Un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a los gobiernos de sostener un doble discurso con relación al cumplimiento de los derechos humanos de los inmigrantes en todo el mundo.
Jorge Bustamante, presidente del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, afirmó que existe "un contraste entre lo que dicen de ese tema los países y lo que hacen".
El organismo de la ONU estimó que los estados se desentienden del riesgo de perturbación de la estabilidad internacional que representa la violación de los derechos humanos de los inmigrantes.
El grupo de trabajo, creado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, tiene la misión de examinar las crecientes manifestaciones de racismo, xenofobia y discriminación contra los inmigrantes.
Guarismos suministrados por el Fondo de la ONU para Actividades de Población (FNUAP) elevaron a 120 millones el número de emigrantes dispersos por el mundo.
A su vez, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), estimó que los trabajadores migrantes suman en la actualidad unos 85 millones.
Bustamante, un académico de nacionalidad mexicana, interpretó que la violación de derechos humanos básicos de los inmigrantes se producen debido a su vulnerabilidad estructural.
Los inmigrantes, al igual que las poblaciones indígenas y las minorías, carecen de protección, sostuvo Bustamente durante las sesiones realizadas este semana en Ginebra por el grupo de trabajo.
En atención al desamparo de los migrantes, la asamblea general de la ONU aprobó en 1990 la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Pero la Convención no entró aún en vigor, porque sólo ha conseguido la ratificación de 10 países, del total de 20 necesario para que tome carácter vinculante.
Los países ratificantes son Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, Colombia, Egipto, Filipinas, Marruecos, Seychelles, Sri Lanka y Uganda.
"Asistiremos a una persistente falta de respeto de los derechos de los migrantes" mientras la Convención no entre en vigor, advirtió el estadounidense Patrick Taran, presidente del Comité Directivo de la Campaña Mundial por la ratificación.
Los gobiernos reconocen que afrontan problemas de derechos humanos con los inmigrantes, pero no hacen nada, como se desprende de las respuestas de los países a un cuestionario del grupo de trabajo de la ONU, precisó Bustamante.
"Nos encontramos ante una hipocresía subyacente entre las manifestaciones de preocupación de los gobiernos por los derechos humanos de los migrantes y la resistencia a ratificar la convención", opinó el experto.
Con su actitud, los gobiernos ignoran que el problema tiene otra dimensión, sostuvo el presidente del grupo de trabajo de la ONU. El interés por los derechos humanos de los migrantes no equivale a una especie de acción caritativa, dijo.
Por el contrario, la cuestión de los derechos humanos de esos grupos adquiere una capacidad potencial de alterar la estabilidad de las relaciones internacionales.
La protección de los derechos de los migrantes tiende a prevenir un elemento de desestabilización de la comunidad internacional en el contexto de los próximos 10 años, comentó Bustamante.
La ignorancia del problema se observa "en nuestras propias sociedades", donde muchas familias se benefician de niñeras (extranjeras) cuya presencia permite que "la señora de la casa trabaje y se incorpore a la fuerza laboral". Pero, al mismo tiempo, se tilda a los inmigrantes de "delincuentes", dijo.
Taran, representante del Consejo Mundial de Iglesias, recordó que los ataques, las brutalidades y la violación de los derechos humanos de los inmigrantes se producen con frecuencia creciente "no solo en los países industrializados de Occidente, sino en todas partes del mundo".
Con base en su experiencia personal, Taran citó abusos cometidos en República Dominicana, Costa Rica, Argentina, Sudáfrica, Costa de Marfil, Malasia, Singapur y Hong Kong.
El grupo de trabajo identificó a las mujeres y los niños como miembros de uno de los tres grupos de migrantes más necesitados de protección de sus derechos.
Hay numerosos casos de mujeres y niños sometidos a la prostitución forzada o a actividades lindantes con la esclavitud, afirmó Bustamante.
Otro grupo de riesgo son las trabajadoras domésticas, debido a su aislamiento, que están ubicadas en el plano inferior de la escala del desamparo, que determina la vulnerabilidad de los migrantes.
En el caso de las trabajadoras domésticas interviene el factor de género, precisó el presidente del grupo de trabajo.
El tercer grupo de riesgo está integrado por los obreros rurales migrantes, que trabajan y viven en todo el mundo en condiciones que violan los derechos humanos básicos.
Bimal Gosh, de India, uno de los expertos del grupo de trabajo, observó que en los países del Norte industrial crece de manera alarmante la denominada "economía en negro".
La participación de ese sector informal en el producto interno bruto de Europa ascendía a cinco por ciento en 1970, pero este año llegó a 17 por ciento, sostuvo Gosh.
La economía informal usa el trabajo de inmigrantes y está fuera del control de las dependencias del Estado encargadas de hacer cumplir las normas laborales, advirtió el experto.
Los datos recibidos por el grupo de trabajo establecieron que Filipinas es el país con la mayor proporción de emigrantes (11 por ciento), seguido por México (ocho por ciento) y luego por dos países industrializados, España (siete) e Italia (cinco por ciento).
En cuanto a los porcentajes más altos de ciudadanos no nacionales autorizados a trabajar, corresponden, por su orden, a a Alemania, Argentina, Dinamarca, Líbano y Malasia. (FIN/IPS/pc/ff/hd/98
