La justicia de Uruguay puso fin a la falta de información oficial sobre las desapariciones durante la última dictadura (1973-1985), y en un fallo conocido esta semana condenó al Estado a pagar indemnización a la hija de un desaparecido.
Otra sentencia, también divulgada esta semana, condena al Estado a indemnizar a nueve víctimas de tortura y a las familias de otras tres, ya fallecidas.
Desde que en 1989 se promulgó una ley que clausuró los juicios contra militares y policías acusados de violaciones de derechos humanos, todo intento para que el Estado investigara la desaparición de opositores a la dictadura fue estéril.
Varias organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica y algunos sectores políticos han insistido en conocer el destino de 22 desaparecidos en Uruguay luego de ser detenidos por policías y militares.
Aunque la ley que puso fin a los juicios encomendó al Poder Ejecutivo investigar las desapariciones, esa acción nunca se produjo.
Durante la dictadura, mediante la Operación Cóndor, los aparatos represivos de las dictaduras del Cono Sur de América coordinaron sus acciones, por lo que tambien en Argentina, Brasil, Paraguay y Chile hubo desaparición y asesinato de uruguayos.
Cerrados los caminos de la justicia penal, varios afectados por torturas y secuestos demandaron al Estado y fueron indemnizados en la justicia Civil.
El Estado debería volcar más de tres millones de dólares para clasurar unos 20 juicios en curso y satisfacer a los querellantes.
Pero la jueza Estela Jubette dio la razón a la hija de un desaparecido y condenó al Ministerio de Defensa a indemnizarla por daño moral con 100.000 dólares, en un fallo divulgado el jueves pasado.
El desaparecido fue Oscar Baliñas, hijo del general retirado Arturo Baliñas, uno de los fundadores en 1971 de la coalición izquierdista Frente Amplio.
El dictamen descorrió el manto de silencio sobre la actuación de los militares en relación con los desaparecidos, al establecer que se produjo la "aprehensión ilegítima" y "desaparición forzada" de Baliñas y su posterior muerte, así como "el ocultamiento de sus restos".
Para la jueza, quedó "plenamente acreditado" por la declaración de testigos que Baliñas "murió a causa de la tortura" y que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, no dio "verdadero y cabal cumplimiento" a la ley para aclarar su desaparición.
El Poder Ejecutivo, según la sentencia, "no ha colaborado en nada con la justicia para averiguar lo que en definitiva se pretende saber".
El fallo aborda por primera vez, desde la restauración en marzo de 1985 del régimen democrático, la cuestión de los desaparecidos, y parece abrir un camino para nuevas demandas.
Aunque la ley que terminó con los juicios se votó en 1985, se produjo luego un largo proceso que incluyó un referéndum que el 16 de abril de 1989 ratificó la ley que clausuró los procesos penales contra violadores de derechos humanos, con 60 por ciento de votos favorables.
Pero otro fallo de la jueza Jubette, conocido el miércoles pasado, también condenó al Ministerio de Defensa, junto con la estatal Administración Nacional de Puertos, a indeminizar con 1,3 millones de dólares a nueve trabajadores sometidos a tortura y tres familiares de torturados ya fallecidos.
Omar Rodriguez, uno de los torturados, falleció en un cuartel del ejército "a consecuencia de los golpes que recibió" durante tres días de interrogatorio, dijo la sentencia.
Esa muerte "evitó" otras, "porque a partir de allí" los demás detenidos "tuvieron médico", según Jubette.
La magistrada dejó claro que en los hechos "resulta plenamente probado la existencia de la detención ilícita llevada a cabo por funcionarios militares", que aplicaron a los detenidos "diversas torturas".
Se anunció que los fallos serán apelados por los organismos del Estado condenados por Jubette.
Sin embargo, parece abrirse un nuevo camino de reclamos, mientras la Iglesia Católica insitió la semana pasada en su reclamo.
La Conferencia Episcopal del Uruguay solicitó el día 12 los candidatos para las elecciones nacionales de octubre de 1999 que "presten especial atención a los problemas (…) que afectan los derechos humanos".
Los obispos reclamaron "información fidedigna acerca de lo acontecido" con los desaparecidos. (FIN/IPS/rr/mj/hd ip/98
