipo de muertes extrajudiciales. Los sucesivos gobiernos han evadido una serie de acusaciones presentadas contra las fuerzas policíacas porque interpretan que es el precio a pagar por mantener la ley y el orden.
Casi siempre las víctimas de la brutalidad policíaca son los más débiles e ignorantes, los pobres, las mujeres y las minorías, ya sean religiosas o étnicas, aunque la Constitución establece que todas las personas son iguales.
En algunas ocasiones, el gobierno formó comités judiciales y comisiones para indagar algunas violaciones a los derechos humanos muy evidentes, pero sus conclusiones no fueron difundidas y el seguimiento a sus actividades es escaso.
La falta de investigación y proceso frente a este tipo de casos ha generado la sensación de que el gobierno tolera las violaciones a los derechos humanos.
Pakistán aún no ratifica tratados internacionales como el Convenio Internacional sobre los Derechos Políticos y Civiles y su protocolo opcional, o la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura u otros Tratamientos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Mientras, mantiene un régimen que ignora las acusaciones de tortura, muertes en custodia, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, sin ordenar investigaciones imparciales ni asegurarse de que los responsables comparezcan ante la justicia.
En varias oportunidades, por ejemplo, los tribunales superiores de Pakistán solicitaron a las autoridades carcelarias terminar con la cruel práctica de aprisionar a los detenidos con grilletes que les lastiman las piernas.
Hace dos años Sheikh Rahoo, un prisionero de 70 años, murió con los grilletes puestos. La noticia provocó un escándalo, pero el gobierno de Bhutto consideró que se trataba sólo de un incidente lamentable, y justificó la aplicación del castigo pues las autoridades estaban preocupadas de que el anciano pudiera escaparse. (FIN/IPS/tra-en/aj/an/lc-ml/hd/98