Chile espera en un ambiente tenso y de creciente polarización política el fallo con que la Cámara de los Lores de Gran Bretaña podría abrir paso este miércoles al juzgamiento del ex dictador Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad.
Los llamados a la calma del presidente Eduardo Frei y del ministro del Interior, Raúl Troncoso, no lograron disminuir la expectativa ante el llamado "fallo del siglo" y sus esperadas repercusiones en la política chilena.
El dictamen de los Lores puede sentar un procedente en cuanto al juzgamiento internacional de violaciones de los derechos humanos, estableciendo la extraterritorialidad de estos delitos por sobre los reclamos de soberanía de los estados nacionales.
Los cinco lores de la Justicia deben resolver este miércoles, día en que Pinochet cumple 83 años, si el ex dictador chileno (1973-1990) tiene o no derecho a la inmunidad soberana que le otorgó el Tribunal Superior de Londres el 28 de octubre.
Si se le revoca esa inmunidad, el general retirado y senador vitalicio, retenido desde el 16 de octubre en Londres, continuaría bajo arresto hasta el 7 de diciembre, plazo para que el gobierno británico resuelva sobre su extradición a España.
Pinochet es reclamado por la justicia española a raíz del proceso que el magistrado Baltasar Garzón instruye contra las antiguas dictaduras de Chile y Argentina (1976-1983) bajo cargos de genocidio y terrorismo de Estado internacional.
Para las organizaciones de derechos humanos y de víctimas de la represión en Chile, los tribunales de España o de otros países europeos en que se presentaron demandas contra Pinochet en el último mes, son los único que realmente pueden juzgar al ex dictador.
Esas agrupaciones alegan que Pinochet goza en Chile de impunidad no sólo por una ley de amnistía promulgada por su propio gobierno en 1978, sino también por la influencia que las Fuerzas Armadas mantienen sobre el gobierno civil en una transición democrática inconclusa.
Esta visión es compartida por la izquierda e incluso por algunos sectores de la gobernante Concertación por la Democracia, una coalición integrada por cuatro partidos.
En el otro ángulo del escenario político, la derecha y los grupos empresariales más conservadores sostienen que el juzgamiento de Pinochet no procede y que es promovido como una maniobra "revanchista" del "socialismo internacional".
Para esos grupos, Pinochet fue uno de los principales artífices de la caída del llamado socialismo real y su eventual condena por parte de un tribunal vendría ser "una victoria póstuma" del comunismo y de la desaparecida Unión Soviética.
En el centro, el gobierno que encabeza el democristiano Eduardo Frei defiende a Pinochet sin hacer cuestión de su persona, sino por su calidad de senador y exclusivamente sobre la base de principios, según el discurso oficial.
El gobierno dice que el ex dictador viajó a Gran Bretaña en octubre en una misión especial, protegido por un pasaporte oficial chileno que le otorga inmunidad diplomática, y por tanto su arresto en Londres fue ilegal.
Frei y su canciller, el socialista José Miguel Insulza, sostienen igualmente que ni España, ni ningún otro país, tienen competencia para juzgar delitos que supuestamente se habrían cometido en Chile, porque eso sería aceptar la extraterritorialidad de la justicia.
Los organismos humanitarios propician precisamente el juzgamiento internacional de los crímenes de lesa humanidad, mientras la derecha acusa a Gran Bretaña y España de "agresión colonialista" y de atropellar la soberanía de Chile.
Con esos argumentos en debate, el país se ha polarizado y el gobierno, así como la Iglesia Católica, intentan impedir que las diferencias se ahonden según cual sea el fallo de los Lores este miércoles.
Versiones extraoficiales señalan que los enviados de Frei a Londres propusieron a las autoridades británicas que, en caso de que se revoque la inmunidad a Pinochet, éste sea expulsado de inmediato por "razones humanitarias" y enviado a Chile .
Esa fórmula, que atendería a la avanzada edad y al delicado estado de salud del ex dictador, convalesciente de una operación a una hernia discal, es rechazada por quienes recuerdan el carácter deshumanizado de la represión dictatorial, que dejó 3.190 víctimas.
Frei espera que si consigue traer de vuelta a Chile a Pinochet, éste tega un gesto de reciprocidad retirándose definitivamente de la política y facilitando nuevas fórmulas de tratamiento del tema de los derechos humanos.
En los medios políticos y eclesiásticos se manejan fórmulas para abrir canales hacia los militares y ex agentes represivos que permitan recabar información para ubicar los restos de unos 1.200 detenidos-desaparecidos.
La crisis en torno de Pinochet dejó en evidencia que el tema de los derechos humanos es "una herida abierta en la conciencia del país", que debe cerrarse, como condición para que siga su curso la transición democrática.
La figura del anciano ex dictador se ha constituido nuevamente en eje de la politica chilena, cuando ya está definido en grandes líneas el escenario de la competencia para las elecciones presidenciales de diciembre de 1999.
En mayo del próximo año habrá comicios primarios en la coalición gobernante para elegir al candidato presidencial de la alianza entre el socialista Ricardo Lagos y el democristiano Andrés Zaldívar.
Hay quienes sostienen que el "factor Pinochet" influirá en esa competencia, con electores que podrían favorecer a Zaldívar por su alineamiento con el gobierno en este crisis, o a Lagos, supuesto promotor de la "conjura socialista" contra el ex dictador, según la campaña derechista.
La candidata presidencial del pequeño Partido Comunista, Gladys Marín, espera igualmente ganar apoyo, al representar la posición más radicalmente condenatoria del ex dictador.
En la derecha, el liberal Sebastián Piñera y el conservador Joaquín Lavín, precandidatos presidenciales, pugnan por demostrar su adhesión a Pinochet, concientes del arrastre que el senador vitalicio tiene en ese sector.
El futuro de la justicia en Chile está también en alguna medida en juego en el fallo de la Cámara de los Lores, con una Corte Suprema que comparte la posición de Frei y que es acusada por los organismos humanitarios de facilitar la impunidad de los crímenes contra los derechos humanos. (FIN/IPS/ggr/ff/ip hd/98
