Un comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prepara una advertencia al gobierno de Gran Bretaña sobre la primacía de las normas internacionales respecto de las nacionales en el caso del ex dictador de Chile Augusto Pinochet.
El Comité de la ONU contra la Tortura opinó que la legislación británica aplicada en el juicio a Pinochet está en pugna con las obligaciones emanadas de las normas universales, dijo el presidente del cuerpo, el canadiense Peter Thomas Burns.
El organismo discutirá este miércoles en sesión privada el borrador de las recomendaciones que comunicará al día siguiente en forma pública a una representación del gobierno británico.
El pronunciamiento del comité se conocerá probablemente antes de la difusión de la sentencia de la sala legal de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña, anunciada extraoficialemente para este fin de semana, sobre el procesamiento de Pinochet.
El ex hombre fuerte de la última dictadura en Chile (1973-1990) se encuentra retenido en Londres desde el 16 de agosto, cuando la policía británica lo arrestó ante una solicitud del juez español Baltasar Garzón, que pretende encausarlo por graves violaciones de derechos humanos.
A favor de Pinochet ya existe un fallo del Tribunal Superior de Londres, que se guió por dos normas británicas, la Ley de Extradición y la Ley de Inmunidad de los Estados.
Con base a esas dos normas nacionales, la corte británica declaró que la detención de Pinochet era ilegal, e interpretó que no se puede extraditar a un ex jefe de Estado, ni siquiera por delitos cometidos durante el desempeño de esas altas funciones.
La sala legal de la Cámara de los Lores actúa como tribunal de alzada.
Burns manifestó a una delegación de juristas y funcionarios británicos que el fallo de primera instancia está reñido con las disposiciones de la Convención contra la Tortura.
La Convención, sancionada en 1984 por la Asamblea General de la ONU, define a la tortura como un delito internacional, a fin de que los torturadores no puedan encontrar refugio alguno.
El convenio internacional determina también que si no se procede a su extradición, los torturadores deben ser enjuiciados en el estado donde se encuentren.
El presidente del Comité evaluó que la sentencia del tribunal londinense vulnera los artículos quinto y sexto de la Convención que otorga a los estados jurisdicción universal sobre los delitos de tortura.
Cuando los estados firmantes de la Convención no pueden extraditar a un sospechoso del delito que se encuentra en su territorio, deben asumir esa jurisdicción y procesarlo, como es el caso actual en Gran Bretaña, dijo Burns a IPS.
Burns previno que si la Cámara de los Lores confirma esta semana el fallo, eso significará que Gran Bretaña se encuentra en violación de sus obligaciones con la Convención.
El Comité contra la Tortura discutió el caso Pinochet durante el examen, este lunes, del informe periódico del gobierno de Gran Bretaña sobre el cumplimiento de la Convención en su territorio.
Harry Carter, consejero jurídico del Ministerio del Interior, explicó que el desarrollo del caso Pinochet depende del dictamen de la Cámara de los Lores y estimó que nadie puede predecir su orientación.
El funcionario británico opinó que los argumentos del juez Garzón opuestos a la inmunidad de Pinochet pueden ser válidos.
Sin embargo, Carter reveló que el fiscal general británico encontró, en una investigación realizada a solicitud de un particular de nacionalidad chileno-británica, que existen muy pocos elementos para incoar un proceso contra Pinochet en Londres.
En contraste, una organización de juristas de Estados Unidos presionó este lunes al Comité contra la Tortura para que se comprometa en el caso Pinochet.
El Comité de Juristas por los Derechos Humanos alentó al organismo de la ONU para que recuerde a Gran Bretaña que debe adoptar las medidas necesarias para puedan ser juzgados por torturas también los jefes de Estado y las personas que actúan bajo su autoridad.
Burns evitó hacer pronósticos sobre el fallo de la Cámara de los Lores porque "el asunto está muy condensado", dijo. Es un dictamen muy difícil de formular.
Los miembros de la sala legal de la Cámara de los Lores tendrán en cuenta la estructura de la legislación británica basada casi exclusivamente en los precedentes judiciales, recordó.
De todos modos, el jurista canadiense evaluó que los magistrados se plantearán el interrogante crucial de si un jefe de Estado goza de inmunidad ante un proceso penal o la extradición. (FIN/IPS/pc/mj/ip hd/98
