Más de un centenar de parlamentarios de Gran Bretaña pidieron hoy al ministro del Interior, Jack Straw, que autorice la extradición a España del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Simultáneamente, el canciller chileno José Miguel Insulza dejó el país rumbo a Madrid, tras seis días de reuniones con ministros británicos, en los que escuchó una invariable respuesta: para Londres, el caso de Pinochet es jurídico y no político.
Pinochet fue arrestado en Londres el 16 de octubre, en respuesta a una orden internacional de arresto expedida por un juez español, quien más tarde pidió su extradición por los crímenes de genocidio y tortura.
"Tiranos temblad", dijo a la BBC el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, Donald Anderson, en relación con el precedente establecido por el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores, que negó a Pinochet inmunidad en su carácter de ex jefe de Estado.
Por su parte, Ann Clwyd, presidenta del grupo de derechos humanos del gobernante Partido Laborista, estimó que la decisión de los lores "será una señal para todos los dictadores culpables de tortura y genocidio" de que no encontrarán refugio en Gran Bretaña.
Insulza se reunió en la mañana de este lunes con el ministro de Defensa británico, George Robinson, presumiblemente para vincular la compra de armamentos al país europeo a la liberación del ex dictador.
Pero Robinson respondió con la misma amable fórmula de sus pares Robin Cook (Relaciones Exteriores) y Peter Mandelson (Industria y Comercio): Londres simpatiza con la democracia chilena, pero rechaza la intervención política que demanda Santiago.
En respuesta a la amenaza de cancelación de contratos de defensa, Robinson dijo que Gran Bretaña valora "nuestras cálidas relaciones con Chile, que esperamos incrementar en el futuro"
En tanto, la figura central del proceso, Straw —quien anunciará el 11 de diciembre la suerte del ex dictador— declinó recibir a Insulza, según la BBC.
En sus esfuerzos en favor de Pinochet, el canciller chileno ha esgrimido las veladas amenazas comerciales, junto a la promesa de que, de regresar a su país, el ex dictador sería juzgado en Chile por tribunales civiles.
Se trata de una promesa, sin embargo, que los grupos chilenos de derechos humanos estiman imposible de cumplir, pues Pinochet no sólo goza de inmunidad como senador vitalicio —que la Corte Suprema tiene el derecho de levantar—, sino tambien por una ley de amnistía promulgada por él mismo en 1978.
Adicionalmente, en su condición de ex general, Pinochet tiene derecho a ser juzgado por tribunales militares. El Ejército y las otras ramas de las fuerzas armadas chilenas han manifestado públicamente su solidaridad con el ex dictador.
Un juez chileno investiga 14 denuncias contra Pinochet, por desaparición de prisioneros, asesinatos y torturas.
Entretanto, los abogados de Pinochet se preparan para esgrimir como argumento para que Straw lo expulse del país la edad (83 años) y su estado de salud. Los abogados desmintieron la versión periodística de que también alegarían incapacidad mental.
En una entrevista con el diario español El País publicada este lunes, el candidato socialdemócrata a la presidencia de Chile, Ricardo Lagos, propuso un acuerdo político para que Pinochet sea despojado de sus privilegios y pueda ser juzgado por tribunales chilenos.
Durante su visita a Londres, el canciller Insulza, un ex exiliado de filiación socialista, debió soportar los permanentes abucheos y gritos de "traidor" por parte de decenas de sus compatriotas, una situación que probablemente le espera también en Madrid. (FIN/IPS/ak/mj/ip hd/98
