Los fabricantes de armas de Estados Unidos siguen ejerciendo poder en la política de este país, casi 40 años después de que el entonces presidente Dwight D. Eisenhower advirtiera de la "adquisición de influencia injustificada… por el complejo militar-industrial".
Eso es lo que sostiene el informe "Reevaluación del complejo militar-industrial: Cómo los fabricantes de armas influyen en las políticas exterior y militar de Estados Unidos", de William Hartung, investigador del Instituto de Política Mundial de la universidad neoyorquina New School for Social Research.
Ejemplos de esa influencia son la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y las facilidades para vender armas a regímenes represivos, según el informe publicado por los no gubernamentales Centro de Recursos Interhemisférico e Instituto de Estudios Políticos.
En consecuencia, las políticas militar y exterior son innecesariamente caras y basadas en evaluaciones poco realistas del estado de preparación militar en este país. El gasto "se puede reducir drásticamente si el gobierno tomara medidas para impedir los conflictos" bélicos, arguye Hartung.
"En contra de lo que se esperaba en un principio, el complejo militar-industrial no se desvaneció con el fin de la guerra fría. Sencillamente se reorganizó", agrega.
Parte central de esa reorganización fue una ronda de fusiones empresariales realizada con miles de millones de dólares en subsidios del gobierno del presidente Bill Clinton.
Una de las consecuencias de las fusiones subsidiadas fue la nueva generación de "monstruos militares-industriales" que gozan de mayor influencia en el Pentágono (Departamento de Defensa) gracias a una menor competencia, sostiene Hartung.
Los tres grandes fabricantes de armas -Lockheed Martin, Boeing y Raytheon- reciben más de 25 por ciento del gasto de defensa del gobierno. Las fusiones tenían el propósito de reducir el gasto al limitar "la cantidad de fábricas sin utilizar de la industria militar".
Pero las "compañías y sus aliados en el Congreso se resistieron tenazmente a cerrar líneas de producción de armamentos, y en su lugar prefirieron despedir a los trabajadores, aun cuando las ganancias alcanzaban marcas casi sin precedentes", asegura Hartung.
Bernie Sanders, legislador independiente del estado de Vermont, dijo que el programa de fusiones subsidiadas fue un "pago a cambio de despidos".
Esto no es de sorprender, afirma Hartung. El programa fue diseñado por funcionarios de defensa que antes de vincularse al gobierno de Clinton fueron consultores empleados por la industria armamentista.
Las compañías de armas son generosas contribuyentes de los Partidos Demócrata y Republicano. En 1997, las seis mayores empresas del sector aportaron 2,5 millones de dólares a las arcas políticas. Lo que refuerza el poder de persuasión del dinero es el "alcance geopolítico" de las firmas, agrega el informe.
Boeing, que absorbió a McDonnell Douglas, tiene más de 250.000 empleados. Lockheed Martin, también producto de una serie de fusiones, se jacta de tener fábricas en los "50 estados" de este país.
Las grandes compañías dejan enormes "huellas políticas" en el paisaje legislativo, explicó el analista de la Federación de Científicos Estadounidenses John Pike.
La influencia empresarial por sí sola no puede explicar por qué el presupuesto militar de 270.000 millones de dólares se mantiene más o menos constante desde su período de mayor gasto durante la rivalidad con la ex Unión Soviética.
Funcionarios de defensa que necesitan justificar el elevado gasto militar vigente tras el fin de la guerra fría arguyen que "ya no hay una superpotencia rival, pero las fuerzas estadounidenses aún deben estar equipadas para combatir simultáneamente en dos conflictos regionales contra 'estados renegados' como Iraq y Corea del Norte", señala Hartung.
La doctrina de "las dos guerras", ideada por el ex presidente del Estado Mayor Conjunto, general Colin Powell, es "inverosímil en extremo", argumenta Hartung.
Hartung se basa en la evaluación de ex funcionarios, uno de los cuales aseguró que la "estrategia de las dos guerras del Pentágono es sólo un mecanismo de marketing para justificar un presupuesto elevado".
"Tuvimos que pelear tres grandes conflictos regionales en los últimos 45 años (Corea, Vietnam e Iraq). Se suceden cada 15 años más o menos, nunca ocurren en forma simultánea", destacó Merrill McPeak, jefe del Estado Mayor de la fuerza aérea durante la guerra del Golfo en 1991.
Pero, según Lawrence Korb, ex funcionario de defensa del gobierno de Ronald Reagan, se podrían recortar 40.000 millones de dólares al actual presupuesto del Pentágono, aun si se acepta la doctrina de "las dos guerras".
La doctrina supone que los "estados renegados" están mejor equipados y entrenados de lo que están en realidad, y no toma en cuenta el apoyo de los aliados de Estados Unidos. En consecuencia, Washington gasta 19 veces más en sus militares que todos los "estados renegados" en conjunto.
"A Estados Unidos y sus principales aliados (OTAN, Japón y Corea del Sur) les corresponde 62 por ciento del gasto militar mundial", explica Hartung.
"A pesar de los pedidos de mayor gasto militar… a Estados Unidos y sus aliados les corresponde una parte mucho más grande del gasto militar mundial que durante el período de mayor acumulación militar (durante el gobierno) de Reagan en los años 80", señala el informe.
Hartung propone una política alternativa que adopte medidas de no proliferación de armas y dé su apoyo a un Tribunal Penal Internacional fuerte.
"Decenas de miles de millones de dólares se podrían ahorrar si abandonamos la anticuada noción de que Estados Unidos debe mantener la capacidad de proyectar su fuerza a todos los rincones del mundo y en su lugar nos concentramos en desarrollar mejores relaciones diplomáticas, económicas y culturales con otros países", recomienda Hartung.
Para lograr una "defensa efectiva y razonable, es necesario controlar el poder y las ganancias del Pentágono y las compañías militares", concluye el informe de Hartung. (FIN/IPS/tra-en/aa/mk/aq/ip/98